Un fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 31 ordenó realizar nuevas elecciones en el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) y rechazó el pedido de reinstalar en sus cargos a los integrantes de la comisión directiva electa en 2016, con el empresario Marcelo Balcedo a la cabeza, quien está cumpliendo condena en Uruguay por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas.
El dictamen, al que accedió 0221.com.ar, denegó el pedido que había sido formulado por la ex secretaria general interina del SOEME, Mirta Susana Mariño, y su adjunta, Alicia Mercedes Velich, junto a los demás integrantes del Secretariado Nacional del SOEME, quienes habían presentado un recurso de amparo contra el Ministerio de Trabajo nacional y la cartera provincial solicitando que se revoque la designación del actual interventor del sindicato, Julio César Simón, y se los reinstale en sus cargos "conforme el mandato recibido de los afiliados en los comicios realizados para el período 2016 y 2020".
Además, en el fallo se le ordena al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que "dentro del plazo de 40 días proceda a la normalización del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (S.O.E.M.E.), adoptando las medidas que considere necesarias para ello".
También se resuelve "mantener en los términos dispuestos por el Superior la designación del interventor Dr. Julio Cesar Simón, ello hasta tanto se formalice la normalización de la referida entidad sindical por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social". Es decir, que Simón seguirá al frente del sindicato hasta que finalice el proceso electoral.
En los considerandos, el fallo enumera los procesos judiciales abiertos contra la comisión directiva en cuestión. Recuerda que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, elevó a juicio oral a parte de la cúpula del SOEME por el desvío de más de 500 millones de pesos y lavado de activos, que cinco dirigentes se encuentran procesados sin prisión preventiva, y que Marcelo Balcedo y su pareja, Paola Fiege, no pudieron ser indagados "en virtud de estar cumpliendo condena en Uruguay".
También se argumenta que "una reinstalación de la comisión directiva podría constituir un escollo en la investigación de los delitos presuntamente cometidos en el ámbito de dicha asociación sindical" y que lo que "se encuentra en juego en definitiva el normal funcionamiento de la asociación sindical y el futuro de sus miembros".
