Este miércoles se vivieron momentos de tensión, indignación y violencia en la cuadra de 61 entre 1 y 2, cuando familiares y allegados de distintos pacientes y expacientes de la clínica privada neuropsiquiátrica Santa Teresa de Ávila se concentraron frente al establecimiento para denunciar casos de maltrato, golpes, desnutrición y hasta un homicidio. El escenario incluyó la presencia de dos móviles policiales, y pese a que al comienzo la manifestación fue pacífica, cerca de media mañana la puerta del establecimiento quedó escrachada con grafittis que acusaban a la clínica y a sus integrantes de "asesinos".
La protesta se desencadenó principalmente por dos casos: uno ocurrió el 16 de noviembre de 2021, cuando Héctor González, de 68 años, murió dentro del establecimiento y sus familiares hallaron recién en el velorio marcas de ahorcamiento en su cuello. La causa comenzó siendo investigada por la Justicia como "averiguación de causales de muerte" y, según refieren sus familiares, fue modificada a "homicidio", aunque aún no hay avances significativos en la investigación. El segundo caso ocurrió el pasado 1 de agosto, cuando hallaron a una mujer de 78 años tirada en una de las habitaciones con presuntos signos de golpes, cortes y desnutrición. El caso fue denunciado, además de en el PAMI, en la Justicia ordinaria local.
"Mi hermana estaba internada desde abril, y el lunes 1 de agosto la encontraron tirada en una habitación. Acá (en la clínica) nos dicen que supuestamente un paciente pasó, la vio y ahí fue a avisar; que las enfermeras bajaron del segundo piso y a las 19 la llamaron a mi sobrina para avisarle. Dicen que se golpeó, que se cayó y se golpeó sola. No nos dieron más explicaciones que esa", contó Blanca Coronel, hermana de la mujer internada, a 0221.com.ar durante la manifestación. La mujer acaba de salir de terapia intensiva en la clínica Althea, donde debió quedar internada luego de que la hallaran.
"Ahí en la clínica se comprobó el cuadro que después le contamos a la prensa: golpes y principios de desnutrición. La supuesta dueña, o encargada, no sabemos qué es, nos atendió en nombre de la clínica y nos decía que no sabían lo que había pasado. Primero dijo que en la clínica 'no había agresivos' y después que 'si la golpearon se va a investigar'. Esto pasó el lunes 1, y el 2 se hizo la denuncia en el PAMI y en Fiscalía. Tenemos fe en que se investigue y se llegue a algo", agregó la mujer durante la movilización. El fiscal que investiga el hecho, Marcelo Romero, confirmó a este medio la denuncia y aclaró que con la prueba aportada por las familias ya se está investigando el caso y recabando más información, aunque aún no hay carátula de imputación delictiva ni sospechosos.
Los hermanos y familiares de la mujer contactaron por redes a los familiares de González, después de encontrar la terrible historia en los medios de comunicación. "Ellos perdieron a su familiar y nosotros tenemos a nuestra hermana ahí, delicada. No queremos que pase lo mismo", planteó Coronel. En tanto Lorena, sobrina del hombre muerto en noviembre, aseguró a este medio que a su tío "lo mataron, la causa está lenta todavía pero está caratulada como homicidio. Esta señora nos contó su caso y nos hemos enterado de más. Se tiran la culpa entre ellos o a los pacientes, de hecho le habían echado la culpa al compañero de mi tío (presumiblemente de ahorcarlo) pero resulta que a él también lo golpearon, el hombre estuvo mal, se recuperó y después también murió", contó.
Las autoridades se acercaron "el día del velatorio y quisieron justificar lo injustificable. Decían: 'lo que pasa es que tuvo dos ACV', pero un ACV no te deja marcas en el cuello. ¿Nadie vio nada? Ni los trabajadores de salud ni la ambulancia... Nosotros que no somos profesionales nos dimos cuenta, y después la Justicia. En PAMI tampoco nos dijeron nada, nadie se acercó de ningún lado. Y justo el día del asesinato de mi abuelo las cámaras de la clínica no andaban", denunció la mujer.
Lo cierto es que en noviembre, cuando la dudosa muerte conmocionó a la ciudad, el ministerio de Salud inspeccionó el neuropsiquiátrico a raíz de una denuncia que ingresó por mesa de entradas en la Dirección de fiscalización sanitaria. Y encontró, según pudo confirmar este medio, cuestiones menores, como pisos deteriorados, paredes con humedad o falta de agarraderas en los baños. Nada que, a prori, pudiera vincularse a una muerte u homicidio.
La clínica presentó un descargo y pidió la prórroga para subsanar esas observaciones, lo cual hizo en abril de este año. Una vez que el ministerio volvió a inspeccionar, recomendó al establecimiento que se encuadre en la nueva normativa de salud mental para instituciones cerradas, y la institución de hecho inició el trámite. Ahora, para que se apruebe, deben hacer modificaciones edilicias y fundamentalmente en el modelo de atención, algo que se evaluará a la hora de darles la habilitación final.
Mientras el clima se tensionaba fuera de la Clínica y algunos familiares graffiteaban el frente del establecimiento, una trabajadora del lugar se comunicó con este portal para manifestar que "nos parece injusto lo que nos están haciendo, como empleados, como clínica y como institución. Hace muchísimo trabajo acá y es la primera vez que nos pasa esto, no es nada agradable. Somos muchos que trabajamos acá, con muchos pacientes que atender, y estamos mirando cómo destrozan nuestro lugar de trabajo sin poder hacer nada". Más tarde, según aseguró la misma trabajadora, los familiares tiraron piedras contra las persianas de la institución y agredieron a los trabajadores que ingresaban por la puerta. La policía había tomado intervención más temprano; dos patrulleros se hicieron presentes en el lugar pero como la situación no se había tensado tanto, finalmente se retiraron.
Lo cierto es que las familias comenzaron a concentrarse cerca de las 9 en la clínica, y pasados unos minutos de las 10, previo a los graffitis o apedreadas, la institución ya había cerrado desde adentro puertas y ventanas. 0221.com.ar intentó hablar con algún referente, dueño o representante legal de la clínica, como ya lo había hecho infructuosamente en noviembre del año pasado, con el caso de González. Pero no hubo respuesta. Entre las denuncias de las familias y la protesta de los empleados del lugar, son los únicos que aún no brindaron su versión de los hechos.
