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¿Cuáles son las pruebas por las que el marido de Carolina Piparo podría ir a juicio oral?

En un minucioso requerimiento se despliegan las evidencias que complican a Juan Ignacio Buzali quien podría pedir juicio por jurados dada la grave acusación.
¿Cuáles son las pruebas por las que el marido de Carolina Piparo podría ir a juicio oral?

Relatos de testigos. Videos de cámaras de seguridad. Informes médicos. Pericia accidentológica. Reportes de llamadas al 911. Todo esto conforman la base del pliego probatorio que la fiscal María Eugenia Di Lorenzo desarrolló en las 13 fojas que conforman el pedido de juicio oral para Juan Ignacio Buzali, el marido de la diputada provincial Carolina Piparo (Juntos por el Cambio), procesado con prisión preventiva (que cumple bajo arresto domiciliario) por el delito de intento de homicidio, que tiene una pena en expectativa que oscila entre 4 y 16 años de cárcel.

Tras analizar toda la prueba la fiscal concluyó que el acusado tuvo “la clara intención (…) de causar la muerte en las víctimas”, según se lee con claridad en la documentación judicial a la que accedió 0221.com.ar. En el expediente se deja en claro que la pareja fue víctima de un asalto, pero una hora después del atraco y a varias cuadras del lugar Buzali “toma la decisión indiscutible, a la luz de las filmaciones” que figuran en la causa “de perseguir a gran velocidad y por varios metros a las víctimas”, Luis Lavalle y un menor de edad que circulaban en una moto “en franca desprotección” frente al acusado “y cuando los tuvo a su alcance, lejos de desistir en su accionar y pudiendo realizar otra maniobra -actuando siempre sobre seguro-, embistió de frente, atropellando con la parte delantera de su automóvil y más precisamente en su sector medio, la zona trasera del motovehículo colisionado, con el claro fin de ocasionarles la muerte a las víctimas que iban arriba del mismo, con el ‘azaroso’ desenlace de no haber logrado tal resultado y solo causarle lesiones”.

La fiscal también valoró la conducta desplegada por el acusado (quien estaba en compañía de su esposa) luego de atropellar a las víctimas quien “lejos de detenerse, llamar a la policía y preocuparse por los jóvenes a los que atropello, huyó del lugar a gran velocidad, arrastrando” la moto “sin siquiera preocuparse por si alguno” de los jóvenes “pudiera haber quedado atrapado entre la moto y el vehículo, demostrando con ello un total desprecio por el resultado de su accionar” y así quedó en evidencia “no sólo en la falta de asistencia” a las víctimas y con total conocimiento de haberlas arrollada-, sino en la circunstancia de haberse fugado del lugar, “todo ello con la intención de ocultar su participación criminal”.

Para verificar la intención de matar (dolo homicida) la fiscal entendió que el medio utilizado (un auto) es idóneo para producir la muerte, es decir, la asemejó a un arma letal. También calibró “el aprovechamiento del desamparo de los conductores del motovehículo por circular con un rodado de menor porte, complementado con la falta de posibilidad de evitar ser colisionados en tanto son embestidos por detrás, lo que podría haber razonablemente causado la muerte de las víctimas”.

La acusación también hizo foco en uno de los llamados al 911 que realizó Carolina Piparo desde el teléfono de su marido, ya que el de ella fue sustraído en el robo. En esa comunicación Piparo “menciona únicamente la circunstancia” de que el auto conducido por su esposo era “perseguido” por motos “sin dar cuenta en momento alguno de la colisión (…) a una moto en instantes previos, evidenciando con ello su actitud asumida -de no asistirlos- ante el hecho de haber impactado un motovehículo con dos personas a bordo”. Del llamado al 911 “surge el haber proporcionado datos falsos cuando su esposa llama y refiere estar siendo perseguida por motochorros, y asimismo, luego de ello, el aquí imputado refiere idénticas palabras”.

A los investigadores les resulta “dificultoso de entender” que “una víctima de un robo con arma no posee temor de comenzar una persecución contra quienes minutos previos lo atacaron con un arma de fuego”. En su declaración Buzali refirió que tras el accidente se sintió envuelto por un temor -"nervioso, abrumado y temeroso" en sus palabras- que lo llevó a no detener su rodado. “Dicho en otras palabras, no le genera temor perseguir a quienes suponían delincuentes con armas de fuego pero si le genera temor, luego de atropellar a las víctimas (…), sentirse perseguidos por los propios compañeros que le pedían que detenga la marcha”, destacó la fiscal.

Desde la fiscalía consideran que Buzali no tuvo motivos razonables para perseguir a un grupo de motociclistas en la creencia de que eran los que minutos antes habían asaltado a su esposa utilizando un arma de fuego -y poner en peligro tanto a él como a su esposa-, como así tampoco para perder de vista a estos motochorros y creer que resultan ser el grupo de motos que encuentran en cuadras posteriores, colisionando inclusive luego a uno de ellos. “Por el contrario, es el propio imputado el que se colocó en dicha situación y decidió embestir a quienes nada tenían que ver con el hecho que motivara la persecución” se concluyó en el requerimiento de juicio.

La fiscal solicitó también que el caso sea juzgado por un Tribunal Oral en lo Criminal y dejó abierta la posibilidad que también sea mediante un juicio por jurados, pero esa posibilidad es potestad de la defensa solicitarla. Buzali tiene en el horizonte una posible pena en expectativa de 4 a 16 años de cárcel, el delito no es excarcelable. Está detenido con arresto domiciliario y este tiempo se computará ante una eventual condena, es decir, como todas las personas que tienen prisión preventiva, cumple una pena por adelantado sin condena firme. Es una potestad que tiene el Estado para garantizar el desarrollo del proceso penal y no poner en riesgo la investigación.

Por las características del hecho, su encuadramiento legal y la pena en expectativa, la fiscal Di Lorenzo entendió que “no resulta procedente la aplicación de procedimientos de abreviación del proceso”, es decir, el caso debe juzgarse en audiencias públicas, de cara a la sociedad. Este requerimiento fiscal ya fue notificado a las partes del proceso (defensa y particulares damnificados) para que hagan sus planteos. Con todas las posturas sobre la mesa, la requisitoria deberá ser resuelta en el Juzgado de Garantías 5 de La Plata a cargo de la magistrada Marcela Garmendia.

La defensa de Buzali, a cargo del abogado Marcelo Peña, adelantó que se opondrán a la requisitoria fiscal, pedirán que el caso se encuadre como lesiones y solicitar el sobreseimiento de la figura de homicidio en grado de tentativa.

Cabe aclarar que la resolución que se dicte en el juzgado de Garantías no es definitiva, ya que la parte que se sienta disconforme (agraviada en términos jurídicos) tendrá la posibilidad de llevar sus planteos ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata.

EL CASO

Piparo denunció que en la madrugada del 1 de enero de 2021 fue asaltada por tres parejas de "motochorros" en la calle 47, entre 15 y 16, cuando su esposo estacionó el auto para dejar a su papá en su casa.

Según la legisladora, cuando se dirigía con su marido a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos delincuentes que los habían asaltado. En la calle 21 y 40, Buzali chocó por detrás a una de las motos en la que viajaban dos jóvenes (Luis Lavalle y un menor de 17 años) a los que dejó tirados en el piso.

En su declaración indagatoria, el marido de la legisladora afirmó que "lo que pasó fue un infortunio y un accidente", que "jamás" quiso "lastimar a nadie", pero para la fiscal su conducta evidenció "un total desprecio por el resultado de su accionar". Buzali está detenido desde el pasado 9 de enero por orden de la jueza Garmendia, quien rechazó tiempo el pedido de excarcelación presentado por su defensa, lo que fue ratificado por la Cámara de Apelaciones de La Plata. En abril pasado ese tribunal de Alzada otorgó el arresto domiciliario.

¿Cuáles son las pruebas por las que el marido de Carolina Piparo podría ir a juicio oral?
ROBO, CHOQUE Y FUGA

¿Cuáles son las pruebas por las que el marido de Carolina Piparo podría ir a juicio oral?

En un minucioso requerimiento se despliegan las evidencias que complican a Juan Ignacio Buzali quien podría pedir juicio por jurados dada la grave acusación.

22 de julio de 2021

Relatos de testigos. Videos de cámaras de seguridad. Informes médicos. Pericia accidentológica. Reportes de llamadas al 911. Todo esto conforman la base del pliego probatorio que la fiscal María Eugenia Di Lorenzo desarrolló en las 13 fojas que conforman el pedido de juicio oral para Juan Ignacio Buzali, el marido de la diputada provincial Carolina Piparo (Juntos por el Cambio), procesado con prisión preventiva (que cumple bajo arresto domiciliario) por el delito de intento de homicidio, que tiene una pena en expectativa que oscila entre 4 y 16 años de cárcel.

Tras analizar toda la prueba la fiscal concluyó que el acusado tuvo “la clara intención (…) de causar la muerte en las víctimas”, según se lee con claridad en la documentación judicial a la que accedió 0221.com.ar. En el expediente se deja en claro que la pareja fue víctima de un asalto, pero una hora después del atraco y a varias cuadras del lugar Buzali “toma la decisión indiscutible, a la luz de las filmaciones” que figuran en la causa “de perseguir a gran velocidad y por varios metros a las víctimas”, Luis Lavalle y un menor de edad que circulaban en una moto “en franca desprotección” frente al acusado “y cuando los tuvo a su alcance, lejos de desistir en su accionar y pudiendo realizar otra maniobra -actuando siempre sobre seguro-, embistió de frente, atropellando con la parte delantera de su automóvil y más precisamente en su sector medio, la zona trasera del motovehículo colisionado, con el claro fin de ocasionarles la muerte a las víctimas que iban arriba del mismo, con el ‘azaroso’ desenlace de no haber logrado tal resultado y solo causarle lesiones”.

La fiscal también valoró la conducta desplegada por el acusado (quien estaba en compañía de su esposa) luego de atropellar a las víctimas quien “lejos de detenerse, llamar a la policía y preocuparse por los jóvenes a los que atropello, huyó del lugar a gran velocidad, arrastrando” la moto “sin siquiera preocuparse por si alguno” de los jóvenes “pudiera haber quedado atrapado entre la moto y el vehículo, demostrando con ello un total desprecio por el resultado de su accionar” y así quedó en evidencia “no sólo en la falta de asistencia” a las víctimas y con total conocimiento de haberlas arrollada-, sino en la circunstancia de haberse fugado del lugar, “todo ello con la intención de ocultar su participación criminal”.

Para verificar la intención de matar (dolo homicida) la fiscal entendió que el medio utilizado (un auto) es idóneo para producir la muerte, es decir, la asemejó a un arma letal. También calibró “el aprovechamiento del desamparo de los conductores del motovehículo por circular con un rodado de menor porte, complementado con la falta de posibilidad de evitar ser colisionados en tanto son embestidos por detrás, lo que podría haber razonablemente causado la muerte de las víctimas”.

La acusación también hizo foco en uno de los llamados al 911 que realizó Carolina Piparo desde el teléfono de su marido, ya que el de ella fue sustraído en el robo. En esa comunicación Piparo “menciona únicamente la circunstancia” de que el auto conducido por su esposo era “perseguido” por motos “sin dar cuenta en momento alguno de la colisión (…) a una moto en instantes previos, evidenciando con ello su actitud asumida -de no asistirlos- ante el hecho de haber impactado un motovehículo con dos personas a bordo”. Del llamado al 911 “surge el haber proporcionado datos falsos cuando su esposa llama y refiere estar siendo perseguida por motochorros, y asimismo, luego de ello, el aquí imputado refiere idénticas palabras”.

A los investigadores les resulta “dificultoso de entender” que “una víctima de un robo con arma no posee temor de comenzar una persecución contra quienes minutos previos lo atacaron con un arma de fuego”. En su declaración Buzali refirió que tras el accidente se sintió envuelto por un temor -"nervioso, abrumado y temeroso" en sus palabras- que lo llevó a no detener su rodado. “Dicho en otras palabras, no le genera temor perseguir a quienes suponían delincuentes con armas de fuego pero si le genera temor, luego de atropellar a las víctimas (…), sentirse perseguidos por los propios compañeros que le pedían que detenga la marcha”, destacó la fiscal.

Desde la fiscalía consideran que Buzali no tuvo motivos razonables para perseguir a un grupo de motociclistas en la creencia de que eran los que minutos antes habían asaltado a su esposa utilizando un arma de fuego -y poner en peligro tanto a él como a su esposa-, como así tampoco para perder de vista a estos motochorros y creer que resultan ser el grupo de motos que encuentran en cuadras posteriores, colisionando inclusive luego a uno de ellos. “Por el contrario, es el propio imputado el que se colocó en dicha situación y decidió embestir a quienes nada tenían que ver con el hecho que motivara la persecución” se concluyó en el requerimiento de juicio.

La fiscal solicitó también que el caso sea juzgado por un Tribunal Oral en lo Criminal y dejó abierta la posibilidad que también sea mediante un juicio por jurados, pero esa posibilidad es potestad de la defensa solicitarla. Buzali tiene en el horizonte una posible pena en expectativa de 4 a 16 años de cárcel, el delito no es excarcelable. Está detenido con arresto domiciliario y este tiempo se computará ante una eventual condena, es decir, como todas las personas que tienen prisión preventiva, cumple una pena por adelantado sin condena firme. Es una potestad que tiene el Estado para garantizar el desarrollo del proceso penal y no poner en riesgo la investigación.

Por las características del hecho, su encuadramiento legal y la pena en expectativa, la fiscal Di Lorenzo entendió que “no resulta procedente la aplicación de procedimientos de abreviación del proceso”, es decir, el caso debe juzgarse en audiencias públicas, de cara a la sociedad. Este requerimiento fiscal ya fue notificado a las partes del proceso (defensa y particulares damnificados) para que hagan sus planteos. Con todas las posturas sobre la mesa, la requisitoria deberá ser resuelta en el Juzgado de Garantías 5 de La Plata a cargo de la magistrada Marcela Garmendia.

La defensa de Buzali, a cargo del abogado Marcelo Peña, adelantó que se opondrán a la requisitoria fiscal, pedirán que el caso se encuadre como lesiones y solicitar el sobreseimiento de la figura de homicidio en grado de tentativa.

Cabe aclarar que la resolución que se dicte en el juzgado de Garantías no es definitiva, ya que la parte que se sienta disconforme (agraviada en términos jurídicos) tendrá la posibilidad de llevar sus planteos ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata.

EL CASO

Piparo denunció que en la madrugada del 1 de enero de 2021 fue asaltada por tres parejas de "motochorros" en la calle 47, entre 15 y 16, cuando su esposo estacionó el auto para dejar a su papá en su casa.

Según la legisladora, cuando se dirigía con su marido a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos delincuentes que los habían asaltado. En la calle 21 y 40, Buzali chocó por detrás a una de las motos en la que viajaban dos jóvenes (Luis Lavalle y un menor de 17 años) a los que dejó tirados en el piso.

En su declaración indagatoria, el marido de la legisladora afirmó que "lo que pasó fue un infortunio y un accidente", que "jamás" quiso "lastimar a nadie", pero para la fiscal su conducta evidenció "un total desprecio por el resultado de su accionar". Buzali está detenido desde el pasado 9 de enero por orden de la jueza Garmendia, quien rechazó tiempo el pedido de excarcelación presentado por su defensa, lo que fue ratificado por la Cámara de Apelaciones de La Plata. En abril pasado ese tribunal de Alzada otorgó el arresto domiciliario.

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En un minucioso requerimiento se despliegan las evidencias que complican a Juan Ignacio Buzali quien podría pedir juicio por jurados dada la grave acusación.