El pase a planta temporaria de unos cinco mil cooperativistas que prestan servicio a la Municipalidad de La Plata y fue anunciado por el intendente Julio Garro sigue empantanado con un conflicto que en la calle se traduce en visibles protestas que terminan paralizando la ciudad. Los sectores que se oponen a la medida sostienen que el esquema planificado por el Ejecutivo deja a muchos afuera y a otros los discrimina y perjudica económicamente. Por eso volvieron a pedir ser atendidos para poder avanzar en la evaluación "caso por caso".
En el medio, el conflicto parece desmadrado y todos los días se expresa en el microcentro que por momento queda sitiado por los cortes de calle. Este martes hubo una nueva manifestación complementada con una caravana numerosa que bordeo la Plaza Moreno y contó con la participación de organizaciones sociales y sindicales que acompañan el reclamo. "Nos nos oponemos al pase a planta, porque es algo digno, pero queremos que se aun beneficio y no un perjuicio para los trabajadores", indicaron.
Uno de los primeros puntos que los trabajadores remarcan es su cuestionamiento es la discriminación a la hora de calcular los haberes de quienes se incorporen a la planta. Apuntan a que los sueldos previstos para barrer la calles son de 13 mil pesos cuando "la empresa privada Esur, por el mismo trabajo, le paga a sus trabajadores entre 30 y 35 mil", explica Javier Burelli, coordinador del Movimiento Dignidad y Confluencia de La Plata Berisso y Ensenada, que viene trabajando en la representación de los cooperativistas.
El planteo es entonces que los ingresos "sean equitativos". La diferencia es aún mayor si se tienen en cuenta los salarios de los "bolseros" que "en Esur cobran 50 mil pesos".
Los manifestantes cuestionan también la "precariedad" de los contratos que vincularán a la Municipalidad con los trabajadores. "Aunque el Municipio asegura que no son vínculos trimestrales está claro que lo que están proponiendo es un esquema de 'destajistas', que contempla ese período de tiempo y no impide la 'no renovación' del vínculos, sin que eso sea considerado un despido", explicó Burelli a 0221.com.ar.
Pero tal vez las situaciones más grave que plantea esté relacionada con los trabajadores que quedan afuera del pase a planta. Se refieren a los mayores de 50 años, "para quienes no hay proyectos de reconversión previstos"; las personas que tienen problemas de salud y no pasarían los exámenes físicos; y los que tienen antecedentes penales y no podrían obtener los certificados de buena conducta que exige el Estado para ingresar a su plantel.
El cálculo de los cooperativistas indica que son entre 900 y mil trabajadores los que ya decidieron renunciar porque la ecuación económica no les cierra. En tanto que otros que firmaron "presionados o amenazados" después vieron el perjuicio.
En ese terreno, el punto central del cuestionamiento pasa por el echo de que ingresar a la planta municipal les impedirá acceder a otros programas relacionados con el Estado: cobrarán $13.000 de bolsillo, no se reconoce la antigüedad y dejarán de acceder a otros ingreso. Critican que por ello, en la práctica, implica una reducción salarial importante.
Aceptar las condiciones los obliga a quedar afuera de los programas nacionales como el Progresar, Hacemos Futuro o el acceso a la tarjeta Alimentar, los cuales son fundamentales para engrosar el ingreso familiar. "Les frenaría todo ingreso relacionado con el Estado, también las becas de estudio o los programas de mantenimiento de las escuelas".
Las cuentas para los cooperativistas son sencillas. Actualmente cobran poco más de ocho mil pesos a los que suman otros diez mil con los programas laborales mencionados con los que pueden llegar a los 18 o 20 mil pesos. El pase a planta implicaría para ellos un ingreso de solo 13 mil pesos que no alcanza a compensar el beneficio real que implica contar con aportes jubilatorios y obra social".
"No se trata de vivir de la 'teta del Estado', sino de tener un trabajo con ingreso digno. Si a cualquiera de los cooperativistas le pagan 30 mil pesos estarían encantados de hacerlo sin necesidad de recurrir a otra asistencia", sentenció el dirigente.
Y cerró quejándose de la falta de diálogo: "No pueden no recibirnos para charlar estas cosas, vamos a terminar pidiendo la intervención de la Provincia, porque uno de los deberes del funcionario púbico es atender los reclamos".
