El rechazo a la eximición de prisión confirmado por la Cámara de Garantías y Apelaciones de La Plata para el empresario Fernando Mercerat lo ubicó en una situación procesal, al menos, incómoda, tal como informó 0221.com.ar. La resolución se basa en la existencia de riesgos procesales ante un eventual y próximo avance en la investigación que lleva adelante la fiscal Cecilia Corfield, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 de La Plata.
En una puntillosa resolución, la Sala II de ese tribunal de Alzada sostuvo la “existencia de riesgos procesales”: posible fuga ya que el delito no es excarcelable (el mínimo de la pena es 4 años de prisión) y el entorpecimiento probatorio.
Según pudo saber este medio, en el documento judicial se detalla que “por un lado, el mínimo de pena establecido por la escala penal en principio aplicable (art. 127 del CP) habilita a pensar en la presencia del peligro procesal de fuga, ya que eventualmente no podría aplicarse una condena de ejecución condicional”.
En otro tramo del interlocutorio se señala que “dadas las circunstancias señaladas (…), el incipiente estado de la investigación y que habría personas que podrían declarar y todavía no lo han hecho, es dable inferir la existencia del riesgo de entorpecimiento probatorio”.
El conocido empresario de La Plata quedó a un paso de ir a prisión, acusado de ser el autor material e intelectual de la explotación de una red de trata de personas en la capital provincia. Está imputado de “explotación económica del ejercicio de la prostitución de mayores”, delito que prevé una pena de cuatro a seis años de cárcel.
En un comunicado, el sospechoso negó cualquier vínculo con una red de trata de personas, y apuntó al único detenido, un albañil y gasista que hacía tareas de reparación en los prostíbulos y se encargada de la cobranza de los alquileres.
EL CASO
Los investigadores sospechan que Mercerat cobrada hasta 40.000 pesos mensuales por sobre el valor del alquiler a las trabajadoras sexuales a las que les rentaba esas viviendas, lo que se configuraría como como un delito de explotación sexual, por la percepción de ese dinero.
En ese marco, fuentes del caso revelaron que otra de las situaciones particulares que emerge de esta investigación es que "muchos dueños de las propiedades no sabían que alquilaban su casa para montar un prostíbulo siendo ocultado ello por la inmobiliaria". En los allanamientos se secuestraron carpetas de alquileres y tras su análisis se estableció que los garantes de los alquileres "eran siempre los mismos, truchos, tanto para los prostíbulos como para casas alquiladas a familias", señalaron los voceros consultados.
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