sábado 13 de julio de 2024

La investigación por la inundación trágica tiene dos causas abiertas sin avances

Hubo un solo condenado que pagó una multa y nadie preso por la mayor tragedia natural que golpeó a la capital bonaerense. La trama política quedo impune.

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A nueve años de la mayor tragedia natural que golpeó a la ciudad de La Plata siguen abiertas dos causas en el fuero Penal de La Plata. En una de ellas se tratan de establecer las responsabilidades políticas y en la otra se siguen escrutando la confección de certificados de defunción de los cuerpos hallados en la vía pública. En el único juicio oral, hubo un condenado que pagó una multa y quedó desligado de cualquier otra responsabilidad.

Uno de los expedientes está radicado en la Unidad Funcional de Instrucción 8 de La Plata. . En rigor se trata del legajo “Alcance 1”, donde se intentan establecer las identidades de los responsables políticos de la tragedia. Por el momento no hay nadie imputado.

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La otra causa está radicada en la Unidad Funcional de Instrucción 16 de La Plata en la que se investiga si existieron o no falsificaciones de certificados de defunción de las personas fallecidas a causa de la inundación.

Las inundaciones tuvieron un registro de precipitaciones que marcó un récord histórico para el mes de abril en la región con más de 400 milímetros acumulados en poco menos de cuatro horas. La mayor parte del agua cayó en un lapso de cincuenta minutos. Luego del naufragio de la capital bonaerense, decenas de denuncias apuntaron a investigar distintos tipos de delitos. Las mismas se aglomeraron en tres grandes conjuntos. Uno de ellos es el que indaga sobre las responsabilidades políticas de la tragedia.

El primero de los tramos de ese bloque quedó cerrado este miércoles 6 de marzo de 2019 con el juicio a Sergio Ariel Lezana, ex titular de Defensa Civil de La Plata al momento del desastre, con raíz en una lluvia extraordinaria sumada a la falta de obras de infraestructura y mantenimiento, que eran responsabilidades de las gestiones de Daniel Scioli como gobernador y Pablo Bruera como intendente. Junto a ellos, corre la suerte de varios ex funcionarios provinciales y municipales.

Antes del inicio del juicio oral para Lezana que se cerró con el pago de una multa de $12.500 más la inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos, la jueza Claudia Grecco había hecho lugar a una instrucción suplementaria (producción de nuevas pruebas) para ser expuesta en el debate. “Todo ese material producido puede ser incorporado sin problemas a las causas en trámite”, detallaron las fuentes judiciales consultadas.

En las causas en curso el abogado Marcelo Peña fue legitimado como particular damnificado. Fue justamente su acusación una de las que gestionó informes oficiales a distintos niveles de estados (nacional, provincial y municipal) que, según su postura, deja configurado el delito de “estrago”, que tiene una pena en expectativa de 20 años de prisión. En esta figura jurídica el bien tutelado es la seguridad pública y apunta a los responsables políticos.

Por la tragedia murieron al menos 89 personas, según la sentencia dictada por el ex juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias, que fue confirmada parcialmente por la Cámara de Apelaciones de ese fuero. Arias fue desplazado de su cargo y en la actualidad es concejal por el Frente de Todos.

Durante la investigación Arias tuvo varios enfrentamientos con otros magistrados penales. Las contiendas llegaron hasta la Suprema Corte bonaerense que definió el conflicto de competencias. Uno de los duelos fue con el fiscal Jorge Paolini, cuestionado por familiares de víctimas fatales, sobrevivientes e inundados, por su labor tanto en la instrucción como en el juicio.

En la actualidad, las causas en trámite configuran las esperanzas de los damnificados de llevar a integrantes de la clase política al banquillo de los acusados.

CERTIFICADOS EN LA MIRA

La constatación oficial de las muertes fue una de las aristas donde se posó la atención por parte de la ciudadanía, pero esa trama fue cerrada sin respuesta. El archivo de los expedientes dictado el 14 de marzo de 2014 no implica sobreseimientos de los imputados. Ante la aparición de nuevas evidencias esos legajos penales pueden reactivarse, previo cumplimiento de una serie de requisitos establecidos.

Se investigó la posible responsabilidad de agentes del Registro Provincial de las Personas, organismo encargado de velar por la legalidad y veracidad de los certificados de defunción. Inclusive, uno de los escenarios posibles, es que también se indague sobre responsabilidades de personal policial, judicial, médicos y de empresas de sepelios, dentro de un universo polifuncional de posibles imputaciones futuras. No se descarta que a sugerencia policial, médicos particulares firmaran certificados como “muertes no traumáticas” y los cuerpos fueron irreversiblemente reducidos a cenizas.

Por esta línea fueron procesados y luego sobreseídos cuatro personas. En el auto de procesamiento que consta de 53 fojas, la fiscalía llamó a indagatoria a los comisarios Héctor Esteban Ballón –ex titular de la comisaría 11º de Ringuelet-; Dante Germán Castearena –a cargo de la seccional 4º de La Loma- y Roberto Oscar Becker, ex titular de la comisaría 6º de Tolosa.

También quedó imputada Viviana Mariel Sansone, quien integra la División Morgue Policial de la Superintendencia de Policía Científica del Ministerio de Seguridad bonaerense, también es especialista en anestesiología del hospital Mi Pueblo de Florencia Varela y San Roque de Gonnet.

La ex fiscalía de Delitos Complejos (ya disuelta) acreditó en las actuaciones la existencia de muertes vinculadas con la inundación como el hallazgo de cuerpos flotando, que fueron “certificados” como muertes no traumáticas -como paros cardíacos o insuficiencias hepáticas- y luego los cuerpos fueron entregados con inmediatez a la familia, sin dar aviso a la autoridad judicial, cercenando toda posibilidad de una investigación criminal.

Además, la fiscalía constató graves irregularidades cometidas por los imputados con las muertes de al menos cuatro vecinos de La Plata. Se trata de Juan Carlos García, Carlos Arturo Almaraz, Norberto Edgardo Reguera y Dolores Felicidad Fernández.

En el caso del comisario de la seccional de Ringuelet, Ballón, la fiscalía dio por acreditado que el 3 de abril de 2013, tomó conocimiento del fallecimiento de Juan Carlos García, “no inició las actuaciones necesarias para determinar las causales de ese deceso” y “no cursó comunicación alguna al fiscal y al juez de garantías”.

Al esgrimir los elementos de prueba contra la médica, el fiscal Paolini señaló que “confeccionó un certificado de defunción en el que volcó datos falsos relativos a la causal, lugar, fecha y hora de fallecimiento de Juan Carlos García, y moviendo con ello a error a los funcionarios del Registro de las Personas”. Dijo que García había fallecido el 3 de abril de 2013 a las 11 horas, por “paro cardiorespiratorio no traumático como consecuencia de una enfermedad terminal que padecía”.

También el fiscal dio por comprobado que la médica estampó con su firma en un formulario “03” de constatación de defunción correspondiente a Carlos Arturo Almaraz, indicando que el fallecimiento por un paro cardiorespiratorio no traumático, y causal mediata: “insuficiencia hepática”.

El cuerpo sin vida de Almaraz recién fue hallado a las 14:30 del 3 de abril en su domicilio de 420 y 230 de Abasto. El cadáver fue trasladado desde la vivienda a una casa velatoria, sin que ningún médico constatara su fallecimiento.

Para el fiscal Paolini, el titular de la seccional 4º de La Loma, Castearena tuvo “un irregular accionar” tras el hallazgo del cadáver de Norberto Edgardo Reguera, en 38 y 28. “El comisario no ordenó dar inicio a una investigación penal, ni labró actuaciones tendientes a determinar las causales de la muerte de Reguera”, indicó la fiscalía.

Por su parte, el comisario de la seccional 6º de Tolosa, Becker, al notificarse del deceso de Dolores Felicidad Fernández, en su domicilio de 12 entre 527 y 528 por causas relacionadas con la inundación, “no anotició a las autoridades judiciales y gubernamentales ni tampoco inició investigación alguna”, enfatizó el fiscal.

Pero el juez de Garantías Guillermo Atencio no compartió el criterio y en dos resoluciones echó las acusaciones por la borda con el dictado del sobreseimiento. Hizo lugar al planteo de la defensa, encabezada por el letrado particular Germán Oviedo. En el dictamen el juez se refirió en serios términos a la labor de los fiscales Juan Cruz Condomí Alcorta (quien estaba de turno al momento de la tragedia) y a Paolini, quien pidió los procesamientos.

En su defensa, Ballón sostiene que no comunicó el hallazgo del cadáver de Juan Carlos García cuyo cuerpo se hallaba en la rambla de la intersección de las calles 32 y 21 de La Plata, porque el fiscal dio la orden al Oficial Juan Ignacio Navatta, de no iniciar las actuaciones de rigor y entregar al cuerpo a la familia para que un médico particular certifique el deceso.

El fiscal Condomí Alcorta desmiente tal versión y asevera que dio la orden de judicializar todos los hallazgos de cuerpos, tanto en vía pública como en propiedades privadas.

Paolini, entonces a cargo de la investigación, creyó la versión de su par, pero tras analizar el expediente, el juez Atencio hizo una valoración distinta de la prueba y entendió que Ballón no cometió delito alguno. El magistrado aclaró que “el juez carece de facultades para incidir en las investigaciones. No obstante, puede disentir con sus conclusiones”.

EL CASO GARCÍA

En las primeras horas posteriores a la tragedia el nombre de Juan Carlos García, ex empleado de la Legislatura bonaerense, no aparecía en ningún listado oficial ni era reconocido por el gobierno bonaerense.

Recién una semana después fue incluido, luego de que el entonces juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata,Luis Arias, confirmara que se trató de una muerte directa por el temporal. El caso García, fue utilizado como leading case (caso testigo) para la denuncia que se presentó contra el fiscal Condomí Alcorta, hoy archivada.

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