La semana que comienza puede marcar un antes un después en la causa donde se investiga la muerte del hincha del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata César “Lolo” Regueiro durante la feroz represión policial de la fuerza de seguridad que responde a ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni. El hecho ocurrió en la noche del 6 de octubre de 20ee en el estadio del Bosque donde el local recibía a Boca Juniors. Las declaraciones de un funcionario provincial y de expresidente del club pueden abrir nuevas posibilidades en el paño de opciones que maneja el equipo de investigación encabezado por el fiscal Juan Menucci, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de La Plata.
En el expediente ya fueron procesados por “estrago culposo” los jefes policiales Sebastián Perea y Juan Manuel Gorbarán. Esta semana seré el turno para el titular de la Agencia de Prevención de Seguridad Deportiva (APREVIDE) de la provincia de Buenos Aires Eduardo Aparicio (funcionario que responde directamente al ministro Berni), y el extitular del club anfitrión, Gabriel Pellegrino. El procesamiento del exmandamás Tripero es la puerta de entrada a otras posibles imputaciones de exdirigentes de Gimnasia por el posible delito de "asociación ilícita" que apunta a una potencial sobreventa de entradas en ese partido. Los días 28 y 29 de diciembre a las 10:00 horas, están citados a indagatoria donde podrán declarar o hacer uso del derecho de llamarse a silencio.
De la investigación surgen qué obligaciones se le imponen al organizador del evento, es decir al club anfitrión (Pellegrino), al jefe del operativo y a su supervisor (Perea y Gorbarán) y a la APREVIDE (Aparicio). "A modo de ejemplo, las normas disponen medidas para evitar la emisión de mayores entradas que el aforo permitido, que se diagrama en medidas de seguridad adecuadas previo determinar la peligrosidad del partido y el riesgo propio del estadio, y que se evalúe bajo éste último parámetro el horario del encuentro, su ubicación y la forma de vender las entradas-y cómo deben confeccionarse-; entre otras circunstancias", razonó el fiscal. Pero "no solo en ese punto se incurrieron en incumplimientos voluntarios, sino que también antes y durante el encuentro se procedió de forma negligente e imprudente".
"Así, de un lado se vendieron mayores entradas de las que permitía el estadio, al propio tiempo se dispuso que se lleve a cabo en un lugar y en un horario inadecuado considerando las expectativas, no habiendo realizado correctamente la evaluación del riesgo, a la par que se permitieron la utilización de elementos de disuasión de forma tal que tuvieron un alcance masivo respecto de personas que no podía evitarlo, lo que conllevó a lesiones a miles de personas", aseveró Menucci, quien considera que "corresponde evaluar no sólo el accionar individual del personal policial que se excedió en el uso de las armas largas provistas para la contención (efectuando disparos a objetivos individuales cuando éstos no configuraban una amenaza) así como también de aquellas personas que, más allá del contexto, agredieron mediante gran cantidad de objetos contundentes a parte del personal policial que custodiaba los accesos al estadio".
Los cuatro nuevos procesados realizaron aportes "negligentes" o "imprudentes" que derivaron en el resultado lesivo, "como si todos pusieran una piedra sobre una superficie de cristal que por sí sola no lo rompería pero en conjunto vence su resistencia", graficó y añadió: "Todos y cada una de las personas sindicadas actuaron violando los deberes a su cargo, antes y durante el encuentro deportivo, ya que fueron los responsables de su organización; e inclusive algunos actuaron de forma negligente durante su desarrollo".
Del operativo de seguridad en el estadio tomaron parte 320 efectivos policiales. El agente Fernando Nahuel Falcón, manifestó que "comienza toda una vez que el jefe de servicio ordena el cierre de puertas porque APREVIDE le comunica que monitoreo informa que la capacidad del estadio estaba completa".
Tras la represión, la Policía Bonaerense fue desplazada de la investigación. En su lugar, arribaron expertos de la Policía Federal Argentina que levantaron "450 vainas servidas de cartuchos anti tumultos". Según una resolución de Asuntos Internos, el capitán Martín Mercado del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) "habría arrojado de manera imprudente y sin justificación alguna, una bomba de gas lacrimógeno y otra de humo, las que se habían dispersado por el campo de juego, provocando graves consecuencias a las personas que se encontraban en el interior del estadio". Fue desafectado de la fuerza.
Un testigo refirió que los disturbios comenzaron en la puerta 21 que está del lado del Bosque donde un grupo de entre 500 y 800 personas pugnaban por entrar el estadio.
