El jueves, con un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández junto con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elízabeth Gómez Alcorta y miembros del Gabinete, celebraron la publicación de la norma en el BO.
A través del decreto 14/2021, el Poder Ejecutivo promulgó parcialmente la Ley 27.610 de acceso a la IVE. "Obsérvase la palabra `integral´ a continuación de la palabra `salud´ en el inciso b) del artículo 4° y en el artículo 16, en el inciso 2) del artículo 86 del Código Penal que sustituye, del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.610", estableció el Gobierno al cumplir con la salvedad acordada antes de su aprobación.
Desde el Gobierno precisaron que se realizará una aplicación retroactiva de la ley, y por eso se cerrarán todas las causas judiciales contra personas que hayan accedido a la práctica dentro del plazo estipulado. Hasta diciembre del año pasado, Argentina se regía por una legislación casi centenaria que solo permitía la interrupción de los embarazos en casos de violación o de riesgo para la vida de la persona gestante.
Con la nueva norma, sancionada por el Senado el 30 de diciembre del 2020, quedará inmediatamente despenalizado -y legalizado- el acceso al aborto hasta la semana 14 de gestación. A través del decreto 15/2021, también se promulgó formalmente la Ley 27.611, de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida como Plan de los mil días, que establece un acompañamiento estatal durante los primeros años de vida de los recién nacidos.
DETALLES DE LA LEY DE ABORTO LEGAL
La norma admite la objeción de conciencia profesional. Los y las médicas podrán negarse a realizar el aborto, pero deberán derivar obligatoriamente a la paciente y que se garantice la práctica dentro de los 10 días a partir del requerimiento. Así lo establece el artículo 11 del proyecto, y aclara que aquellos hospitales o clínicas "que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo" deben trasladar a la persona a uno que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que se había solicitado.
La norma legaliza el acceso a la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. Después de ese plazo, no estará permitido, excepto los casos que ya están contemplados en el Código Penal desde 1921. Las personas gestantes tienen el derecho a acceder a la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud en un plazo máximo de 10 días corridos desde la solicitud. Previo a la realización del aborto, se requiere el consentimiento informado del paciente expresado por escrito.
Además, todas las obras sociales y prepagas, además de los hospitales públicos, deben garantizar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. Las prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Programa Médico Obligatorio, junto con las de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
La iniciativa establece además el derecho de la persona que aborte a recibir servicios médicos y psicológicos después de la intervención. Los y las médicas no podrán alegar objeción de conciencia para negarse a prestarla. En caso de incumplir con esa obligación, podrían recibir sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles.
Por su parte, las niñas menores de 13 años deberán solicitar la IVE mediante un consentimiento firmado por al menos uno de sus padres o responsables legales. Los casos de adolescentes de entre 13 y 16 años, deberán concurrir al centro de salud con un acompañante o "referente afectivo".
En tanto, si el aborto se hiciera por fuera de las causales previstas en el Código Penal, y después del período establecido, se fijan penas que van entre tres meses y un año de prisión.
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