Autoridades del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) presentaron una denuncia penal por “estafa” que apunta a la médica y gremialista Adriana Benavídez quien, según se investiga, facturó prestaciones médicas que no fueron realizadas mediante el uso de datos de afiliados de la obra social para completar la maniobra, confirmaron fuentes del caso a este medio. En la lista de personas afectadas aparece un fiscal de La Plata quien desconoció la firma estampada en la práctica médica facturada por la denunciada.
La profesional fue denunciada por 18 afiliados. Ante esto IOMA hizo la denuncia en el fuero Penal de La Plata, donde se deberá determinar sin percibió sumas de dinero por prestaciones que no hizo.
El hecho se ve agravado porque la médica se desempeñaba como auditora del IOMA, quien precisamente tenía a su cargo la detección de irregularidades en la presentación de las facturaciones sin prestaciones médicas. Más claro. La misma profesional que tenía que controlar que no se estafara al IOMA, era la que, se supone, cometía el delito.
La maniobra desplegada es un clásico de las estafas a la obra social. “Lo que hacía era pasar atención médica a personas que ni siquiera la conocían, entonces cuando averiguaron cuántos bonos tenían a disposición o fueron a otra consulta médica ya tenían los bonos usados”, explicaron fuentes del caso.
Uno de los datos llamativos de este episodio es que en la lista de afiliados que fueron utilizados (sin saberlo) para cometer el delito aparece el fiscal platense Jorge Paolini, quien estuvo al frente de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas (UFIC) donde investigaba delitos que se cometían desde el Estado en detrimento del erario.
La denuncia penal fue presentada a fines de diciembre pasado. Se trata de una exposición similar a la realizada por la obra social a mediados de 2020 para 12 médicos de La Plata acusados de facturar prestaciones médicas no realizadas. Solo uno de ellos quedó, por el momento, desvinculado.
La causa está en sus pasos iniciales. Los investigadores deberán citar a declaración testimonial a los afiliados cuyos datos personales fueron utilizados como instrumento para concretar la maniobra, quienes deberán ratificar en sede judicial lo expresado ante los auditores de la obra social. Además deberá
QUIÉN ES LA MÉDICA DENUNCIADA
Adriana Elizabeth Benavídez, es secretaria de Acción Social y Turismo del Sindicato Único de Profesionales Trabajadores y Técnicos del Instituto de Obra Medico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (Supttioma).
Su nombre irrumpió con fuerza a mediados de enero último al aparecer en la lista de médicos que, según denunciaron desde el sindicato, fueron despedidos por la actual gestión de IOMA a cargo del médico Homero Giles.
La relación del gremio con el Estado provincial estaba atada a un añoso amparo, sin contratos, pero la Justicia bonaerense determinó el cese de esa medida cautelar y seis integrantes del gremio quedaron desvinculados de la administración pública. Para los afectados se trata de “despidos injustificados” y “persecución gremial”, pero desde la Obra Social sostienen que se negaron a firmar un contrato de locación.
La interrupción de la relación laboral generó de parte de médicos la visibilización del conflicto mediante publicaciones en redes sociales y una anémica caravana de autos por el centro de la capital bonaerense, con paradas frente a la sede de la obra social y de la Gobernación.
