Cuatro policías que formaban parte del comando de patrullas de la comisaría Sexta (con jurisdicción en parte de las localidades de Tolosa y Ringuelet) deberán llevar sus defensas a juicio oral. El juez de Garantías hizo lugar al pedido de la fiscalía y elevó el expediente a debate público.
Los acusados se negaron a declarar ante el fiscal que los procesó por apremios ilegales a un joven detenido en la seccional, a quien amenazaron con someterlo a torturas mediante el uso de una picana eléctrica. Tras esa audiencia el fiscal solicitó la elevación a juicio medida que fue concedida por el juez Pablo Raele, titular del juzgado de Garantías 3 de La Plata.
El hecho ocurrió en julio de 2020 en la seccional ubicada en 1 entre 528 y 529. El caso fue de tal gravedad que se expidió hasta el Comité Nacional contra la Tortura en Argentina. La causa se investiga en la Unidad Funcional de Instrucción 3 de La Plata.
En el inicio de la investigación se imputó a dos integrantes del comando de la seccional, pero con el avance de la pesquisa y la producción de pruebas, se determinó que los posibles autores del hecho fueron los integrantes del grupo comando y se desligó al personal de la seccional, según se desprende del expediente. Así se concluyó que dos de los acusados deberán responder por los delitos de apremios ilegales y otros dos por falso testimonio y encubrimiento agravado.
Los hechos investigados ocurrieron el pasado 25 de julio, alrededor de la 5, cuando policías bonaerenses patrullaban la zona de Tolosa y persiguieron durante algunas cuadras al adolescente ante la sospecha de que había cometido un robo. Tras su aprehensión, el adolescente fue trasladado a la comisaría Sexta, donde, según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), lo alojaron "en un calabozo sin ningún mobiliario" y lo obligaron a permanecer "de pie durante más de nueve horas", al tiempo que "tres policías, de manera sistemática, le aplicaron descargas eléctricas con una picana para sacarle información".
El caso salió a la luz varios días después de ocurrido y se sospecha que los policías acusados de encubrimiento sabían de la existencia de un video con las amenazas al joven y no lo denunciaron.
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