Luego de algunos idas y vueltas, el Senado aprobó y convirtió en ley este miércoles el proyecto que brinda un beneficio extraordinario por única vez a los familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el submarino ARA San Juan en 2017.
La iniciativa fue aceptada por unanimidad en la Cámara Alta, con 53 votos, y ya había recibido el visto bueno semanas atrás en la Cámara de Diputados. La misma reconoce a los familiares de la tripulación “el derecho a percibir por única vez un beneficio extraordinario de carácter económico por grupo familiar”.
El organismo informó 278 ataques, una cifra histórica en Argentina, con fuerte impacto de la violencia digital, que es cada vez más creciente.
La CGT se moviliza en Plaza de Mayo con críticas al Gobierno, homenaje al Papa Francisco y la posibilidad de avanzar hacia un nuevo paro general.
En su articulado, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo señala que el beneficio “tendrá el carácter de indemnización extraordinaria” y que estará “exento de gravámenes”. El monto será equivalente a “la remuneración mensual de los y las agentes de Nivel A, Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)” multiplicado “por el coeficiente 100”. Una cifra que a valores actuales equivaldría alrededor de los siete millones de pesos.
Uno de los momentos tensos del debate fue el que se vivió con los fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. Los mismos comenzaron luego de que Juntos por el Cambio criticara al Gobierno por el escándalo de las vacunas, el Frente de Todos culpó a la administración del expresidente Mauricio Macri por lo ocurrido con el submarino que desapareció el 15 de noviembre de 2017 en el Mar Argentino y fue hallado un año después, a más de 900 metros de profundidad.
Cabe destacar que la nueva ley establece que el cobro del beneficio es “incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias”. Por esta razón, señala que los familiares podrán optar por percibir este beneficio o por continuar por la vía civil, en caso de haber iniciado una acción judicial contra el Estado nacional.