La denuncia penal realizada por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que derivó el tres allanamientos a estudios jurídicos (dos en La Plata y otro en Brandsen) comenzó a investigarse internamente en la cartera sanitaria a fines del año 2019. "Cuando llegamos nos encontramos con las prestaciones cortadas por falta de pago de la gestión anterior", señaló Lourdes Farías, titular de la Dirección Provincial de Acceso e Inclusión en Salud, en diálogo con 0221.com.ar.
Tal como informó este medio, la justicia Penal de La Plata realizó tres procedimientos judiciales y la fiscal del caso solicitó la detención de la abogada Natalia Celina Lipskier, denunciada por presunta asociación ilícita y fraude en perjuicio del Estado bonaerense. Se sospecha que la profesional presentó muchos amparos a nombre de personas que no habían requerido asistencia legal. Las presuntas irregularidades fueron detectadas en el marco del programa Incluir Salud, destinado a personas de escasos recursos y sin cobertura de obra social.
"El programa Incluir es de Nación que se aplica en la provincia de Buenos Aires mediante la dirección que conduzco, es una herramienta que tiene prestaciones de todo tipo para personas con discapacidad", explicó la funcionaria bonaerense y agregó: "Cuando asumimos los servicios estaban cortados por deudas y falta de pago, cuando empezamos a regularizar nos dimos cuenta que había una cantidad impresionante de amparos, ingresaban unos 50 cada tres meses y la mayoría eran del mismo estudio jurídico".
Farías, en principio, pensó que se trataba de un problema del circuito administrativo interno del área a su cargo, pero tras indagar sobre esa hipótesis, las respuestas no fueron satisfactorias y comenzaron con la digitalización. "Nos llamaba la atención que los amparos judiciales no tenían una presentación administrativa previa que, ante la falta de respuesta, justificara la judicialización del reclamo", explicó. Para comenzar a echar luz se acumularon los pedidos y desde la Dirección comenzaron a llamar por teléfono a los amparistas: "La gente no entendía nada cuando los llamamos, nos decían que no habían presentado ningún amparo, es más hasta hubo casos que se asustaban y nos cortaban la comunicación", graficó.
"Cuando digitalizamos todas las notas con pedidos notamos que eran todas iguales. Mi presunción es que hay un circuito armado, que se escondían y desviaban a estudios jurídicos, había una filtración de información de los padrones de beneficiarios, pero eso solicitamos a la justicia que investigue", aclaró. Para darle un corte a esta situación se digitalizó la Mesa de Entradas de la repartición y se reubicó a parte del personal hasta tanto se defina judicialmente si existieron o no empelados infieles que filtraban información sensible de personas con carencias a estudios jurídicos para que presenten los amparos.
"El Estado paga los honorarios de esos abogados por las presentaciones de estos amparos, todo lo que el Estado paga a esos profesionales son recursos que no están. Tenemos identificados 35 situaciones así y los honorarios van desde $60.000 hasta $200.000 pesos por cada amparo", puntualizó la funcionaria, quien reveló que el lunes 30 de agosto, personal policial retiró once computadoras de la repartición que serán sometidas a pericias para determinas quién o quiénes tenían acceso a la base de datos de beneficiarios del programa Incluir. Farías recalcó que "ahora están todos digitalizados los ingresos por Mesa de Entradas, armamos un equipo de profesionales que llaman a los beneficiarios para saber qué necesitan, en la medida que van llegando las notas vamos cumpliendo, el acceso a la salud es un derecho y queremos evitar las judicializaciones".
"Me parece importante que esto salga a la luz, cuando el Estado pone recursos mal, el que se perjudica es el beneficiario, acá son todas personas muy vulnerables", finalizó.
Incluir Salud es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad que permite el acceso a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC). Transfiere fondos a las provincias para garantizar que todas las personas titulares de dichas pensiones, independientemente de dónde vivan, puedan acceder a una atención de calidad.
