Con la declaración de dos de los acusados y del instructor judicial que tuvo a su cargo la investigación finalizó la etapa de prueba en el juicio oral para seis personas acusadas de haber sido beneficiarias de elevadas jubilaciones como magistrados otorgadas por el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires que es analizado por el Tribunal Oral Criminal I de La Plata.
El primero en declarar como testigo fue Pablo Lavié, el instructor judicial de ex Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata que participó en la investigación, quien dio detalles de cómo se inició y realizó la pesquisa que determinó una millonaria defraudación para las arcas públicas de la provincia de Buenos Aires. El funcionario recordó que se detectaron las irregularidades tras una auditoria interna del IPS y que hubo casos de personas en los que se iniciaron los trámites falsos pero no llegaron a cobrar.
El CECIM La Plata rechazó el evento organizado por el Ministerio de Defensa para el próximo lunes y lo calificó como una provocación a la memoria de Malvinas.
ATE anunció un paro nacional y movilización el próximo 21 de abril. Será para exigir reapertura de paritarias, recomposición salarial y frenar recortes.
Uno de los puntos salientes de su relato apuntó a los retroactivos que se generaban durante meses para luego cobrar por ventanilla y a sola firma, fuertes sumas de dinero que iban desde medio millón de pesos hasta más de $900mil. La maniobra fue denunciada en el año 2014. Ese año el dólar cotizó a $8,46. Los retroactivos se generaban artificialmente para luego retirar fuertes sumas de dinero por caja. El testigo confirmó que ninguna de las personas involucradas en la generación de falsas jubilaciones tenía aportes en el sistema previsional de la provincia de Buenos Aires.
Las seis personas juzgadas son trabajadores de oficio entre los que hay un electricista y un carpintero de obra. También hay un vendedor ambulante que no sabe leer ni escribir, una trabajadora doméstica y un ex peón rural al que nunca le realizaron los aportes previsionales. Muchos apenas terminaron la escuela primaria, es decir que cuentan con un nivel de instrucción muy básico.
Alberto Witón, uno de los procesados, trabajó toda su vida como carpintero. En su versión ante los jueces y las partes recordó que en una oportunidad trabajaba en una obra en la localidad de Loma Verde, partido de Brandsen. En ese marco un pintor le preguntó si estaba jubilado y le dijo que “no”. Le ofreció los servicios de una persona para que le tramite la jubilación. El acusado le dio sus datos personales. Al término de un año recibió un llamado telefónico. Del otro lado de la línea le dijeron: “ya te jubilaste” y lo citaron para que se presente en la sede de Los Hornos del Banco de la provincia de Buenos Aires, ubicado en 137 y 66.
Al día siguiente llegó a la sede bancaria donde le “hicieron firmar unas planillas” y lo llevaron hasta una oficina donde se encontró con una fuerte suma de dinero arriba de una mesa que fue colocado en un bolso y se lo llevó la persona que lo había citado. Esa situación le causó “asombro”. Luego fueron hasta el cajero automático donde le intentaron explicar cómo sacar dinero con la tarjeta de débito. Le dieron siete mil pesos, pero en principio los rechazó. “Me decían que si no cobrara iba a tener problemas, yo tengo dos hijos en La Plata y tenía miedo por ellos”, expresó. Finalmente reconoció que se llevó los siete mil pesos que le dieron. “Me llevé el dinero por miedo no por ganas, yo trabajaba muy bien y no necesitaba ese dinero”, señaló. En otro pasaje de su versión asever´: “Hasta el día de hoy tengo miedo”.
Julio De Georgis, otro de los acusados, comenzó su relato con una pequeña reseña de su historial laboral. Recordó que en el año 2000 cerró su taller para ir a trabajar a un campo donde sufrió una lesión en su espalda y fue abandonado por los dueños quienes no le habían realizado ningún aporte jubilatorio.
En el año 2012 trabajaba como remisero y sufrió un infarto. Tras reponerse de ese ataque cardíaco consiguió empleo en una academia de manejo. Mientras le daba clases a “una empleada de la Legislatura” bonaerense (que identificó como Blanca con domicilio en Tolosa) le ofreció una jubilación.
Al tiempo lo llamaron por teléfono para que vaya a una sucursal del Banco Provincia donde cobró un retroactivo de $658mil (unos 78mil dólares al cambio oficial de esa época) y se los llevó a una persona a la que identificó como “Oscar” de “Los Hornos”, quien le dijo que ese dinero era para pagar honorarios de abogados.
De Georgis creyó que había sido beneficiado con una pensión como exsoldado conscripto que estuvo bajo bandera durante la guerra de Malvinas pese a que no estuvo en el teatro de operaciones bélicas. "Cuando allanaron la casa de mis padres me enteré que me había jubilado como juez", recordó.
Tras el cierre de la etapa de prueba los alegatos se realizarán el jueves 26 de mayo “a partir de las 15:00 horas” según dispusieron los jueces Hernán Decastelli, Ramiro Fernández Lorenzo y Cecilia Sanucci. . La acusación está en manos del fiscal Jorge Paolini y del abogado Martín Lasarte en representación de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires que es particular damnificada en el proceso. La defensa está en manos de los abogados Juan y Miguel Di Nardo y del defensor oficial Eliseo Graziano.
La causa fue investigada Paolini, el exfiscal de Delitos Complejos de La Plata, quien determinó que las maniobras se habrían cometido entre el 2013 y el 2014 en La Plata, Brandsen y Mar del Plata. El fiscal ahora impulsa la acusación en el juicio oral.
Las seis personas juzgadas son de condición pobre. A su nombre se tramitaron jubilaciones de las categorías más altas del Poder Judicial provincial, fiscal, juez o camarista, que, además, eludían el trámite del pago de ganancias en la AFIP porque la magistratura no paga ese impuesto sobre sus haberes además de tener un régimen especial.
Por este hecho fueron procesados también por asociación ilícita Jorge Rodríguez Sueiro, Alejandro Avichelli, jefe de Departamento del IPS y Gustavo Spaltro, todos empleados del IPS, pero esperan una resolución en el marco de un juicio abreviado que tramita en otro tribunal.
Se sospecha que los empleados del IPS conformaron una banda que funcionaba en el organismo y tramitaban jubilaciones a falsos fiscales y jueces para luego percibir los elevados haberes que cobran esos funcionarios judiciales.
La banda obtenía datos personales de personas de bajos recursos, los hacían pasar por fiscal y/o juez bonaerense e iniciaban su trámite jubilatorio en el IPS a espaldas de quienes habían dado su información personal. Funcionarios del IPS con acceso a todas las claves de seguridad del sistema informático daban curso al expediente hasta su aprobación, lo que permitía que la banda percibiera elevados haberes mensuales y retroactivos de entre 500 y 900 mil pesos, pero las seis personas juzgadas solo recibieron hasta tres pagos mensuales de entre dos mil y tres mil pesos.