Tras 20 años de espera en un litigio judicial con sentencia firme, una familia de La Plata pidió la quiebra del Correo Argentino en el marco de un juicio laboral, e hizo solidariamente responsable a dos empresas del ex presidente Mauricio Macri, que son controlantes del servicio postal nacional, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.
La presentación fue realizada este viernes en el expediente “Correo Argentino S.A. S/Concurso Preventivo” -Expte.94360/2001- de trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 6 a cargo de la Dra. Marta G. Cirulli, sito en Av. Roque Saenz Peña 1211, piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fecha en que se vencen los plazos procesales del expediente nacional y se espera una definición de fondo en una de las causas más relevantes de la justicia nacional.
El CECIM La Plata rechazó el evento organizado por el Ministerio de Defensa para el próximo lunes y lo calificó como una provocación a la memoria de Malvinas.
ATE anunció un paro nacional y movilización el próximo 21 de abril. Será para exigir reapertura de paritarias, recomposición salarial y frenar recortes.
El planteo es impulsado por el abogado platense Faustino López en representación de una familia con domicilio en la localidad de Villa Elisa. En 1998 un trabajador del Correo Argentino murió camino al trabajo. Se trata de un accidente laboral in itinere (en camino, en trayecto a tomar su puesto laboral), una figura legal que protege a los trabajadores en el marco de accidentes en el marco de su desempeño laboral.
El accidente se registró el día 7 de febrero de 1998. Desde entonces la familia del trabajador fallecido (esposa e hijos) espera por su indemnización
“Se trata de un rédito laboral originado en un accidente de trabajo in itinere que le causara la muerte a un trabajador, luego de más de veintitrés años del fallecimiento del sus derecho habientes al vencerse el plazo de cinco días establecido en la ley de Concursos y Quiebras sin que se presentara ninguna propuesta de compra de la empresa concursada, la esposa e hijos como acreedores del crédito laboral de acuerdo con el artículo 80 de la ley de Concursos y Quiebras solicitan se declare la quiebra del Correo Argentino”, detalló el letrado en contacto con este medio.
El plazo de cinco días establecido para el denominado “cram down” o “salvataje de la empresa” venció este jueves 20 de agosto último, al no haber presentado ninguna propuesta para darle continuidad a la empresa o al no haberse presentado ninguna persona física o jurídica a adquirir la sociedad concursada, la familia solicita que se decrete la quiebra de la empresa que está en litigio entre el ex presidente Macri y el Estado argentino.
“De esta manera poniendo fin a un interminable concurso, mediante el pedido de quiebra de estos acreedores laborales y decretada la quiebra se podrán liquidar todos los bienes y podrán cobrar todos los acreedores, entre los que obviamente están los derecho-habientes del mencionado trabajador que a más de 23 años del fallecimiento aún cobraron la indemnización”, explicó el letrado, quien resaltó que si los bienes de la empresa Correo no alcanzan para cubrir el pasivo y abonar a todos los acreedores, “sin perjuicio de la responsabilidad de los representantes y/o administradores y/o terceros que realizaron actos para disminuir los activos (entre los que se encuentran grandes estudios jurídicos que facturaban considerables sumas de honorarios cuando la empresa estaba inactiva) luego de decretada la quiebra de Correo se puede solicitar la extensión de la quiebra de las empresas Sideco Amerciana S.A. y Socma Americana S.A. accionistas y controlantes del Correo Argentino S.A. como también de las controlantes de las mencionadas empresas”, es decir, que el pago de las indemnizaciones y acreedores deberán ser enfrentadas por el grupo económico que encabeza el ex presidente Macri.
HISTORIA DE UNA CONCESIÓN ESCANDALOSA
El Correo de los Macri inició el concurso en septiembre de 2001 ante el Juzgado Comercial N°9. Tenía la concesión del servicio postal oficial y había acumulado una deuda derivada principalmente de la financiación de sus inversiones y por cánones atrasados adeudados al Estado. Le reprochaba al Estado incumplimientos en las obligaciones, lo que había anulado la renta del negocio. En 2003, el Estado le quitó su concesión y no aceptó el acuerdo en el marco del concurso. Allí se decretó su primera quiebra, sin habilitar la instancia de “cram down”. En una escandalosa audiencia del 28 de junio de 2016, la fiscal Gabriela Boquín denunció un acuerdo “abusivo” y perjudicial para el Estado que se transformó en una investigación penal contra Macri, sus funcionarios y los representantes de la empresa de su familia, según se detalla en un amplio informe publicado este viernes por Ámbito Financiero.
El acuerdo prorrateaba a bajo interés el pago de la deuda durante los próximos 17 años (a los que debían calcularse los 16 años pasados, a esa fecha) y considerando los $293 millones a valores de 2001, implicaban una quita del 98,82%. Solo iban a pagar menos del 2% de lo que debían.
En el remoto caso de que alguien se presente antes de las 9.30, comenzará un proceso de evaluación durante algunas semanas. En caso contrario, la quiebra. Su decreto formal abre paso a que se demande a las empresas controlantes a las que se les podrían iniciar acciones de responsabilidad y extensión de la quiebra según la Ley de Concursos y Quiebras. El reclamo sería superior al del acuerdo de 2016. Una particularidad: los Macri alegan que poseen bienes que fueron incautados cuando se les quitó la concesión. El “foja cero” al que se aludió cuando el tema causó un escándalo político para Cambiemos nunca reveló que la jurisprudencia comercial prevé que no es posible aceptar un acuerdo que no esté en torno al 40% de la deuda, “a valores actuales”.
Como si todo este complejo entramado no alcanzara, subsiste otra duda: también hubo irregularidades en los votos de los dos tercios de acreedores del Correo que son privados. Toda esta trama puede quedar expuesta, ya sea que haya un oferente como que no. La causa penal, en Comodoro Py tiene el ritmo del concurso: hace más de un año el juez Ariel Lijo quedó en condiciones de definir si procesa al ex ministro Oscar Aguad. Justamente este viernes, se cumple un año desde que la Cámara Federal rechazó los últimos recursos de las defensas.