El intendente de La Plata Julio Garro cumplió con el llamado judicial y se presentó este miércoles ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak. No respondió preguntas y dejó un escrito junto a su abogado Fabián Améndola en el que detalla su versión del encuentro realizado en la sede porteña del Banco de la Provincia Buenos Aires (BAPRO) a la que asistió "para dar respuesta al reclamo de un sector de la ciudadanía que llevaba muchos años sin resolverse", señalaron fuentes judiciales ante la consulta de 0221.com.ar.
El mandatario local se puso a disposición de la Justicia y detalló los motivos que lo llevaron a estar presente durante aquel encuentro. En ese marco, sostuvo que "desconocía la presencia de agentes de inteligencia y concurrió a la reunión para atender un reclamo que desde hacía años venían teniendo -sin ser atendido por las gestiones anteriores- los sectores de la construcción, empresarios y colegios profesionales que no podían invertir en la ciudad por la falta de reglas claras y por los sobre precios que les exigían". Las fuentes consultadas por este medio explicaron además que Garro se desmarcó del "armado de causas" contra sindicalistas y remarcó que llegó hasta el lugar para escuchar el planteo de un sector de la ciudadanía platense en su calidad de intendente.
La causa investiga el supuesto armado de una mesa judicial antisindical en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Ya declararon seis empresarios y varios exfuncionarios bonaerenses que participaron de la reunión llevada a cabo el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del BAPRO en la que se habló sobre cómo afrontar una posible causa judicial contra los referentes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
La estrategia de los empresarios fue similar en todos los casos: confirmaron su asistencia al encuentro, dijeron haber sido convocados de modo "institucional" y señalaron que asistieron en busca de soluciones que el Estado pudiera ofrecerles para sus conflictos con el gremio de la construcción, mientras que negaron conocer a los espías que participaron del encuentro.
Los últimos tres imputados que prestaron indagatoria en la causa fueron el exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Adrián Grassi, el exministro de Trabajo del mismo distrito Marcelo Villegas y el intendente platense.
"Mis ingresos a la AFI fueron por cuestiones estrictamente laborales, se encontraban dentro de mis funciones intermediar entre los distintos actores de los procedimientos judiciales y debía interceder por las víctimas del accionar del sr. Medina", sostuvo Grassi que presentó el jueves ante el juez Kreplak.
Villegas, por su parte, no solo explicó sus contactos con agentes de la AFI con los que dijo no tener ningún vínculo, sino que también dio detalles sobre una reunión a la que fue convocado en 2017, en la Casa Rosada, para hablar del entonces referente de la UOCRA platense, el exsindicalista Juan Pablo "Pata" Medina. "Cuando ingresé me di cuenta de la existencia de una reunión en curso, a la cual me sumaron para tratar el último tema: Pata Medina y UOCRA La Plata, motivo por el cual se me había convocado. Destaco que era el último tema para tratar de la reunión en curso, ya que luego de tratar ese tema nos retiramos todos", relató el entonces ministro de Trabajo bonaerense en el escrito que presentó ante la Justicia.
"Los participantes estaban sentados en sillones alrededor de una mesa ratona frente al hogar en el despacho del presidente, y los asistentes eran el propio presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, la ministra Patricia Bullrich (Seguridad), el ministro Germán Garavano (Justicia), el ministro Jorge Triaca (Trabajo), el ministro Guillermo Dietrich (Transporte) y el señor Gustavo Arribas (AFI)", detalló Villegas. Y agregó: "Resulta que después de la reunión en Casa de Gobierno con el presidente Macri y algunos miembros de su gabinete, no recuerdo la manera en que aparece en escena el abogado (Juan Sebastián) Destéfano. Siempre creí que era abogado de Presidencia de la Nación, dado que así se presentó o me lo presentaron. Mucho tiempo después y por noticias que se difundieron en medios de comunicación masiva me enteré de que era el jefe de Asuntos Legales de la Agencia Federal de Inteligencia".
"Más allá del casi nulo contacto con Destéfano, y haber concurrido en sólo una oportunidad a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), deseo dejar puntual constancia de algunas cuestiones, las cuales entiendo de suma importancia para aclarar que no tuve absolutamente nada que ver con el supuesto armado ilegal de ninguna causa judicial", continuó en la página 10 de su descargo, en la que afirmó que "no tenía ni tuve jamás contacto con ese organismo ni sus miembros. Ni antes, ni durante ni después de los hechos que V.S. investiga".
La causa se inició a partir de la denuncia presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, tras el hallazgo de un video en el que aparecían, funcionarios del Gobierno de Vidal, dirigentes de su espacio político, miembro de la AFI y empresarios, reunidos por un tema exclusivo: UOCRA La Plata y el Pata Medina. El contenido de ese video, aparentemente grabado sin el consentimiento de quienes asistieron a aquella reunión, se investiga ahora como parte de un supuesto armado ilegal para perjudicar a Medina y a otros dirigentes del gremio de la construcción.
"Créeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría", se le escuchaba decir a Villegas en las grabaciones de aquella reunión.
En ese marco, ahora se investiga "el diseño y puesta en práctica de una estrategia -decidida o autorizada a niveles superiores del Gobierno nacional y provincial- dirigida a judicializar la situación del conflicto existente en torno al accionar de Uocra la seccional la Plata o de su Secretario General y allegados", durante el año 2017, según surge del expediente. En la Justicia creen que "se habrían producido distintas actividades de inteligencia prohibida legalmente, tales como la realización de tareas de campo y la consulta de diversas bases de datos sin orden judicial que lo habilite por parte de agentes de la agencia Federal de inteligencia nacional cuyo producido fue luego utilizado por funcionarios de esa misma agencia para la generación de informes".
La investigación intenta determinar si existieron presiones, sugerencias o negociaciones entre funcionarios de la AFI y o del gobierno provincial con autoridades judiciales y o del Ministerio Público Fiscal, que implicaron "violaciones a la normativa de orden procesal penal relacionada, al menos, con cuestiones de competencia". Los últimos dos imputados convocados a indagatoria para esta primera parte de la investigación son el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián Destefano, y el exdirector de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, citados para el 29 y el 31 de marzo respectivamente.
