El intendente Julio Garro ordenó frenar todas las obras de asfaltado que se estaban realizando en calles con adoquines, incluso en aquellas arterias en las que cuenta con la autorización del Concejo Deliberante para avanzar. La decisión la tomó después de que este jueves se conociera una resolución judicial que hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por vecinos que pidieron que se proteja el valor patrimonial de cinco calles con empedrado sobre las que la Comuna pensaba realizar una capa asfáltica.
Según trascendió, el Intendente decidió acatar ese fallo y poner en stand by todas las obras de ese tipo hasta tanto la cuestión se resuelva por la vía judicial o por la vía administrativa, a través de la ordenanza que ya tiene despacho de comisión y será tratada -y seguramente aprobada- en las próximas semanas.
Pero no solo eso, el Jefe Comunal también ordenó ponerle un freno al asfaltado sobre la circunvalación de la Plaza Rocha de 7 y 60, obra que sí cuenta con la autorización del Concejo Deliberante a través de la ordenanza 11.738 de 2018, por la que 12 calles de la ciudad fueron exceptuadas de la protección patrimonial que impide tocar el empedrado histórico de la ciudad. Esos trabajos estaban previstos para los próximos días, pero el Intendente también los puso en suspenso.
"No se va a ejecutar el resto de las obras hasta tanto no se resuelva la situación judicial. Las que estaban en ejecución se van a suspender hasta que se amplíe la ordenanza y se posibilite su desarrollo. Y Plaza Rocha, que se iba a hacer en estos días y contaba con autorización, también se va a esperar para no tensar la situación y evitar cualquier situación de conflicto innecesaria", explicaron a 0221.com.ar fuentes municipales.
Como ya se informó, el Juzgado en lo Contencioso N° 4 resolvió en favor de la medida cautelar pedida por un grupo de “Vecinos Autoconvocados en defensa de los adoquines patrimoniales de la Ciudad de La Plata” y ordenó detener las obras de asfaltado que la Municipalidad arrancó en varias calles en las que aún sobrevive el adoquinado histórico, protegido como patrimonio arquitectónico por ordenanza. La medida tendrá vigencia hasta tanto la Comuna responda a una serie de informes que se le solicita.
Concretamente, la jueza María Ventura Martínez ordenó a la Municipalidad de La Plata "que se abstenga de llevar a cabo obras de asfalto en calles empedradas que no estén exceptuadas en la ordenanza 11738 y, en su caso, las suspenda inmediatamente". Se refiere así a una norma aprobada en diciembre de 2018 por la que se sacó de la lista de arterias protegidas a unas 12 calles. Este año, el intendente Garro elevó una ampliación de esa excepción a otras cinco calles y en algunas de ellas, como la diagonal 78, se avanzó con las obras antes de tener el aval del Concejo Deliberante. La calles que se sumaron, pero ahora fueron protegidas por el fallo judicial, son las diagonales 77 y 78, en toda la traza donde haya empedrado; 14 de 60 a 64; 9 de 60 a 64; y 39, en todos los sectores donde todavía queden adoquines.
La orden tiene una vigencia establecida "hasta tanto se vuelva a analizar el asunto una vez que se evacue el informe que seguidamente se solicita". Se refiere a una batería de información que la jueza le pide a la Municipalidad para ser entregada en el plazo de cinco días: "El plan de obras de asfalto dentro del Casco Urbano, especificando cuáles de esas arterias poseen empedrado y cuáles no; los antecedentes del dictado de la ordenanza 11.738, especialmente si se realizaron o no estudios previos de impacto ambiental y qué tipo de participación ciudadana fue implementado como modo de consulta y los antecedentes de la obras actualmente en ejecución, especialmente la obra de diagonal 78".
Los vecinos, con el patrocinio de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la UNLP, consideraron que “es un atropello al patrimonio histórico asfaltar sobre los adoquines que están en perfecto estado, sin tener en cuenta la preservación del patrimonio platense ni de lo que significa en el barrio ese paisaje”.
Entre los fundamentos planteados, aparecen cuestiones relacionadas con la legalidad de las obras, pero también con el valor patrimonial de los adoquines, su relación con el drenado del agua y la prevención de las inundaciones y aspectos vinculados con los riesgos viales, debido a que calles pobladas de establecimientos educativos se convirtieron en vías rápidas.
