La causa aún abierta por la trágica inundación que golpeó a La Plata los días 2 y 3 de abril de 2013 registra novedades de los últimos días que se vienen trabajando bajo un prudente silencio por parte de platenses damnificados, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.
Se trata de un legajo penal que está radicado en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón. En rigor se trata del expediente “Alcance 1” que heredó de sus predecesores en el cargo, Jorge Paolini y Hugo Tesón, en el que se apunta a las responsabilidades políticas de la tragedia.
Luego del naufragio de la capital bonaerense, hubo decenas de denuncias que apuntaban a investigar distintos tipos de delitos. Las mismas se agruparon en tres grandes grupos. Uno de ellos es el que indaga sobre las responsabilidades políticas de la tragedia.
El primero de los tramos de ese bloque quedó cerrado el miércoles 6 de marzo de 2018 con el juicio a Sergio Ariel Lezana, ex titular de Defensa Civil de La Plata al momento del desastre, con raíz en una lluvia extraordinaria sumada a la falta de obras de infraestructura y mantenimiento, que eran responsabilidades de las gestiones de Daniel Scioli como gobernador y Pablo Bruera como intendente. Junto a ellos, corre la suerte de varios ex funcionarios provinciales y municipales, para quienes los delitos, en principio, no prescriben.
Pero una nueva batería de nuevas medidas que se presentarán en la próxima semana serán claves para el avance definitivo de una de las aristas del caso. Marcelo Peña, abogado de uno de los damnificados, presentará la próxima semana un pedido para que su asistido sea aceptado como particular damnificado en la causa, una especie de querellante particular. En caso de ser aceptado, estará en condiciones de producir medidas de pruebas o solicitarlas al fiscal del caso.
En diálogo con este medio el abogado no descartó pedir el cambio de Departamento Judicial de la causa “debido a la inactividad procesal” que se registra por parte de los funcionarios judiciales.
Oficialmente la provincia de Buenos Aires nunca reconoció los “al menos” 89 muertos que se detallan en la sentencia dictada por el entonces juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias. Es más, la fiscalía de Estado bonaerense (a cargo del radical Hernán Gómez) apeló esta sentencia que luego fue confirmada en la Cámara del fuero específico. A la fecha, la cifra real de muertos sigue siendo una incógnita, es una de las grandes deudas de los tres niveles del Estado con la sociedad platense.
Durante los días siguientes a la catástrofe los investigadores y funcionarios actuaron con un criterio policial, alejado de cualquier protocolo sanitario. Inclusive un funcionario del ministerio de Seguridad (Alejandro Incháurregui) elevó un protocolo de acción ante catástrofes que nunca fue tenido en cuenta. Ese documento es muy revelador en cuánto deben actuar los funcionarios encargados de determinar la cantidad real de víctimas fatales (o una cifra lo más cercana a ella posible).
La investigación en relación a lo ocurrido con los certificados de defunción también se archivó sin encontrar responsabilidades ni culpables de posibles adulteraciones de actas de defunción que enmascararon la cifra real de víctimas fatales, haciendo que la cifra final tenga una tendencia a la baja.
Dentro de este panorama el dato a tener en cuenta es que las causas están archivadas, no existen sobreseimientos ni absoluciones, es decir, que ante la aparición de nuevos elementos de prueba, esas investigaciones pueden ser abiertas nuevamente.
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