La Cámara Federal ordenó reabrir la investigación archivada del caso conocido como Vacunatorio VIP. La jueza federal María Eugenia Capuchetti había archivado parcialmente la causa y la Cámara Federal revocó su resolución y declaró admisible el recurso de apelación del fiscal Sergio Rodríguez.
En este marco, se investigará la responsabilidad de los funcionarios que habilitaron la posibilidad de recibir dosis contra el coronavirus adelantadas. Además, se avanzará con el marco legal correspondiente para todos los que recibieron esas vacunas y aclarar cómo y por qué accedieron a la aplicación anticipada de la inmunización contra el COVID-19.
Asimismo, la Cámara ordenó la investigación de las dosis que fueron destinadas a la ciudad santacruceña de El Calafate.
“Será necesario indagar -siguiendo el esquema que la causa trazó tras la decisión aquí revisada- qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”, puntualizó la resolución.
En este sentido, la decisión de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens estableció que el orden de prioridades para la administración de las vacunas en ese momento no era simultáneo para el personal de salud, mayores de 60 y personal estratégico. Además, se especificó que, en ese momento, las vacunas significaban “un bien escaso” que se debía administrar de manera correcta.
La resolución plantea que los que recibieron las vacunas podrían ser partícipes del delito que se investiga. En esa lista de vacunados VIP aparece el presidente Alberto Fernández; el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini y su esposa; el periodista Horacio Verbitsky; el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” González y las hijas de ambos; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el canciller Felipe Solá; el embajador en Brasil, Daniel Scioli; el ministro de Defensa, Jorge Taiana; el diputado Eduardo Valdés y el ex ministro de Salud, Ginés González García, que renunció a su puesto debido al escándalo.
Muchos de ellos fueron anotados como personal de salud. La causa se remonta a febrero pasado, cuando Verbitsky contó en un programa de radio cómo había ido el día anterior a vacunarse al ministerio de Salud, tras un llamado al ex ministro González García. Aquellas declaraciones fueron el puntapié inicial para la apertura de la investigación penal.
Asimismo, en febrero pasado, Alberto Fernández justificó que diputados, senadores y otros miembros del Gobierno argentino hayan sido inmunizados debido a las tareas que cumplen y cuestionó duramente a la Justicia Nacional. El presidente sostuvo que no existió ningún tipo penal para sancionar lo sucedido en el país y les había pedido a los magistrados que "terminen con la payasada".
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