Con la intención de fortalecer la mirada de género en el voluminoso expediente en el que se intenta develar el misterio que rodea al crimen de Johana Luján Ramallo, la Justicia Federal prepara una batería de nuevas medidas para reencausar la investigación y profundizar la hipótesis de “femicidio en contexto de crimen organizado”.
Así lo adelantó la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, quien dispuso la constitución de un equipo de cuatro instructores que trabajan sobre un dictamen con el que se busca reactivar el caso del que próximamente se cumplirán cuatro años y que hasta el momento no ha conseguido avances significativos.
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La intervención de la UFEM comenzó hace poco más de un mes a propuesta por el juez Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, donde la causa tramita bajo el número 76789/2017.
Luego de interiorizarse del caso, Ramos Padilla observó déficits en la instrucción y consideró necesario imprimir un mayor énfasis en la acusación fiscal. Eso fue lo que pidió, mediante un resolutorio, al fiscal Guillermo Ferrara, al tiempo que sugirió la convocatoria de la UFEM.
El organismo conducido por Labozzetta, encargado de desplegar estrategias de investigación criminal en casos atravesados por la violencia contra las mujeres, tiene como modelo un protocolo elaborado en el ámbito de la ONU, se encuentra realizando un trabajo pormenorizado sobre el expediente para sistematizar información y analiza los pasos a seguir, que serán dados a conocer en un dictamen que estará listo en las próximas semanas. Según esa guía de acción, ante toda muerte violenta de una mujer deben agotarse las instancias investigativas para descartar que se trate de un femicidio.
No se descarta que también se coordinen acciones con otras estructuras del Ministerio Público como la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a Víctimas (DOVIC), o las direcciones de Políticas de Género y de Derechos Humanos, algunas de las cuales ya han intervenido en el caso en algún momento.
“La idea es profundizar la perspectiva de género en el expediente a partir de fortalecer la hipótesis de femicidio vinculado con crimen organizado”, señaló en diálogo con 0221.com.ar Labozzetta, para quien se trata de un caso muy complejo, atravesado por una variable de gran vulnerabilidad en la que se hallaba inmersa la víctima y su entorno. Para los parámetros de acción de la UFEM es esencial garantizar el acompañamiento y el respeto de los derechos de las víctimas y sobrevivientes así como su participación efectiva en el proceso penal. “Trabajar con una querella activa es muy importante”, aseguró la fiscal. “Es un caso que tiene muchos desafíos para litigios estratégicos, por eso vamos a trabajar muy seriamente”, prometió.
Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que puede haber testigos intimidados o que incluso formen parte como eslabones de una cadena delictiva y teman consecuencias por aportar información sustancial en sus testimonios. La funcionaria judicial considera prematuro adelantar una opinión hasta terminar de confeccionar un primer dictamen sobre el que se trabaja con el fin de requerir nuevas medidas de prueba.
En la jerga de los pesquisas el de Johana es hoy “un caso frío” por el paso del tiempo que vuelve irrecuperables ciertos aspectos de una investigación como ésta, donde no se ha podido dilucidar la escena del crimen.
En la causa no hay hoy ningún imputado. Fuentes con acceso al expediente aseguran que el cúmulo de trámites, toma de declaraciones y diligencias realizadas da cuenta de un amplio trabajo aunque, también, revela la ausencia de resultados favorables para una pesquisa establecida alrededor de una oscura trama en la que se conjugan, en dosis aún difusas, prostitución, narcomenudeo, marginalidad extrema y abandono.
EL CASO
Johana Ramallo tenia 23 años cuando fue vista con vida por ultima vez el 26 de julio de 2017 en la “zona roja” de La Plata donde ejercía la prostitución. Su cuerpo mutilado fue hallado meses después en la costa de Berisso. Originalmente la causa fue radicada en la justicia provincial y recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2, conducida por la fiscal Betina Smolej de Lacki, como una búsqueda de paradero. Tras dos meses de presión los abogados de la familia consiguieron pasar la investigación a la justicia federal y encuadrarla como un caso de infracción ley N° 26.364, que desde 2008 se encarga de investigar la trata de personas.
Ramos Padilla es el cuarto juez a cargo del caso. A la breve intervención de la titular del Juzgado de Garantías N° 5 Marcela Garmendia en la justicia ordinaria, le siguieron los jueces subrogantes Ernesto Kreplak y Adolfo Gabino Ziulu. Ninguno logró que la causa registrara el más mínimo avance.
A su vez, la representación de la víctima -hoy asumida por las abogadas Valeria Monetta y María Inés Lopisi- también tuvo vaivenes. Cumplieron alternativamente ese rol Víctor Hortel, Silvina Perugino, Josefina Rodrígo, Luz Santos Morón y Pía Garralda. Incluso llegaron a intervenir, aunque fugazmente, representantes de la Fundación María de los Ángeles que preside Susana Trimarco.
Ramos Padilla asumió a fines de febrero último al frente del juzgado platense que se hallaba vacante desde 2014 a raíz del fallecimiento de su anterior titular Manuel Humberto Blanco. El ex juez federal de Dolores tiene por delante un año difícil: el tribunal a su cargo tiene la competencia electoral en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, donde reside nada menos que el 40 por ciento del padrón electoral. Por eso, antes de enfrascarse en la ardua tarea de organizar y fiscalizar los próximos comicios quiso encausar los temas complejos y urgentes en trámite en el juzgado, según confiaron fuentes tribunalicias.
Respecto de la causa de Johana Ramallo, el magistrado sugirió profundizar las indagaciones alrededor de zona roja. El magistrado encontró inconsistencias en algunos testimonios vinculados al submundo de los proxenetas que mantenían contactos con la víctima sobre los que consideró importante ahondar. A su vez, pidió prestar atención al accionar de los efectivos de la comisaría Novena, con jurisdicción en el lugar así como a todo lo concerniente a la comercialización de estupefacientes que, tal como surge de los testimonios incorporados, prolifera en ese ámbito.
La hipótesis de que Johana fue secuestrada y luego asesinada por una red de trata con complicidad policial es sostenida desde el comienzo por Marta Ramallo, madre de la víctima. Sin embargo, no logró constituirse en una línea de investigación firme por falta de las pruebas necesarias, tal como lo han reconocido tanto los magistrados intervinientes como los miembros de la propia querella.
Entre las fojas de la causa hay muchos testigos vinculados con la actividad de la zona roja que tienen como común denominador una coincidente y obstinada reticencia en sus testimonios. Las patrocinantes de la familia de la víctima aseguran que en muchos aspectos la instrucción presenta severas irregularidades. Una de las mayores anomalías tiene que ver con el hallazgo del cuerpo que fue encontrado esparcido en la costa de Berisso a mediados de 2018. Sin embargo, y por razones que hasta el momento nadie ha logrado explicar, el reconocimiento de esos restos solo se consiguió en abril del año siguiente.
Así las cosas, en la nueva etapa del caso las sospechas de la familia de Johana parecen coincidir con las de los encargados de investigar lo ocurrido. Las abogadas Monetta y Lopisi insisten en la necesidad de trabajar en la zona roja convencidas de que allí hay quienes tienen información sobre lo ocurrido pero también mucho miedo que les impide revelarlo. Por eso las profesionales el año pasado hicieron hincapié en fortalecer la oferta de una recompensa ($500 mil) a través del programa Buscar del Ministerio de Seguridad que permitiría, a través de la línea gratuita 134, recibir datos sobre el delito y sus posibles responsables.
De acuerdo con los datos que maneja la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) dependiente del Ministerio Público Fiscal, a partir de llamados al número gratuito 145 habilitado en todo el país para denunciar casos de trata de personas, La Plata se encuentra entre las ciudades que ostentan la mayor cantidad de denuncias por ese tipo de hechos en los últimos cuatro años.
Sumida en un dolor profundo, Marta, la mamá de Johana, fue contenida por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, que hasta le ofreció trabajo en la unidad académica a partir del impulso de la por entonces secretaria de Género de la institución, Flavia Delmas, quien hoy continúa en la misma cruzada desde la conducción de la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, desde donde se promueve la idea de constituir una suerte de “Nunca Más para la violencia femicida”, tal como propuso semanas atrás la ministra Estela Díaz, en declaraciones a la agencia oficial Télam.