Con la decisión tomadas de ir a fondo, uno de los denunciantes en la causa principal que indaga sobre la trama política de la fatal inundación del 2 de abril de 2013 solicitará el desarchivo de las investigaciones penales abiertas en las que se escrutaba sobre la hipótesis de certificados de defunción fraguados para ocultar la cifra real de víctimas fatales.
El abogado Marcelo Peña confirmó a 0221.com.ar que están en plena etapa de chequeo de datos y números de expedientes abiertos para solicitar la revisión del archivo y lograr que se siga adelante con la investigación. La medida se impulsa luego del fallido primero de los juicios orales que terminó con el pago de una multa a un ex funcionario de la Municipalidad de La Plata.
El episodio se registró este lunes por la tarde en City Bell, frente al Instituto Superior Fray Mamerto Esquiú. Intervinieron Bomberos y SAME.
Los meteorólogos advierten que este fenómeno ambiental podría llegar a La Plata en las próximas horas debido a los incendios en Brasil y Bolivia.
El archivo de los expedientes dictado el 14 de marzo de 2014 no implica sobreseimientos de los imputados. Ante la aparición de nuevas evidencias esos legajos penales pueden reactivarse, previo cumplimiento de una serie de requisitos establecidos.
Esa arista del caso fue clausurada por el fiscal Jorge Paolini. Se investigó la posible responsabilidad de agentes del Registro provincial de las Personas, organismo encargado de velar por la legalidad y veracidad de los certificados de defunción. Inclusive, uno de los escenarios posibles, es que también se indague sobre responsabilidades de personal policial, judicial, médicos y de empresas de sepelios, dentro de un universo polifuncional de posibles imputaciones futuras. No se descarta que a sugerencia policial, médicos particulares firmaron certificados como muertes no traumáticas y los cuerpos fueron irreversiblemente reducidos a cenizas.
Por esta trama fueron procesados y luego sobreseídos cuatro personas. En el auto de procesamiento que consta de 53 fojas, la fiscalía llamó a indagatoria a los comisarios Héctor Esteban Ballón –ex titular de la comisaría 11º de Ringuelet-; Dante Germán Castearena –a cargo de la seccional 4º de La Loma- y Roberto Oscar Becker, ex titular de la comisaría 6º de Tolosa.
También quedó imputada Viviana Mariel Sansone, quien integra la División Morgue Policial de la Superintendencia de Policía Científica del Ministerio de Seguridad bonaerense, también es especialista en anestesiología del hospital Mi Pueblo de Florencia Varela y San Roque de Gonnet. Tiene jerarquía de subcomisario.
La ex fiscalía de Delitos Complejos acreditó en las actuaciones la existencia de muertes vinculadas con la inundación como el hallazgo de cuerpos flotando, que fueron “certificados” como muertes no traumáticas -como paros cardíacos o insuficiencias hepáticas- y luego los cuerpos fueron entregados con inmediatez a la familia, sin dar aviso a la autoridad judicial, cercenando toda posibilidad de una investigación criminal.
Además, la fiscalía constató graves irregularidades cometidas por los imputados con las muertes de al menos cuatro vecinos de La Plata. Se trata de Juan Carlos García, Carlos Arturo Almaraz, Norberto Edgardo Reguera y Dolores Felicidad Fernández.
En el caso del comisario de la seccional de Ringuelet, Ballón, la fiscalía dio por acreditado que el 3 de abril de 2013, tomó conocimiento del fallecimiento de Juan Carlos García, “no inició las actuaciones necesarias para determinar las causales de ese deceso” y “no cursó comunicación alguna al fiscal y al juez de garantías”.
Al esgrimir los elementos de prueba contra la médica, el fiscal Paolini señaló que “confeccionó un certificado de defunción en el que volcó datos falsos relativos a la causal, lugar, fecha y hora de fallecimiento de Juan Carlos García, y moviendo con ello a error a los funcionarios del Registro de las Personas”.
Dijo que García había fallecido el 3 de abril de 2013 a las 11 horas, por “paro cardiorespiratorio no traumático como consecuencia de una enfermedad terminal que padecía”.
También el fiscal dio por comprobado que la médica estampó con su firma en un formulario “03” de constatación de defunción correspondiente a Carlos Arturo Almaraz, indicando que el fallecimiento por un paro cardiorespiratorio no traumático, y causal mediata: “insuficiencia hepática”.
El cuerpo sin vida de Almaraz recién fue hallado a las 14:30 del 3 en su domicilio de 420 y 230 de Abasto. El cadáver fue trasladado desde la vivienda a una casa velatoria, sin que ningún médico constatara su fallecimiento.
Para el fiscal Paolini, el titular de la seccional 4º de La Loma, Castearena tuvo “un irregular accionar” tras el hallazgo del cadáver de Norberto Edgardo Reguera, en 38 y 28. “El comisario no ordenó dar inicio a una investigación penal, ni labró actuaciones tendientes a determinar las causales de la muerte de Reguera”, indicó la fiscalía.
Por su parte, el comisario de la seccional 6º de Tolosa, Becker, al notificarse del deceso de Dolores Felicidad Fernández, en su domicilio de 12 entre 527 y 528 por causas relacionadas con la inundación, “no anotició a las autoridades judiciales y gubernamentales ni tampoco inició investigación alguna”, enfatizó el fiscal.
Pero el juez de Garantías Guillermo Atencio no compartió el criterio y en dos resoluciones echó las acusaciones por la borda con el dictado del sobreseimiento. Hizo lugar al planteo de la defensa, encabezada por el letrado particular Germán Oviedo.
En el dictamen el juez se refirió en serios términos a la labor de los fiscales Juan Cruz Condomí Alcorta (quien estaba de turno al momento de la tragedia) y a Paolini, quien pidió los procesamientos.
En su defensa Ballón, sostiene que no comunicó el hallazgo del cadáver de Juan Carlos García cuyo cuerpo se hallaba en la rambla de la intersección de las calles 32 y 21 de La Plata, porque el fiscal dio la orden al Oficial Juan Ignacio Navatta, de no iniciar las actuaciones de rigor y entregar al cuerpo a la familia para que un médico particular certifique el deceso.
El fiscal Condomí Alcorta desmiente tal versión y asevera que dio la orden de judicializar todos los hallazgos de cuerpos, tanto en vía pública como en propiedades privadas.
Paolini, a cargo de la investigación, creyó la versión de su par, pero tras analizar el expediente, el juez Atencio hizo una valoración distinta de la prueba y entendió que Ballón no cometió delito alguno.
El magistrado aclaró que “el juez carece de facultades para incidir en las investigaciones. No obstante, puede disentir con sus conclusiones.”
EL CASO GARCÍA
En las primeras horas posteriores a la tragedia el nombre de Juan Carlos García, ex empleado de la Legislatura bonaerense, no aparecía en ningún listado oficial ni era reconocido por el gobierno de Daniel Scioli.
Recién una semana después fue incluido en el listado, luego de que el entonces juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, confirmara que se trató de una muerte directa por el temporal El caso García, fue utilizado como leading case (caso testigo) para la denuncia que se presentó contra el fiscal Condomí Alcorta, hoy archivada.
Las inundaciones tuvieron un registro de precipitaciones que marcó un récord histórico para el mes de abril en la región con más de 400 milímetros acumulados en 4 horas, con un saldo de, al menos, 89 muertos.