El diputado sanjuanino por el Frente de Todos, José Luis Gioja, presentó en el Congreso una iniciativa para modificar la actual Ley de Alquileres, que está vigente desde junio de 2020 y que tantos dolores de cabeza trajo tanto a inquilinos como propietarios. La intención es mejorar las condiciones de contratación y otorgar beneficios tributarios a los propietarios que alquilan sus inmuebles, entre ellos, la desgravación del Impuesto a los Bienes Personales por 15 períodos fiscales.
"Esta ley que proponemos modificar fue cuestionada hasta por sus mismos autores un minuto después de su aprobación. Pretendemos fortalecer y transparentar el mercado inmobiliario y sentar las bases para que, desde el Estado Nacional y los estados provinciales se delineen políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda de alquiler", señaló Gioja en un comunicado.
En el oficialismo también prevén la presentación de un segundo proyecto en el que trabaja la diputada Marcela Passo y aunque se avanzó en reuniones con referentes de los distintos sectores aún está en proceso de diseño. A su vez, el interbloque de Juntos por el Cambio impulsa la convocatoria a una sesión especial —con fecha tentativa para el 5 de abril— para directamente derogar la Ley de Alquileres vigente.
La iniciativa presentada por Gioja incluye un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la gestión pública de alquileres sociales, que debe ser diseñado por el Consejo Nacional de la Vivienda. Este sistema ofrecería a los inquilinos precios más bajos que los del mercado inmobiliario privado. El proyecto también ordena al Consejo Nacional de la Vivienda elaborar un modelo de proyecto de ley para gravar a los inmuebles vacíos, que podrían destinarse a la vivienda y que se encuentran deshabitados.
Otro punto del proyecto es un beneficio para los monotributistas: los que otorguen seguros de caución deberán aceptar tomadores a las personas inscriptas en el régimen simplificado y no podrán requerirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos seis meses, ni podrán cobrarles más que a los empleados en relación de dependencia.

De esta manera, entre los puntos más destacados del proyecto se encuentran los topes en los precios, beneficios para los monotributistas, beneficios fiscales para locadores que registren los contratos en AFIP, el diseño de un plan de vivienda a través del Consejo Federal de Vivienda, el modelo de Proyecto de Ley de impuesto a la vivienda ociosa y el registro público de contratos de alquileres.