En un contexto de retracción generalizada producto de la pandemia de coronavirus y su impacto en la economía, la recaudación propia global de la Municipalidad de La Plata cayó en 2020 un 14% respecto a las previsiones del Presupuesto de ese año. El golpe más fuerte lo sufrieron los tributos que tienen mayor participación en la economía, como las tasas de Seguridad e Higiene y de Servicios Urbanos Municipales (SUM), las que sumadas representan el 71% de los ingresos. Sin embargo, según se desprende de los números elevados por el intendente Julio Garro al Concejo Deliberante, existe un ingreso que subió exponencialmente en los últimos dos años y se constituyó en el único que registró un resultado positivo.
El dato fue explicitado por Carlos Mongan, el funcionario a cargo de la APR (Agencia Platense de Recaudación), en la reunión de la Comisión de Hacienda en la que se abordó la Rendición. La suba de los ingresos en ese rubro fue del orden del 40% respecto a 2019 pero de casi el 2.200% si se tienen en cuenta los números de 2018.
El dato es curioso en tiempos donde prima la merma en la recaudación y la tasa en cuestión es la de Verificación de Estructuras para antenas usadas fundamentalmente por empresa de telecomunicaciones. Es un gravamen que de todos modos tiene una incidencia mínima (del orden del 1%) en los ingresos municipales. La explicación de semejante incremento es sencilla y fue explicada por el funcionario: hubo un intenso programa de registro de estructuras y antenas que estaban fuera de toda regulación y empezaron a tributar.
Así se pasó de poco más de 4,6 millones en 2018 a casi 66 millones en 2019 y a más 92 millones de pesos en el primer año de la pandemia. "Más de cien antenas que no estaban habilitadas empezaron a pagar y ya casi todas lo hacen", dijo Mongan.
A eso se suman otros 27 millones recaudados con la Tasa de Habilitación de emplazamiento de esas estructuras que empezó a cobrarse en el período 2019, cuando apenas ingresaron tres millones de pesos. Con lo cual el incremento en los ingresos por esas dos tasas fue notorio: de poco menos de cinco millones en 2018 a casi 120 millones el año pasado.
El ingreso es nuevo para las arcas comunales. La ordenanza 10.414 reglamenta desde 2008 la instalaciones de antenas de radiofrecuencias y de sus estructuras de soporte e impide su instalación en plazas, ramblas, parques o cualquier otro espacio verde destinado al uso público. Tampoco cerca de establecimientos educacionales de cualquier nivel, templos religiosos, clubes e instituciones intermedias y centros de salud en todas sus escalas, ni de inmuebles catalogados con valor patrimonial.
Según indicaron a 0221.com.ar fuentes municipales, esa norma resultaba excesivamente restrictiva ya que no permitía instalar prácticamente ninguna antena. "Eso generó un 'descontrol' ya que las a empresas optaban por instalar las antenas 'a riesgo', es decir sin ningún tipo de habilitación por parte del Estado municipal. En tanto que el Municipio no tenía información ni podía cumplir con su rol de control ni recaudar", indicaron.
Además del factor recaudatorio, esa situación generaba un riesgo para la población y su salud. Recuerdan -por ejemplo- la caída de una estructura que se encontraba dentro del predio del Hipódromo de La Plata.
Por eso en 2016 APR emitió una resolución general (la número 9) con el objetivo de establecer una "fiscalización inteligente" basada en el cruce de información de las áreas de Planeamiento, con el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) y el Enacom y el análisis satelital, además de la realización de operativos de fiscalización de las estructuras.
A eso se sumó la ordenanza 11.667 sancionada y promulgada en 2018 para establecer los requisitos para el otorgamiento de la habilitación de estructuras y fijar pautas a nivel tributario, las cuales fueron incluidas en las ordenanzas Fiscal e Impositiva, con la posibilidad de intimar a las empresas. Con esa herramienta se facilitó la habilitación y control de las estructuras.
Con el cruce de información lograron detectar inconsistencias en las declaraciones de las empresas. Eso se complementó con la realización de operativos de fiscalización remota y presencial para corroborar la existencia de las estructuras e identificar sus características. Si bien ese proceso se encuentra todavía en marcha, el trabajo logró la incorporación a la regulación de 164 estructuras que habían sido instaladas sin ningún tipo de control estatal y que no estaban tributando. Desde hace dos años empezaron a engrosar las arcas comunales y hoy, en plena pandemia, representan la base imponible de la única tasa con resultado positivo.
