Oficialismo y oposición se cruzaron por el arancelamiento de los servicios municipales para los extranjeros en La Plata y la prohibición del uso de celulares.
El Concejo Deliberante de La Plata volvió a sesionar este jueves, tras el receso invernal. Durante la sesión, se aprobó la puesta en funcionamiento de un albergue destinado a mujeres solas y con niños que se encuentran en situación de calle, pero luego se registraron cruces por distintas iniciativas entre los distintos bloques políticos.
La sesión fue presidida por el concejal de Fuerza Patria, Juan Granillo Fernández, quien reemplazó al titular del cuerpo, Marcelo Galland. El edil es el vicepresidente del Concejo.
La propuesta es impulsada por el PRO y prevé achicar un 30% la planta política de La Plata para recomponer los sueldos de los trabajadores municipales.
Los ediles vuelven al recinto para debatir una extensa agenda con proyectos sobre los aranceles a extranjeros, el transporte público y los servicios públicos.
Una de las propuestas que centralizó parte del debate fue la impulsada por el PRO para que los extranjeros y los argentinos que no residan en el partido deban pagar por la atención en salud y la educación, entre otros servicios, que son brindados por el Municipio.
El proyecto presentado por el concejal Nicolás Morzone, faculta al Departamento Ejecutivo a establecer aranceles por el uso de servicios municipales de carácter recreativo, deportivo, cultural, turístico, de salud –exceptuando las urgencias–, educativo no obligatorio y otras prestaciones no esenciales financiadas íntegramente con recursos municipales.
Para ello, el proyecto crea el Régimen Municipal de Recupero de Costos y Arancelamiento de Prestaciones Municipales, que alcanzará tanto a extranjeros como a argentinos que no acrediten residencia efectiva en la ciudad, aunque contempla una excepción para los ciudadanos provenientes de países que mantengan tratados de reciprocidad con la Argentina.
Al ser presentado en el recinto, Morzone defendió la iniciativa al sostener que los recursos municipales son limitados y deben priorizarse para quienes contribuyen a sostener el sistema local. "La Plata es para los platenses y nada más. El platense paga tasas, trabaja, genera empleo, sostiene este sistema y muchas veces termina siendo el último de la fila en su propia ciudad", afirmó.
El concejal aclaró que la propuesta no contempla dejar a ningún extranjero sin atención ante una emergencia, pero planteó que quienes lleguen desde otros municipios o quieran acceder a determinados servicios deberán realizar un aporte. "No importa de dónde vengas, sino quién financia el sistema. Hay que entender que los recursos son limitados y entonces hay que definir prioridades", apuntó. Y cerró: "Desde el PRO tenemos claro que la prioridad es el platense de bien. Es un acto de justicia fiscal, ética y moral con los nuestros".
La edil de Fuerza Patria, Sol Maluéndez, sostuvo que el proyecto va en contra del espíritu fundacional de la ciudad que es "ser una ciudad de puertas abiertas para quienes vienen a estudiar y a trabajar" y se preguntó "quiénes serían los ciudadanos de bien" según el edil.
Mientras que la presidenta del bloque oficialista, Josefina Bolis, aseguró que se trata de un proyecto "inconstitucional" a los pactos internacionales a los que adhirió el país y consideró que es "una cruzada xenófoba" ya que las estadísticas muestran que el número de extranjeros no residentes que se atienden en los hospitales es mínimo y no llega ni al 1%.
"Es un absurdo burocrático crear una estructura para verificar la residencia y poner a personas para cobrar a los extranjeros en cada CAP, por ejemplo, cuando es un número tan insignificante", sentenció. "Aporta más problemas que soluciones para las arcas municipales", agregó.
Otro proyecto de ordenanza que generó chispazos fue la resolución que prohíbe el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos a concejales y asesores durante las sesiones. El proyecto es impulsado por el PRO, quien defendió la propuesta, mientras que desde Fuerza Patria, la UCR y ASAP se mostraron en contra y le achacaron buscar hacer "ruido mediático" y nada más.
La iniciativa presentada por el concejal Iván Zanetto (PRO) quien defendió el espíritu de la iniciativa y sostuvo que el uso de dispositivos puede provocar distracciones mientras otros ediles hacen uso de la palabra. "No podemos pedirle a la ciudadanía que confíe en lo que es la calidad institucional de sus instituciones si hacemos que el recinto sea una sala llena de notificaciones e interrupciones", argumentó. Y agregó que la intención es establecer una regla que garantice "una escucha activa, una atención plena y un respeto institucional".
La primera en cruzar al edil desde Fuerza Patria fue la concejala Romina Santana quien mostró sus reparos y dijo que "no queda claro el sentido" del proyecto. Explicó que tiene una dificultad visual y señaló que los celulares y las tablets pueden funcionar como herramientas de apoyo para personas con discapacidad. "Es un proyecto que habrá que elaborar bastante para que nadie quede afuera en un mundo en el que tenemos formas de trabajo tecnológicas, digitales y no aceptamos aparatos en el recinto para trabajar", sostuvo.
La concejala Melany Horomadiuk (ASAP), en tanto, cuestionó la forma en la que fue presentado el expediente y dijo que es "un grave error" que sea una resolución ya que debería ser una ordenanza. También remarcó que los teléfonos son utilizados como herramientas de trabajo para consultar proyectos y pueden resultar necesarios ante situaciones de urgencia familiar. "Creo que es muy delimitada la línea entre el sí y el no", dijo.
En la misma línea, Sergio Resa de Fuerza Patria respaldó la posibilidad de establecer reglas que mejoren el respeto durante los debates, pero rechazó que eso implique restringir el acceso a herramientas tecnológicas. "Adhiero a toda reglamentación que sirva para que en el recinto haya más repesto entre quienes hablamos. De ahí a vincularlo con la tecnología y mirar una pantalla, ya sea del celular o de una computadora, en tiempos de Inteligencia Artificial, donde uno hace consultas simples o en tiempos donde se digitaliza para evitar el uso del papel... en función limitar el acceso a la tecnología yo me opongo. No le veo una razón", afirmó.
El radical Gustavo Staffolani también se manifestó en contra y, paradójicamente, utilizó su propio teléfono durante el debate para buscar antecedentes en otros cuerpos legislativos. El concejal mencionó los reglamentos del Congreso nacional, la Legislatura bonaerense y experiencias internacionales como en el Reino Unido, Estados Unidos y el Parlamento Europeo para argumentar que una prohibición general no existe en otros lugares. Incluso mencionó que en España el Congreso le entrega un ipad y un móvil para hacer su trabajo. "Con todo el respeto que le tengo al concejal autor de la iniciativa, me parece que no corresponde", dijo.
Uno de los autores de la iniciativa, Nicolás Morzone, del PRO, respondió a las críticas y aseguró que la propuesta tomó como referencia experiencias de gobiernos municipales de otras ciudades. Según sostuvo, después de una hora o una hora y media de sesión comienza a generalizarse el uso de celulares y eso deriva en "una falta de respeto integral". También aclaró que se contemplarían excepciones vinculadas con situaciones de discapacidad: "La idea no es limitar ni proscribir a nadie, sino todo lo contrario, elevar el debate".
Finalmente, Pablo Elías, de Fuerza Patria, lanzó una de las críticas más duras y consideró que la iniciativa persigue principalmente un objetivo mediático. "Su última y su única finalidad era que salga en los medios de comunicación", afirmó y cuestionó que el Concejo destine parte del debate a una propuesta de esas características.
Ya en el tramo final del sumario, el cuerpo tuvo que ir a un cuarto intermedio aunque no porque haya subido de tono el debate o por una reconsideración de una votación sino por el presidente del cuerpo se tentó mientras leía los puntos y le daba destino a las comisiones.
Ocurre que los puntos 220 y 221 del sumario pedían exactamente por la misma obra en la misma dirección y eran de los únicos dos concejales que tiene el PRO en el recinto. "Solicitando al Departamento Ejecutivo, tareas de reparación de luminarias en calle 23 y 42", rezaba la carátula del expediente. Uno lo firmaba Nicolás Morzone y otro Iván Zanetto, los únicos dos representantes del PRO en el deliberativo local.
Al ver los puntos "clonados", Granillo comenzó a reír y aunque intentó mantener la compostura, no lo logró y empezó a contagiar al resto. Por esto, el presidente del bloque libertario, Guillermo Bardón, pidió un cuarto intermedio. Unos minutos después, la sesión se retomó y tras completar el sumario, finalizó.
