El escándalo desatado en relación al video del encuentro en el que el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas dijo que hubiera querido contar con una "Gestapo" (policía secreta nazi) para perseguir a gremialistas opositores sacó a la luz una trama de espionaje ilegal que tiene en la mira a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; al procurador general provincial Julio Marcelo Conte Grand (a quien le solicitaron el juicio político); y al expresidente Mauricio Macri; como los posibles máximos responsables de las maniobras ilegales.
Más allá de las imágenes grabadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en junio de 2017, donde se escucha al funcionario, espías y empresarios de La Plata debatir un plan para encarcelar al exsindicalista de Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Juan Pablo "Pata" Medina, en la causa ya existen otras evidencias que, en principio, demostrarían las maniobras de espionaje ilegal, es decir, seguimientos a personas para recabar información personal sin la debida autorización judicial. En la causa en curso figuran varios partes de inteligencia realizados sobre el exgremialista y su familia. Medina fue detenido en septiembre de 2017 pero los seguimientos comenzaron varios meses antes. Según la documentación judicial a la que accedió 0221.com.ar, el espionaje comenzó, al menos, el 9 de mayo de 2017 y siguió el 10, 12 y 18 de ese mes y el 15 de junio de ese año, el mismo día que se filmó la reunión en la sede porteña de Grupo Bapro.
El seguimiento fue sobre la figura de Medina, de su hija Analía y del extitular del Puerto La Plata, Mariano Goyenechea, "hombre de confianza del" exgobernador Daniel Scioli según se lee en la documentación judicial. En ese parte se hace referencia que las obras en el Puerto La Plata debían ser aprobadas por el Pata Medina, quien además designaba las empresas que se encargarían de las obras.
En los informes se detallan domicilios de las personas, vínculos familiares y hasta los datos de los vehículos de alta gama en los que circulaban en el año 2017. Según consta en ellos, la familia Medina tenía debilidad por las camionetas Toyota Hilux 4x4.
En uno de los documentos titulado "Casa de conejo" se señala el lugar de residencia del Medina y también quiénes integraban en ese momento su custodia personal. Además se puntualiza la transcripción de un diálogo con un guardia que le dice a uno de los agentes: "En este lugar no se puede permanecer porque es la casa del Pata Medina, así que nadie puede estar acá parado". En esa incursión del 9 de mayo de 2017 se deja constancia en el parte que "se tomaron fotografías y se consultaron las patentes de la totalidad de los vehículos que se observaron en el lugar".
EL ESCÁNDALO Y LAS REPERCUSIONES
La investigación sobre la supuesta mesa judicial bonaerense orquestada contra sindicalistas durante la gestión de Vidal sumó rechazos y pedidos de explicaciones a la exgobernadora y a la alianza Juntos por el Cambio (JxC), a la vez que empresarios implicados en los hechos empezaron a referirse al tema.
Funcionarios y dirigentes de distintos espacios políticos apuntaron contra la exmandataria bonaerense y actual diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, a quien le pidieron "renunciar a su banca". Entre ellos, el jefe de asesores del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, sostuvo que el Congreso debe exigirle explicaciones a Vidal porque "si en las anteriores causas de espionaje ilegal se quiso establecer que todo era producto del accionar de cuentapropistas, ahora queda claro que eso no existe. En ese video se ve a un ministro que estaba en funciones, a varios funcionarios y a un procurador", según declaró a radio AM750.
En tanto, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, señaló que quisiera escuchar al expresidente Macri, a Vidal y al procurador bonaerense Conte Grand "hablando públicamente de qué pasó, qué hicieron, qué opinan" sobre los conceptos del exministro de Trabajo "hablando de la Gestapo y diciendo que eso estaba articulado entre Nación, provincia y municipios". El exjefe de Gabinete de la gestión de Scioli, Alberto Pérez, también sostuvo que Vidal "debería renunciar" a su banca en caso de confirmarse la veracidad del video.
Las asociaciones de empresarios de la construcción de La Plata, por su parte, reconocieron en un comunicado haber participado de una reunión encabezada en 2017 por Villegas y funcionarios de la AFI, pero dijeron que concurrieron para "abordar la problemática relación" que existía con "quien ejercía la conducción de la UOCRA" en la ciudad, en referencia a Medina. En ese aspecto, el presidente de la Unión Industrial del Gran La Plata, Hugo Timossi, negó responsabilidad por parte de esa entidad en el armado de causas judiciales y aseguró que los empresarios de la construcción desconocían que en la reunión que mantuvieron en 2017 con funcionarios de Vidal hubieran participado agentes de inteligencia.
En tanto, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich reconoció en diálogo con Radio Rivadavia que la reunión estuvo "mal" pero insistió en que Medina es un "chorro, ladrón y mafioso" que "se ha pasado la vida extorsionando a los empresarios de la construcción en La Plata". En diversos sectores, sin embargo, salieron a aclarar que el titular de la seccional local de la UOCRA no habría sido el único apuntado con esta metodología sino que se trataría de una metodología "sistemática" de persecución a "sindicalistas, dirigentes políticos y organizaciones sociales" perpetrada durante la gestión de Macri.
A su vez, mientras avanza la certificación de la procedencia de los videos, la Justicia bonaerense planteó la "evidente conexidad" de la causa de la mesa judicial bonaerense con la que se tramita en Comodoro Py por supuestas maniobras de espionaje ilegal de la AFI a políticos, funcionarios y dirigentes sociales cuando ese organismo estuvo a cargo de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani durante el Gobierno de Macri. Esa causa tramita en el juzgado federal 8 de Comodoro Py 2002 a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi. Por ese motivo, la Cámara Federal de La Plata envió a este último una denuncia presentada contra Conte Grand y el fiscal Sebastián Scalera, entre otros, por supuestos delitos cometidos en investigaciones contra políticos, sindicalistas y magistrados durante el macrismo.
"Advierto que existe una evidente conexidad entre lo denunciado en la presente causa y lo que se investiga en la causa que lleva Martínez De Giorgi", sostuvo el camarista platense Roberto Lemos Arias, resolución que, según analizan y consideran varios abogados consultados, abre la puerta para que toda la causa termine en el fuero Federal porteño, situación anhelada por quienes están en el ojo de la tormenta, pero que intentará ser evitada por las presuntas víctimas de espionaje ilegal. Todo está en manos de la Justicia.
