viernes 11 de octubre de 2024

Allanaron estudios jurídicos de La Plata por una presunta estafa a la Provincia

La denuncia es impulsada por el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo bonaerense. La defensa pedirá que declaren varios jueces de La Plata.

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La Justicia allanó estudios jurídicos de La Plata tras la denuncia impulsada por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo bonaerense para que se investigue, en principio, a una abogada como posible integrante de la asociación ilícita en perjuicio del Estado provincial, según se desprende de la documentación judicial a la que accedió 0221.com.arSe sospecha que la abogada Natalia Celina Lipskier presentaba recursos de amparo en nombre de beneficiarios y beneficiarias del programa Incluir Salud para cobrar honorarios del Estado bonaerense y se cree que habría actuado en complicidad con empleados infieles de la administración pública.

La cartera provincial que conduce Nicolás Kreplak denunció penalmente por el presunto delito de asociación ilícita con defraudación a la Administración Pública (artículo 174 del Código Penal) a la profesional que presentó gran cantidad de recursos de amparo ante la Justicia en supuesta representación de beneficiarios del mencionado programa que no tenían conocimiento de los procesos judiciales en marcha, para lograr el pago de grandes sumas de dinero en concepto de honorarios por parte del Estado Provincial.

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A partir de las acciones iniciadas por el Ministerio, se allanó el estudio de abogados mencionado y se libró una orden de detención contra la abogada Lipskier, pero su defensor Marcelo Peña presentó una eximición de prisión que aún no fue resuelta.

Según se desprende de la investigación interna efectuada por el área de Salud en la Dirección Provincial de Acceso e Inclusión, a cargo de la doctora María Lourdes Farías, se observaron una serie de irregularidades en las presentaciones procedentes de Lipskier. En ese  marco, se presume que la acusada actuaba en complicidad con empleados del área que comenzaron a trabajar en la cartera sanitaria durante la anterior gestión y que serían quienes brindaban la información necesaria para que la abogada hiciera la presentación de unos 50 amparos "truchos" por mes y a través de ellos cobrar grandes sumas de dinero en concepto de honorarios que debía pagar el Estado bonaerense.

"Esta investigación es muy importante para transparentar la gestión y mejorar día a día el buen funcionamiento del Programa", sostuvo Farías al respecto y detalló que se ha "encontrado que los reclamos realizados al Ministerio no presentaban incumplimientos en ninguna oficina de la Dirección, ni en los programas del Ministerio, ni en los hospitales donde deben presentarse, por lo tanto, no ameritaban la presentación de recursos de amparo". Asimismo manifestó que se tomaron "las medidas administrativas correspondientes".

Incluir Salud es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad que permite el acceso a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC). Transfiere fondos a las provincias para garantizar que todas las personas titulares de dichas pensiones, independientemente de dónde vivan, puedan acceder a una atención de calidad.

Antes de los allanamientos, Peña solicitó que se cite a declarar a su asistida en el marco de una presentación espontánea para dar a conocer la versión de esa parte y aportar las evidencias que demuestran la "inexistencia" del delito. "Es verdad que se presentaron varios amparos, pero son todos amparistas genuinos que llegaron al estudio por una campaña publicitaria que es muy sencilla de acreditar", explicó el abogado en diálogo con 0221.com.ar.

El defensor señaló que pedirán "que se cite a declarar a todos los jueces que dictaron los amparos para que den fe de la veracidad de los hechos, todos los amparistas favorecidos se entrevistaron con los jueces y está todo documentado".

La causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI)1 de La Plata, subrogada por la fiscal Cecilia Corfield, con conocimiento del Juzgado de Garantías 1 de La Plata, encabezado por el juez Guillermo Atencio, quien aceptó tener como particular damnificado a la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires.

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