lunes 08 de julio de 2024

Gestapogate: piden la nulidad como prueba de la cámara oculta en el Bapro

La medida la impulsa la defensa de un exfuncionario provincial. Su prospera los imputados podrían ser sobreseídos. El impacto en el juicio al Pata Medina

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La defensa de Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal, solicitó que se declare la nulidad del video grabado en la sede porteña del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) que dio inicio a la investigación por el presunto funcionamiento de una “mesa judicial” para perseguir a sindicalistas opositores a los gobiernos nacional y provincial de la alianza Cambiemos. El planteo fue presentado ante el juez Federal Ernesto Kreplak quien deberá correr traslado a la fiscal Ana Russo y a los querellantes para que expongan sus argumentos a favor, o en contra, de la medida solicitada.

Grassi es uno de los imputados en la causa. Los abogados Hernán Jáuregui Lorda y Pablo César Rizzo sostienen que es “ilícito” el origen de ese video que, sostienen en base al estado actual de la causa, que no existe orden judicial que lo respalde. En el documento judicial al que accedió 0221.com.ar los letrados recuerdan que la causa se inició el 27 de diciembre de 2021 “a raíz de la denuncia realizada por la Dra. Cristina Caamaño en su rol de Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)”.

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“Conforme se advierte de la lectura de la misma, la denuncia se apoya pura y exclusivamente en la presentación de archivos audiovisuales que – según la denunciante- fueron encontrados el 23.12.2021 mientras personal de inteligencia realizaba tareas de ‘…organización y mantenimiento de insumos informáticos...’”, detallaron desde esa parte del proceso. Además señalaron que el hallazgo, desclasificación y la presentación voluntaria ante la justicia federal del material filmográfico “se constituyó en la prueba excluyente que impulsó y sirvió de fundamento para ordenar todo el devenir probatorio posterior a su presentación”.

La defensa de Grassi enfatizó que “no existe un curso alternativo de prueba o cauce de investigación diferente que habilite una pesquisa”. Tras hacer un análisis del caso desde du mirada un dudaron en sostener: “Se ha pretendido dar sustento a una investigación penal cuyo punto de partida es el registro filmográfico obtenido mediante la comisión de un delito”. Para sostener esa hipótesis y que “que no existan dudas en cuanto a la invalidez de la denuncia y del nulo valor probatorio de la prueba acompañada, la falta de una orden judicial en la realización de tareas de inteligencia interna resulta violatorio de lo dispuesto” en el marco legal vigente y señalan varios pasajes de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520.

Los defensores aseguran que en el expediente no existen “los datos de la orden judicial y del funcionario de la AFI que ordenaron la filmación contenida en los archivos audiovisuales remitidos como sustento de la denuncia”.

En caso de prosperar este pedido, uno de los escenarios posibles es que se sobresea a los 14 imputados y se cierre la causa. Ante este panorama vuelve a tomar musculatura judicial la causa elevado a juicio oral en la que el exsindicalista de UOCRA La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina y parte de su familia, están procesados por “asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión”. El debate debía comenzar el pasado 3 de marzo, pero fue suspendido por una serie de nulidades presentadas por las defensas que están en manos de los abogados César Albarracín por Medina padre y Alejandro Montone junto a Juan Di Nardo quienes asisten a Cristian “Puly” Medina, hijo del exgremialista.

EL EXPEDIENTE GESTATO ANTISINDICAL

La causa se inició por una denuncia que presentó la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño (integrante de Justicia Legítima), tras el hallazgo por parte de ese organismo de videos de la reunión celebrada en el Bapro. Los registros de aquel encuentro fueron encontrados mientras se llevaban a cabo procedimientos de rutina de limpieza de discos rígidos, según se informó oficialmente.

El contenido de ese material audiovisual, aparentemente grabado sin el consentimiento de quienes asistieron a aquella reunión, se investiga ahora como parte de un supuesto armado ilegal para perjudicar al exsindicalista “Pata” Medina entre otros exdirigentes gremiales. También posibles violaciones a la ley de inteligencia dado que de aquel encuentro que fue ilegalmente grabado participaron espías de la AFI.

En la causa se averigua "el diseño y puesta en práctica de una estrategia -decidida o autorizada a niveles superiores del Gobierno nacional y provincial- dirigida a judicializar la situación del conflicto existente en torno al accionar de UOCRA seccional la Plata o de su Secretario General y allegados", durante el año 2017, según surge del expediente.

En ese contexto, "se habrían producido distintas actividades de inteligencia prohibida legalmente, tales como la realización de tareas de campo y la consulta de diversas bases de datos sin orden judicial que lo habilite por parte de agentes de la agencia Federal de Inteligencia nacional cuyo producido fue luego utilizado por funcionarios de esa misma agencia para la generación de informes".

El juez Kreplak finalizó con las 14 indagatorias programadas. No se descarta que exista una segunda etapa con más personas imputadas que fueron mencionadas en las versiones brindadas por otros acusados. En esa lista aparecen, el expresidente Mauricio Macri, la exgobernadora María Eugenia Vidal, los extitulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. A esta lista se pueden sumar los ex ministros Guillermo Dietrich (Transporte); Patricia Bullrich (Seguridad); Jorge Triaca (Trabajo) y Germán Garavano (Justicia). Todos fueron mencionados por el exministro Villegas en el escrito que presentó ante el juez.

Además resta establecer el rol que cumplieron una excolaboradora cercana a Vidal y personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuyas conductas son evaluadas por la fiscal para eventualmente realizar los requerimientos que considere viables para esclarecer esta trama que conjuga espionaje, empresarios políticos y exsindicalistas.

En rigor ya comenzó a correr el plazo de diez hábiles que tiene el juez para determinar quienes serán procesados, quiénes sobreseídos y si los procesamientos son con prisión preventiva o los acusados seguirán en libertad hasta el eventual juicio oral del caso que salpica a políticos, empresarios y exfuncionarios de la AFI macrista.

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