La Justicia hace foco en el accionar policial por la muerte de Johana Ramallo

En el procesamiento a Rodríguez declararon más de 25 personas quienes no solo aportaron información al caso sino que describieron un “esquema de complejas relaciones compuesto por los traficantes, los controladores y distribuidores de droga y las mujeres que se ocupaban de ‘cobrar la plaza’ a las trabajadoras sexuales de la ‘zona roja’”.

Este cuadro “se completaba con las diversas actividades que realizaban algunos peones de taxi. Nos referimos a acciones tales como transportar a las trabajadoras sexuales a otros barrios de la ciudad para la venta de droga a consumidores o para proveerse de sustancias para la posterior venta al menudeo en la ‘zona roja’ (…), oficiar como vigías respecto de lo que acontecía en el lugar para informar a ‘las viejas’ e incluso ‘bajar’ droga para su posterior comercialización”, se detalla en el documento judicial.

La conclusión del juez en esta nueva-antigua arista de trabajo parece apuntar a las responsabilidades de funcionarios policiales: "Es claro que el estado de cosas hasta aquí expuesto no es posible que pudiera generarse, desarrollarse y sostenerse en el tiempo sin, cuanto menos, el incorrecto accionar de las fuerzas de seguridad. En este punto, existen distintos testimonios que señalan que la Comisaría Novena de esta ciudad de La Plata actuaba administrando o regenteando este complejo entramado delictual, conformando de ese modo un eslabón esencial para su funcionamiento, sin el cual no habría sido posible su perduración. Ello aun cuando debe señalarse que la desaparición de Johana Ramallo ocurrió en el año 2017 y el objeto de investigación se centró en la búsqueda de su paradero y no en aquellos elementos que permitieron tener por configurada la explotación sexual, que recién ahora se comienzan a analizar penalmente".

En otro pasaje sustancioso de la resolución el juez Ramos Padilla concluyó: “Algunas de las características del escenario en que se produjeron los hechos investigados (…), se encuentran corroboradas a partir de los testimonios de distintas trabajadoras sexuales recabados en la instrucción (…). Ello permite reafirmar que las condiciones de posibilidad para que ocurrieran la desaparición y el femicidio de Johana Ramallo, en efecto, fueron facilitadas por el contexto de violencia por motivos de género y de criminalidad organizada de la ‘zona roja’, por la que la víctima transitó con asiduidad durante los meses previos a su desaparición”.

Pero no solo la comisaría Novena de La Plata aparece en la mira. Al menos un testimonio pone en crisis a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata. Un testigo de identidad reservada aseveró que en la DDI “se lo cruzó al Cabezón, que tenía cara de malo, entró saludando a todos los policías, es más tenía un handy policial”. El hoy detenido ingresaba a la sede de la DDI La Plata y portaba un equipo de comunicación con que el personal policial modula sus acciones e informa a sus superiores resultados de, por ejemplo, allanamientos, detenciones o persecuciones.

En la DDI se tomaban testimonios sin que se notificara o al menos informara a los abogados que asistían a la madre de la joven. Esto fue objetado por una de las letradas quien alertó que se estaba produciendo prueba solo en base a un criterio policial, anulando la posibilidad que los letrados puedan preguntar para obtener información desde otra perspectiva.

La investigación sigue su curso y así lo dejó plasmado el magistrado Federal al sostener en su resolución que “aún nos hallamos en plena etapa de identificación de otros posibles partícipes con los que el imputado habría actuado en conjunto de forma prolongada en aquel tiempo”, es decir, a la fecha de la desaparición y muerte de la joven.

El juez Ramos Padilla cuestionó la investigación policial, tanto en la desaparición y muerte de Ramallo como en el control en la zona donde operaba la red criminal comandada por "El Cabezón" Rodríguez.

Bajo este prisma comienza a darse forma a la trama policial de caso. La madre de la joven siempre cuestionó la labor de los uniformados. A tal punto que en base a sus declaraciones se abrieron dos instrucciones sumarias (ISA) en Asuntos Internos (AI), el organismo oficial encargado de controlar la labor policial. Sin embargo esos expedientes no llegaron a nada. Marta Ramallo fue citada en varias oportunidades a declarar ante AI, pero nunca concurrió, tal como detalló este medio en la nota Qué dicen los expedientes de Asuntos Internos sobre el caso Johana Ramallo.

Johana fue vista por última vez el 26 de julio de 2017, cuando salió a las 17:00 de la casa de su madre, en la periferia de La Plata, tras decirle que volvería unas horas más tarde, pero nunca regresó. En la casa quedaron esperándola su madre, su abuela y su hija, en ese entonces de seis años.

Casi dos meses antes de desaparecer, se había separado del padre de la niña, había regresado a la casa materna y los problemas económicos la habían puesto en situación de prostitución. La última imagen de Johana fue tomada por la cámara de seguridad de una estación de servicio situada en las calles 1 y 63 de La Plata, en la que se la ve entrando a un baño ese mismo día, poco después de salir de su hogar.

Hubo marchas y se pintaron murales en reclamo de justicia en La Plata pero la causa no registró avances hasta abril de 2019, cuando citaron a Marta Ramallo para informarle que había dado positivo un cotejo de ADN con restos (un miembro inferior completo) hallados en Berisso en agosto de 2018. Cabe señalar que también había desde 2018 un miembro superior hallado fortuitamente en la misma zona, completo y con huellas dactilares incluidas. Por una cadena de negligencias en y entre la justicia ordinaria y la federal, ambos restos permanecían como NN. Esto prolongó la condición de desaparecida de la víctima y retrasó nueve meses la investigación de su muerte.

Los restos aparecieron con veinte días de diferencia, a tres kilómetros de distancia entre sí, y no producto de la investigación sino por la denuncia de lugareños en la comisaría Segunda de Berisso. Aún no fue esclarecido por qué esos fragmentos, íntimamente ligados entre sí, peritados en la morgue policial de La Plata, que depende de la Policía Científica, no se asociaron en la justicia provincial. Tampoco por qué no se los cotejó en esa instancia con la búsqueda de una mujer desaparecida. Los sumarios de Asuntos Internos sobre el caso Johana a los que accedió este medio no abarcan a este entramado sobre los restos, su estudio y su cadena de custodia.

El 29 de julio de 2019 0221.com.ar publicó una nota bajo el título Johana Ramallo, su cuerpo y un silencio de dos años que es una radiografía de la burocracia judicial que envolvió la identificación de los restos de la joven que dejó de ser una desaparecida y su muerte entró en un laberinto de misterio que al día de hoy no tiene una respuesta clara y concreta. La pregunta principal que sigue rodeando al caso es si la mataron o se murió, una diferencia que marcará el desenlace final en sede judicial. En esta resolución el juez utilizó la figura de “femicidio” en nueve oportunidades. Dependerá de las evidencias que obtenga para sostener esa hipótesis.

La reconstrucción de lo que tal vez hayan sido sus últimas horas indica, como ya se informó, que en la madrugada del 26 de julio de 2017 (el día de su desaparición) fue ingresada en grave estado, desvanecida, al Hospital San Martín de La Plata. Cuando recuperó el conocimiento, informó a los médicos que se descompensó por el consumo de alcohol, cocaína y clonazepam. Horas después fue arrancada del hospital sin tener el alta médica. Abandonó el nosocomio con los electrodos de monitoreo pegados a su cuerpo. Por la tarde salió de su casa y nunca regresó.