El nuevo esquema del RIGI que presentó el Gobierno apunta a sectores tecnológicos y exige adhesión de provincias y municipios para acceder a incentivos.
El Gobierno nacional presentó el proyecto de ley del Super RIGI, un nuevo régimen destinado a atraer inversiones de gran escala en industrias que todavía no tienen desarrollo consolidado en la Argentina. La iniciativa apunta a sectores vinculados con inteligencia artificial, biotecnología avanzada y producción de semiconductores.
El esquema fue diseñado como una variante del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la Ley 27.742. Según el texto enviado al Congreso, el nuevo programa se enfocará exclusivamente en actividades consideradas de innovación tecnológica y desarrollo experimental.
Un informe del Banco Provincia advirtió que el consumo sigue en retroceso y que las familias destinan más dinero a impuestos y servicios.
Según el Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, el respaldo en la gestión de Javier Milei tuvo otro retroceso.
El proyecto fija una inversión mínima de US$1.000 millones por cada iniciativa que quiera adherirse. Además, las empresas deberán ejecutar al menos el 20% del desembolso comprometido durante los primeros dos años desde la aprobación formal del proyecto presentado ante el Estado nacional.
El texto establece que los interesados deberán conformar un Vehículo de Proyecto Único (VPU). Esa figura tendrá como condición operar únicamente en la actividad promovida y mantener todos sus activos vinculados de manera exclusiva al emprendimiento aprobado dentro del régimen.
Otro de los puntos centrales indica que los beneficios nacionales dependerán de la adhesión expresa de provincias y municipios. Las jurisdicciones que quieran participar deberán comprometerse a no aplicar nuevos tributos o cargas locales sobre las inversiones alcanzadas.
El nuevo esquema también incorpora beneficios impositivos específicos para las empresas adheridas. En el impuesto a las Ganancias se aplicará una alícuota fija del 15%, junto con un sistema de amortización acelerada para inversiones vinculadas con infraestructura y bienes de capital.
El proyecto prevé a su vez que los dividendos tributen una tasa del 7%, aunque podrá reducirse al 3,5% después de cuatro años de adhesión al régimen. Además, se implementarán Certificados de Crédito Fiscal transferibles para cancelar el IVA facturado por proveedores vinculados a las inversiones.
En materia aduanera, en tanto, las empresas adheridas quedarán exentas del pago de derechos de importación sobre bienes de capital. También se eliminarán los derechos de exportación para los productos desarrollados dentro de cada proyecto alcanzado por el nuevo régimen impulsado por el Gobierno nacional. El esquema contempla además un sistema progresivo de libre disponibilidad de divisas obtenidas por exportaciones. El acceso será del 20% durante el primer año, del 40% en el segundo y alcanzará el 100% desde el tercer año de funcionamiento del proyecto aprobado.
El proyecto establece que las compañías adheridas tendrán estabilidad normativa por 30 años sobre todos los incentivos incluidos en el régimen. Según el texto oficial, esos beneficios quedarán protegidos frente a futuras modificaciones legales que puedan generar una carga tributaria mayor.
La iniciativa también garantiza la posibilidad de acudir a tribunales internacionales para resolver disputas con el Estado nacional. El proyecto menciona mecanismos de arbitraje como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y la Corte Permanente de Arbitraje (CPA).
El plazo previsto para adherirse al Súper RIGI será de cinco años desde la entrada en vigencia de la ley. El texto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional contempla además la posibilidad de extender ese período por un año adicional mediante una prórroga oficial.