El abogado y exconvicto Alejo Alonso no se presentó a la reanudación del juicio oral (en formato de juicio de cesura) que se le sigue por el crimen del remisero Gaspar Argentino Ayala ocurrido en la Navidad de 1999 en la localidad de City Bell. Sus abogados informaron que intentó quitarse la vida, pero médicos de la Asesoría Pericial de La Plata se entrevistaron con él y dictaminaron que está en condiciones de enfrentar el debate, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar. El acusado se encuentra internado, no tiene el alta médica, pero se necesita la firma de una persona para que se haga responsable de su traslado a tribunales y luego del regreso al centro de salud donde es asistido. Ante este panorama, se fijo una nueva audiencia para este viernes 8 de abril, a las 10, pero por el momento nadie garantiza su presencia de Alonso.
El pasado 25 de marzo se registró un arduo contrapunto judicial. Ese día el Tribunal Oral Criminal I de La Plata rechazó los seis planteos de la defensa que pretendió por distintas vías anular el debate, impulsar la prescripción de la causa por el paso de tiempo y que se dicte la absolución del acusado.
Se trata del segundo juicio oral de caso. En el primero Alonso resultó absuelto pero desde el Ministerio Público Fiscal se apeló al Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires donde se anuló el veredicto y se ordenó que un nuevo Tribunal dicte sentencia. Esa resolución fue apelada por la defensa que llegó hasta la Suprema Corte bonaerense pero no logró revertir la sentencia de Casación.
El juicio de cesura se trata de la división del debate en dos partes, una dedicada al análisis de la existencia del hecho y el discernimiento de la culpabilidad (ya fue encontrado culpable) y la otra a la determinación de la pena. En este caso los jueces deberán expedirse sobre atenuantes y agravantes del caso y el monto de pena, es decir, la condena a cumplir tras las rejas. El homicidio simple tiene una pena temporal en expectativa que oscila entre 8 y 25 años de cárcel. En el primero de los debates la fiscal había solicitado 15 años de prisión.
Ante este panorama la fiscal de juicio Victoria Huergo requirió la inmediata detención del acusado, pero los jueces no hicieron lugar a la solicitud por entender que Alonso cumplió con cada llamado judicial y no existen riesgos procesales (fuga o entorpecimiento probatorio).
EL CASO
El 25 de diciembre de 1999 la víctima fue atacada ferozmente a golpes y murió horas después en el hospital. Todo comenzó por un incidente de tránsito. Por este hecho fue juzgado Alejo Alonso, quien resultó absuelto por los exjueces del Tribunal Oral Criminal (TOC) I de La Plata, Samuel Saraví Paz y Guillermo Labombarda, ambos ya jubilados. Pero la recordada jueza Patricia de la Serna, en minoría, sostuvo que el acusado era culpable de homicidio y votó por su condena. Esa mirada de la magistrada resultó clave para que la máxima instancia judicial de la provincia de Buenos Aires rechazara los planteos de la defensa y dejara firme la resolución del Tribunal de Casación bonaerense.
Alonso fue procesado por la muerte de Ayala (40) tras un incidente de tránsito, con golpes de puño incluidos, que ocurrió hace el 25 de diciembre de 1999, en la esquina de calles 472 y 21 de City Bell, luego de un choque entre un Renault 19 y un Ford Mondeo. En 2011 fue juzgado por aquel hecho, pero el Tribunal Oral Criminal I de La Plata lo absolvió en un polémico fallo dividido. Dos años después, el Tribunal de Casación anuló el veredicto. En otra resolución dividida, con votos de los jueces de Casación Federico Domínguez y Ricardo Borinsky, se resolvió hacer lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal.
Por mayoría se dispuso “anular el veredicto, con devolución de jurisdicción al tribunal” -que lo juzgó- “para que, a partir de la comprobada intervención del acusado en el hecho determinante de la muerte de Ayala, y debidamente integrado, renueve los actos necesarios para el dictado de un nuevo pronunciamiento”.
El debate está nuevamente a cargo del TOC I pero con su nueva integración: Ramiro Fernández Lorenzo, Claudio Bernard (en reemplazo de Cecilia Sanucci quien se excusó) y Hernán Decastelli.
ANTECEDENTES
El acusado es un exconvicto. Ya purgó una condena de 14 años de prisión por el recordado crimen del repartidor de pizzas, Adrián Santana, que fue ejecutado de varios disparos en la esquina de calle 12 y 38, en la noche del 23 de octubre del año 2000.
En un primer momento se especuló con que pudo atropellarlo un auto que escapó, pero los vecinos contaban a quien quisiera oírlos que ellos habían escuchado varias explosiones, como disparos.
Los forenses les dieron la razón: Santana recibió seis balazos, cinco de los cuales ingresaron en la axila, en la espalda y en uno de los glúteos, y otro en el tórax. Este último fue el letal. La Justicia concluyó que el crimen fue motivado por un ajuste de cuentas a raíz de un incidente que tuvieron Alonso y Santana en el bar Almendra, que funcionaba en 8 y 57, a metros de la sala de audiencias donde se realizaron los debates del caso.
En rigor Alonso, hijo de un médico policial, estuvo poco más de ocho años tras las rejas por ese homicidio. Fue beneficiado por la aplicación de la ley del “2x1”, ya derogada. Vivió detenido casi siete años, entre 2003 y 2010, por lo que llevaba computados unos 12 años por aplicación de la polémica ley vigente al momento del crimen.
