La Justicia allanó el domicilio del concejal de Lanús por Juntos por el Cambio (JxC) y empresario Alberto Torres, en el marco de la investigación que puso al descubierto que una organización criminal robaba petróleo de un oleoducto de YPF que llega a La Plata y luego lo refinaba para venderlo. Según fuentes judiciales, el edil está imputado en el expediente que lleva adelante la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona.
Además de concejal, Torres integra el Movimiento Peronista Bonaerense (Mopebo) que desde 2015 acompaña al intendente de Lanús, Néstor Grindetti.
"La Policía Federal realizó ayer un allanamiento en mi domicilio en el marco de la causa que se investiga por la perforación de oleoductos de la empresa YPF para su posterior refinamiento y venta de manera ilegal. Yo no estoy detenido ni incomunicado. El resultado del allanamiento fue negativo ya que no encontraron ningún elemento que me involucre en la causa", sostuvo Torres en su perfil de la red social Twitter. Y agregó: “Estoy muy tranquilo y a disposición de la Justicia para colaborar en lo que haga falta”.
Según publicó La Nación, la Justicia sospecha que el nexo entre Torres y la banda acusada de robar petróleo estaría en la estrecha relación que tendría el sospechoso con Gerardo Rodríguez, quien está imputado y es uno de los punteros políticos del asentamiento "El Pueblito", situado a un costado del Puente Alsina, en la continuación de la avenida Carlos Pellegrini. En el expediente judicial, figuraría como el responsable de la destilería clandestina que habría arrojado residuos tóxicos al Riachuelo.
Fuentes oficiales precisaron que el delito alcanzaría la suma de US$ 5 millones anuales, y que en las últimas horas se llevaron a cabo 30 allanamientos en distintos puntos del país y con cerca de 20 órdenes de detención autorizadas por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge.
"Personal del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) comenzó a investigar la contaminación ambiental y, de a poco, se descubrió una asociación ilícita dedicada al robo de crudo", afirmaron autoridades judiciales, al tiempo que señalaron que “se comenzó a trabajar para tratar de dar con toda la organización. Entre las personas que se ordenó detener están desde el operario que hacía las pinchaduras hasta el capitalista que ponía el dinero para financiar la maniobra delictiva".
Aunque hasta ahora YPF parece ser la mayor damnificada por la organización criminal, no se descarta que otras compañías petroleras hayan sido víctimas de los mismos delincuentes.
En ese sentido, la empresa expresó su satisfacción por el trabajo realizado por los investigadores y remarcó que “la compañía colaboró en todo momento durante la etapa de investigación desde el Departamento de Seguridad y hoy se ven los resultados positivos del trabajo conjunto que llevó más de tres meses".
