El proyecto de ley que impulsa el productiva, y que ya tiene media sanción del Senado, promueve mecanismos de autorización para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena de cultivo, manufactura y comercialización. El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación vigente (la Ley 27.350) que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis.
En el caso del cannabis industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos. El texto diseñado en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Productivo a cargio de Matías Kulfas está inspirado en ideas plasmadas por la diputada nacional del Frente de Todos Mara Brawer y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.
Durante su presentación en Diputados, Kulfas resaltó que "es un mercado global emergente y Argentina tiene una oportunidad para desarrollarse. Es una actividad intensiva en empleo y conocimiento. Se puede generar una cadena productiva muy importante en todas las provincias; Argentina puede hacerlo porque tiene un liderazgo en producción agropecuaria, tiene una red armada científica respecto a la investigación, un gran entramado entre laboratorios y numerosas iniciativas en provincias y municipios".
Hay alrededor de 50 países del mundo con algún tipo de legalización de su uso medicinal e industrial. Israel, Canadá, y EEUU son líderes a nivel global, mientras que en la región avanzan otros como Uruguay y Colombia. Según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, la producción de Cannabis Medicinal fue de 1,4 toneladas en el año 2000 contra 468 toneladas en 2019. Para el mercado internacional, hay U$S 42.700 millones proyectados para 2024, una cifra 10 veces superior a una década atrás.
Las oportunidades más inmediatas para la Argentina estarían en el área medicinal y se concentrarían en el mercado doméstico. La vía que puede presentar una ventana de oportunidades está asociada al cáñamo (plantas que presentan muy bajos componentes psicoactivos), del cual se pueden obtener una extensa serie de derivados, y justamente es eso lo que reglamentará el proyecto de ley.
El proyecto propone crear una Agencia especializada, llamada Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que tiene como objetivo el control, la fiscalización y el monitoreo de la producción. La ARICCAME va a estar compuesta por representantes de varios ministerios además del Ministerio de Desarrollo Productivo: Salud, Agricultura, Ciencia y Tecnología y varios más.
La entidad deberá coordinar con todos los entes relevantes de la cadena para garantizar la agilidad de los trámites, en una industria que es intensiva en regulaciones. Tendrá relación directa con ANMAT, INASE, BCRA, entre otros, para avanzar con todas las reglamentaciones necesarias, que los trámites avancen en tiempo y forma y que pueda cumplirse con el espíritu de la ley, que es el desarrollo de esta cadena productiva.
Además de distintos proyectos empresariales en todo el país, los municipios bonaerenses de Tigre, General La Madrid, Hurlingham y San Vicente, y el cordobés de Villa Ciudad del Parque promulgaron diversas ordenanzas orientadas a promover el desarrollo productivo de cannabis medicinal en sus respectivas localidades, sea a través de modalidades comunitarias, o creando empresas públicas o mixtas según el caso.