A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y para “darle mayor seguridad jurídica”, el Gobierno pondrá en ejecución el programa Puente Empleo, a través del cual buscarán incorporar al mercado de trabajo formal a unas 200.000 personas que actualmente reciben planes sociales.
El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró durante su discurso en el 19° Council de las Américas que en el transcurso de este viernes se estaría publicando el respectivo decreto, que "habilita a quien hoy es beneficiario de un programa social a acceder al mercado de trabajo".
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"El empleador tiene bonificados los aportes y contribuciones (sólo paga obra social y ART y sindicato) y el Estado sigue pagando durante un año la base del programa y el empleador completa el salario de convenio. Aspiramos que el año que viene podamos incorporar a beneficiarios de programas sociales al mercado de trabajo", dijo el ministro.
Así, los y las titulares de programas sociales y de empleo nacionales vigentes que sean contratados por un empleador y que cumplan con la capacitación y los cursos de formación que se establezcan -este punto dependerá del tipo de empleo- podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan esos planes por doce meses y el empleador completará el resto para llegar al salario de convenio. Por ese año, el Estado se haría cargo de la suma de dinero que corresponde a la asignación.
Llegado el año, el trabajador debe decidir si mantiene el plan u opta por el trabajo formal con obra social, ART y todos los beneficios de estar en el mercado laboral. En esa línea, buscan que las incorporaciones se den en empresas de hasta 100 empleados, que representan el 98% del total de los empleadores registrados, según las últimas estadísticas a mayo elaboradas por el Gobierno.
En paralelo, esta semana la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Tecnológica Nacional (UTN) iniciaron las auditorías sobre la aplicación del programa Potenciar Trabajo, por medio de relevamientos en la provincia de Buenos Aires. Según informaron desde el ministerio de Desarrollo Social, los estudiantes de las universidades que realizarán los relevamientos comenzarán esta semana con las capacitaciones, y la otra arrancarán los operativos, con el trabajo en el territorio de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.
Para la auditoría, las y los beneficiarios deberán responder un cuestionario de una treintena de preguntas sobre capacitación laboral, nivel educativo y datos de la composición familiar, entre otros. También se les preguntará sobre su situación habitacional y socio educativa, y se los consultará puntualmente por la unidad de gestión (responsable de certificar la participación en el programa y verificar el cumplimiento de la contraprestación obligatoria) a la que reportan.