El Gobierno nacional oficializó en las últimas horas, a través del Decreto 516/2021 publicado en el Boletín Oficial, la reglamentación de la ley que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), sancionada el 30 de diciembre de 2020.
En el documento oficial se detallan los ejes del decreto reglamentario, que reafirma que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar tienen derecho a interrumpir el embarazo sin necesidad de autorización judicial.
En tanto, el 28 de mayo último se publicó en el Boletín el Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo adecuado a la normativa.
Con estos antecedentes, sólo estaba pendiente la reglamentación que respalda el Protocolo y establece “la responsabilidad institucional” para garantizar el acceso a la IVE hasta la semana 14 de gestación, y a la Interrupción legal del embarazo (ILE) por causales: peligro para la vida, para la salud de la mujer o violación.
De esta manera se garantiza el derecho a las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar en todo el territorio de la Argentina “en condiciones de igualdad”.
Por lo tanto, el sector público de la salud, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga “tienen responsabilidades y obligaciones” para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo y la atención posaborto.
También se aclaró que el “personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de emergencia”, ya que se “pondría en riesgo la salud física o la vida de la persona gestante”.
Además “se robustece” el deber de respetar el derecho a la confidencialidad por parte de todo el personal sanitario, y se aclara que no podrá entregarse información clínica, salvo que exista orden judicial expresa que releve de este deber en una causa judicial.
Sobre el derecho a la autonomía de la libertad fija que “en ningún caso” el personal de salud “puede obstaculizar, presionar o interferir engañosamente” en la decisión de las personas gestantes.
Y por último, se contempló que, ante situaciones de violencia de género, el personal de salud deberá entregar información sobre sus derechos a las víctimas, como también sobre los recursos de atención y canales para realizar una denuncia penal y contar con asesoramiento.
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