El contador Héctor Pagola (70), el locutor Lucio Pazos (45), y Natalia Velázquez, seguirán detenidos ya que el juez de Garantías de La Plata Eduardo Silva Pelossi les dictó la prisión preventiva solicitada por la fiscal Virginia Bravo, pero con un encuadre legal distinto. La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de La Plata caratuló el expediente como “explotación económica del ejercicio de la prostitución de mayores de edad agravado por la situación de vulnerabilidad de las víctimas”, pero para el juez se trata de un hecho de “trata de personas”. Ante ese panorama el magistrado declinó la competencia para que la causa pase al fuero Federal (el delito de trata es materia de la justicia Federal) pero la fiscal apelará ese tramo de la resolución.
La causa se inició en noviembre de 2020. Tras colectar las evidencias del caso la fiscal logró que el juez otorgue varias órdenes de allanamientos. La redada policial y judicial fue el sábado 19 de junio pasado en varios domicilios de La Plata en los que se liberaron a doce mujeres, cuatro de ellas de nacionalidad paraguaya. También se secuestró dinero en efectivo, dólares, juguetes sexuales, computadoras y filmadoras.
De acuerdo a lo que se desprende del expediente, los investigadores tomaron conocimiento sobre varios domicilios de la ciudad donde se realizaba el negocio ilícito de la prostitución. En esos lugares, denominados como “casas de citas”, distintas mujeres eran explotadas sexualmente aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
Los allanamientos se ejecutaron en calle 43 entre 16 y 17. Allí, identificaron a 8 mujeres, a un cliente ocasional de 19 años y detuvieron a una mujer de 42 años que administraba el lugar. También en una vivienda de calle 12 esquina 37, donde arrestaron al locutor Pazos.
En 143 entre 32 y 34, se identificó a otras cuatro trabajadoras sexuales, y arrestaron a una mujer de 49 años, alias “La Susy”, que llevaba adelante el negocio.
Por último, en calle 32 entre 136 y 137, fue detenido el contador Pagola y se secuestraron computadoras, filmadoras, pendrives, tarjetas de servicios sexuales, una escopeta de aire comprimido y contratos de alquileres de los domicilios allanados. Este allanamiento fue objetado por el abogado Darío Saldaño, quien denunció a personal policial a quienes acusó de llevarse dinero y cheques.
