En las últimas horas se presentó la "Ley Benjamín" cuyo nombre está vinculado con el nene superdotado de La Plata y busca defender a los menores con altas capacidades.
En las últimas horas se presentó la "Ley Benjamín" cuyo nombre está vinculado con el nene superdotado de La Plata y busca defender a los menores con altas capacidades.
Es que el caso de Benjamín Equiza tomó relevancia pública el año pasado cuando, luego de ser diagnosticado como superdotado y haber cursado medio año de tercer grado, el ministerio de Educación bonaerense lo quiso obligar a repetir y hacer de nuevo el segundo año de la primaria. Sin embargo, su familia desató una ardua batalla judicial y la sentencia del juez Guillermo Atencio fue favorable a Benjamín y le ordenó a Educación diseñar un programa en conjunto con el colegio para su trayectoria escolar y así enriquecer la currícula o que pueda volver a adelantar un grado de ser necesario.
El proyecto fue elevado ante la Legislatura bonaerense por el diputado provincial Claudio Frangul y tiene el objetivo de evitar que otros chicos y chicas vivan situaciones similares a la que le tocó vivir al alumno de nuestra ciudad.
Como consecuencia de su caso y con su nombre, la “Ley Benjamín de Educación para Niñas, Niños y Adolescentes con Altas Capacidades Intelectuales” ingresó en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
El proyecto es inédito en el país y busca establecer un marco regulatorio para la detección y abordaje integral de los chicos con altas capacidades intelectuales (ACI) desde el jardín hasta la secundaria en las escuelas públicas y privadas bonaerenses.
En este contexto, el diputado radical Claudio Frangul afirmó que “el fallo judicial que le permitió a Benjamín tener su proyecto pedagógico individual y promover a cuarto grado, cambió todo. Con este reconocimiento explícito del Estado de las altas capacidades intelectuales (ACI), ahora tenemos que ajustar la normativa para que la próxima familia que se enfrente a esta situación no tenga que pelearla recurriendo a la justicia”.
También indico que “en la actualidad los niños con ACI no son contenidos por el sistema educativo. Cuando uno habla con las familias lo que tienen en común es un gran sufrimiento en lo emocional. La incapacidad del sistema de reconocerlos los lleva a sentirse frustrados. Nosotros decimos basta de nivelar para abajo. Por eso impulsamos la creación de una dependencia específica en la Dirección General de Escuelas, una ventanilla a la que las familias puedan recurrir para dejar de obligar a sus hijos a encajar porque sí; que asuma la responsabilidad de la detección temprana y se encargue de realizar el proyecto pedagógico individual de acuerdo las potencialidades de cada caso”.
El proyecto pedagógico individual ya es de uso habitual para la inclusión escolar de alumnos con discapacidad. En ese sentido, Frangul explicó: “Además de garantizar el derecho del niño o niña a ser oído en el proceso, impulsamos la posibilidad de la promoción parcial de uno o más cursos e incluso la promoción total al grado superior”.
Vale destacar que las altas capacidades intelectuales implican una capacidad excepcional para razonar y aprender en uno o más dominios como matemáticas o lenguaje. Aunque no hay estadísticas definidas, se considera que al menos el 2% de la población tiene un coeficiente intelectual superior a 130, son superdotados, y un 15% tiene altas capacidades.
El diputado Frangul agregó que: “es importante destacar que tener un niño o niña con altas capacidades intelectuales no depende de la clase social, puede darse en cualquier contexto familiar”. El proyecto incluye sanciones en el caso de incumplimientos por parte de las escuelas y legitima para accionar a los padres o representantes legales en instancia administrativa y ante la justicia. También se estimula la creación de especializaciones de posgrado en la temática en las universidades e institutos terciarios con asiento en la provincia. Las provincias de Jujuy, Chaco y Catamarca ya reconocen por ley las altas capacidades intelectuales y la necesidad de implementar proyectos pedagógicos individuales para garantizar el derecho a la educación.
SU HISTORIA
Benjamín es un chico que tenía apenas 6 años cuando debió atravesar una insólita puja judicial con la Dirección General de Educación Privada (DIEGEP): pese a haber rendido el examen para saltar un curso a fines del 2020 y haber asistido durante medio año a tercer grado, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense pretendía obligarlo a retroceder hacia segundo. Las autoridades sostenían que debía realizar de manera obligatoria los seis años de estudios primarios. No admitían la validez nacional del certificado que Benjamín obtuvo cuando rindió un examen para saltar de curso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Sus padres presentaron un amparo judicial tras considerar que los derechos de su hijo eran vulnerados y la Justicia falló en su favor.
A sus los 3 años, Benjamín ya sabía sumar, restar y también había procesado por su cuenta la tabla del 2 cuando le preguntó a sus padres cuánto era el doble de 80. "Hay muchos nenes en la misma situación que Benja", le dijo tiempo atrás, y cuando todavía impulsaba la causa, su mamá, Soledad Heit, a 0221.com.ar. "Lo aprendió todo en forma autodidacta, sin ayuda de nadie. En general, la gente y buena parte del sistema educativo piensa que ser superdotado es un beneficio, pero los chicos la pasan mal. Nosotros nos acercamos por la parte fea. Él se aburría muchísimo, no tenía intereses en común con los chicos de su edad y ya empezaba a somatizarlo. Tenía vómitos cíclicos por las noches, sin ninguna razón", relató entonces.
Por recomendación de la institución a la que todavía asiste, los padres de Benjamín, Heit y Andrés Equiza; lo llevaron a realizar un test de psicodiagnóstico y el resultado fue concluyente: la profesional les dijo que el chico tenía superdotación con "múltiples potencialidades". "Ahí la psicóloga aconsejó que pase de sala de 4 a primer grado", puntualizó.
Durante 2019, la Dirección General de Educación Privada (DIEGEP) validó el diagnóstico y ese reconocimiento le permitió a Benjamín adelantar un año. En 2020, lo que enseñaban en el primer curso de primaria ya lo sabía. Las autoridades escolares quisieron ayudarlo y empezaron a preparar actividades más complejas. "Benja los contenidos ya los sabía, no encajaba en el grupo y sufrió un montón, pese a los trabajos especializados no avanzaba", relató su mamá. Se preparó para rendir libre en la Escuela N°13 del Distrito 4 de CABA, una de las pocas jurisdicciones que habilitan el examen para saltar de curso. El resultado fue 100 sobre 100 ante un tribunal de la institución pública que lo acreditó.
Llegó el 2021 y Benjamín empezó de manera provisional tercer grado, a la espera de la resolución educativa provincial. Medio año después, el 8 de junio, llegó la decisión oficial: la DIEGEP mandó una escueta nota, sin firma ni expediente. "Dicen que el certificado no se ajusta a la normativa y que él tiene que ir de acuerdo a su edad cronológica", relató su mamá angustiada. Eso para Benjamín significaba volver un año atrás y repetir segundo.
Sus padres tuvieron una reunión con Valeria Trajtenberg, la jefa de inspectores de la Región I de DIEGEP, en la cual se les explicó que el niño estaba obligado a realizar los seis años previstos en el plan de estudios primarios, no podía promocionar pese a haber acreditado un examen. Mientras tanto, el artículo 15 de la Ley de Educación sostiene que el Sistema Educativo Nacional tendrá una "estructura unificada en todo el país que asegure su ordenamiento y cohesión y la validez nacional de los títulos y certificados que se expidan".
Finalmente, la familia decidió llevar el reclamo a la Justicia y presentaron un amparo para que pueda matricularse oficialmente en tercer grado. Mientras tanto, una medida cautelar permitió que Benjamín continúe los contenidos del tercer curso. Finalmente fueron los magistrados los que les dieron la razón y Benjamín podrá seguir estudiando sin repetir ni retrasarse, aprovechando todas sus capacidades.
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