La investigación sobre Manuel Adorni avanza y el juez Ariel Lijo dictó nuevas medidas para rastrear movimientos financieros, ingresos y consumos.
El juez federal Ariel Lijo levantó el secreto bancario, financiero y fiscal de Manuel Adorni en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La medida incluye a su esposa, Bettina Angeletti, y busca analizar en detalle todos los movimientos de fondos registrados en los últimos años.
La decisión judicial responde a un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien impulsa la investigación penal. El objetivo central es reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera del funcionario y su entorno, a partir de registros oficiales y operaciones detectadas en distintos organismos.
Manuel Adorni posee un departamento en La Plata recibido como donación en 2016. La propiedad tiene una valuación fiscal de $1.169.256 aunque su valor de mercado superaría los US$100.000.
Un documento del Registro de la Propiedad Inmueble de CABA reveló nuevos detalles sobre el patrimonio de Manuel Adorni, investigado por la Justicia.
Según se detalló en la causa, la medida apunta a verificar el origen de los fondos manejados por Adorni y su esposa. También busca contrastar esa información con las declaraciones juradas presentadas y evaluar si los consumos y movimientos resultan compatibles con los ingresos declarados.
El levantamiento del secreto fiscal se extiende además a personas que figuran como prestamistas o acreedoras del funcionario. La Justicia intentará determinar si esas personas contaban con capacidad económica real para asumir ese rol dentro de las operaciones investigadas.
La lista de personas alcanzadas por la investigación incluye a Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio. El fiscal busca establecer posibles vínculos financieros y la consistencia de las operaciones registradas en la causa.
Pollicita tomó estas medidas tras analizar documentos incorporados al expediente, como informes registrales, escrituras, declaraciones juradas y testimonios. En ese marco, declaró la escribana Adriana Nechevenko y previamente el exfutbolista Hugo Morales, vinculado a una propiedad en Caballito.
El fiscal solicitó que el análisis abarque desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad. La intención es comparar la evolución patrimonial antes y después del ingreso de Adorni a la función pública y detectar posibles variaciones que requieran explicación.
Entre las medidas ordenadas, se pidió al Banco Central de la República Argentina (BCRA) un informe completo sobre cuentas, tarjetas, préstamos, inversiones y otros productos financieros. También se incluyeron billeteras virtuales y plataformas digitales, con el fin de relevar todas las operaciones relevantes para la investigación.