Mientras negocia con los rectores, el Gobierno planea impulsar una nueva Ley de Financiamiento Universitario durante el debate del Presupuesto 2027.
El gobierno nacional planea impulsar una nueva Ley de Financiamiento Universitario durante el debate del Presupuesto 2027. La decisión se mantiene pese al entendimiento que negocia con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para recomponer salarios y reforzar partidas.
En la Casa Rosada sostienen que el debate presupuestario es el ámbito adecuado para discutir el esquema de financiamiento universitario. El planteo retoma una postura que el Ejecutivo ya había intentado impulsar durante la discusión de las asignaciones correspondientes a 2026.
El FMI destacó avances en la estabilización, valoró la baja inflacionaria y remarcó la necesidad de sostener cambios estructurales para las cuentas públicas.
La CONADU anunció un paro nacional docente universitario del 16 al 20 de junio para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento.
La estrategia oficial también está condicionada por el frente judicial. Si la Corte Suprema falla en contra del Gobierno, la administración nacional quedaría obligada a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario vigente, una norma que el oficialismo cuestiona porque, según argumenta, no establece una fuente específica de financiamiento. En ese sentido, advierten que un eventual fallo se produciría en un contexto de ajuste fiscal, menor margen de recaudación y con la meta de sostener el superávit fiscal.
Mientras tanto, las universidades no tienen previsto retirar la demanda presentada ante la Justicia. En el CIN remarcan que el acuerdo económico en negociación no implica desistir del reclamo que actualmente analiza el máximo tribunal.
Según fuentes universitarias, la propuesta contempla una recomposición de la masa salarial del 24,33%. El esquema incluye un aumento del 21,33% en junio sobre los salarios básicos vigentes a mayo de 2026 y otro 3% en octubre sobre los básicos de septiembre.
El borrador también prevé una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas desde junio de 2026, junto con un incremento de $50.000 millones para hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
Otro de los puntos incluidos es la convocatoria periódica a paritarias para docentes y no docentes, con una frecuencia que no podrá superar los tres meses calendario, uno de los principales reclamos planteados por los gremios universitarios.
En el Ejecutivo buscan presentar el acuerdo como una herramienta para descomprimir el conflicto con las universidades sin abandonar su cuestionamiento a la ley vigente. La posición oficial sostiene que cualquier incremento permanente del gasto debe discutirse dentro del presupuesto y no mediante una norma específica.
Como antecedente, el Gobierno había elaborado durante el verano una propuesta alternativa que incluía un aumento del 20% para gastos de funcionamiento, actualizaciones salariales escalonadas, revisiones atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y mejoras en becas. Esa iniciativa no prosperó en el Congreso, pero ahora vuelve a aparecer como referencia para el debate presupuestario de 2027.
La discusión se produce además en medio de la reciente reestructuración presupuestaria que implicó un recorte cercano a $2,5 billones. La medida tuvo impacto en educación, universidades, obras públicas, subsidios y otros programas. Según fuentes oficiales, el costo de aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario sería de una magnitud similar.