Luego de algunos idas y vueltas, el Senado aprobó y convirtió en ley este miércoles el proyecto que brinda un beneficio extraordinario por única vez a los familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el submarino ARA San Juan en 2017.
La iniciativa fue aceptada por unanimidad en la Cámara Alta, con 53 votos, y ya había recibido el visto bueno semanas atrás en la Cámara de Diputados. La misma reconoce a los familiares de la tripulación “el derecho a percibir por única vez un beneficio extraordinario de carácter económico por grupo familiar”.
Taty Almeida murió a los 95 años. Presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, dedicó su vida a reclamar Memoria, Verdad y Justicia.
La medida apunta a verificar el patrimonio de Manuel Adorni y el origen de fondos vinculados a inversiones en criptomonedas declaradas por el funcionario.
En su articulado, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo señala que el beneficio “tendrá el carácter de indemnización extraordinaria” y que estará “exento de gravámenes”. El monto será equivalente a “la remuneración mensual de los y las agentes de Nivel A, Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)” multiplicado “por el coeficiente 100”. Una cifra que a valores actuales equivaldría alrededor de los siete millones de pesos.
Uno de los momentos tensos del debate fue el que se vivió con los fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. Los mismos comenzaron luego de que Juntos por el Cambio criticara al Gobierno por el escándalo de las vacunas, el Frente de Todos culpó a la administración del expresidente Mauricio Macri por lo ocurrido con el submarino que desapareció el 15 de noviembre de 2017 en el Mar Argentino y fue hallado un año después, a más de 900 metros de profundidad.
Cabe destacar que la nueva ley establece que el cobro del beneficio es “incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias”. Por esta razón, señala que los familiares podrán optar por percibir este beneficio o por continuar por la vía civil, en caso de haber iniciado una acción judicial contra el Estado nacional.