La jornada de alegatos en el juicio oral por un aberrante crimen ocurrido hace casi 28 años y que se investiga en La Plata fue reprogramado ya que el fiscal de juicio Martín Chiorazzi atraviesa una cuadro de COVID-19, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar. La jornada fue diferida, en principio, para este viernes 27 de mayo. El fuero Penal de La Plata registra varios casos de contagios de coronavirus entre magistrados y empleados, lo que encendieron las luces de alarma.
A más de 27 años del homicidio del subcomisario de la Policía Bonaerense, Jorge Gutiérrez, el expediente judicial entrará en su etapa final de primera instancia con la realización de los alegatos de las partes. En este segundo proceso son juzgados los expolicías Alejandro Daniel Santillán y Francisco Severo Mostajo.
El hecho será analizado por los jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata que es el órgano que tiene a cargo el juicio oral, ya que el hecho ocurrió en el año 1994, cuando no estaba vigente el sistema acusatorio en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires y los casos excepcionales que entonces llegaban a debate público eran realizados por ese tribunal superior. El tribunal "Ad Hoc" para este debate está conformado por Miriam Ermili, Laura Lasaga y Juan Benavides.
La víctima, hermano del dirigente gremial y ex intendente de Quilmes Francisco "Barba" Gutiérrez, fue encontrada muerta en el vagón de un tren en la estación La Plata del ferrocarril Roca con un disparo en la cabeza, en la madrugada del 29 de agosto de aquel año. Fue poco después de haber iniciado una investigación por irregularidades en un depósito fiscal de Avellanada ligado a la "Aduana Paralela", un emblemático caso de corrupción derivado de las desregulaciones en el comercio exterior que se impulsaron en los años '90.
El crimen permanece impune, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en diciembre de 2013 al Estado argentino "por impedir el acceso a la Justicia".
En consecuencia, la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires resolvió que el caso sea juzgado nuevamente, al considerar que en el proceso que se llevó a cabo en 1996 "existieron numerosas irregularidades".
Gutiérrez trabajaba en la comisaría Segunda de Avellaneda, que en ese entonces lindaba con un predio administrado por la firma Defisa, que lo utilizaba como depósito de vehículos que importaba. Producto de las privatizaciones en el control del comercio exterior que impulsó el gobierno de Carlos Saúl Menem, se crearon, a partir de 1992, cientos de empresas importadoras que funcionaban como depósitos fiscales, en el marco de lo que se denominó como la aduana paralela.
En su libro “Maten a Gutiérrez” el periodista Daniel Otero escribió que el subcomisario "vio movimientos extraños" desde su lugar de trabajo; realizó algunas indagaciones y se enteró que el depósito era custodiado por efectivos de una empresa de seguridad privada al mando de un policía de la Federal.
De acuerdo a los testimonios comprendidos en la instrucción del caso, formulada por el juez Guillermo Atencio, al oficial de la bonaerense lo asesinó otro policía cuando el tren en el que viajaba circulaba por el viaducto de Sarandí.
El principal sospechoso de haber efectuado el disparo es “Chiquito” Santillán, cabo de la Federal, quien habría estado secundado por Mostajo, efectivo de la Bonaerense. Ambos uniformados, que trabajaban como policías ferroviarios, fueron reconocidos por Alejandra Chumbita, una pasajera circunstancial, y David Silva, un vendedor ambulante.
Con esa información, Atencio ordenó detener a Santillán, pero nunca pudo dar con el paradero de Mostajo, que permaneció prófugo mientras se desarrolló el proceso.
Santillán ya fue juzgado y absuelto por el hecho, pero el juicio fue declarado nulo al corroborarse que los testigos declararon bajo amenazas de muerte y presiones a los policías que investigaron el caso.
Bajo la figura de “cosa juzgada írrita”, los jueces Jorge Borinski y Víctor Violini declararon la nulidad del juicio, ordenaron la realización de un nuevo debate y solicitaron al Fiscal General de La Plata que “se realice una investigación completa, imparcial y efectiva con el objeto de determinar la responsabilidad intelectual y material de todos los demás que hayan intervenido en la preparación y ejecución del homicidio, como en la eventual alteración o desaparición de elementos de prueba, favorecimiento personal de los anteriores u omisión de investigar y/o denunciar lo que correspondía investigar y/o denunciar”, según se desprende de la resolución a la que accedió 0221.com.ar.
El caso llegó al cine y quedó retratado en el film "G. Un crimen oficial", que se estrenó en abril 2016.
