Las diversas causas abiertas por espionaje ilegal en Argentina, la Provincia de Buenos Aires y La Plata son una usina que generan novedades a diario. Aunque la gran mayoría son desconocidas para el gran público, muchas trascendieron desde hace tiempo pero nunca se estuvo tan cerca de poder acreditarlas con un mínimo de certeza antes de que se conocieran públicamente los datos que manejan en reserva los jueces y fiscales que trabajan en las instrucciones de los expedientes.
En ese marco se logró acreditar (más allá de los dichos de la víctima) que el ex titular de la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) seccional La Plata, Juan Pablo Medina, fue víctima de espionaje y también del armado de las causas penales que lo depositaron en prisión.
El gremialista se encuentra cumpliendo un arresto domiciliario en su casa de Punta Lara y estuvo detenido en el penal de Ezeiza, lugar que fue cableado con micrófonos para escuchar las conversaciones privadas de los detenidos y sus defensores. Por ese motivo solicitó ser querellante en la causa que tramita en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena. En ese expediente ya se presentaron como acusadores particulares el ex intendente de La Plata, Pablo Bruera; el Colegio de Abogados de La Plata; la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y lo mismo hará el gremialista de Camioneros, Pablo Moyano. El presunto espionaje del macrismo logró algo que parecía imposible en el mundo gremial: un Moyano y el Pata Medina, codo a codo, en un mismo objetivo.
Medina sospecha que fue espiado en su estadía intramuros. Su abogado César Albarracin ya presentó el oficio en el que solicita ser querellante en la causa que tramita en Lomas de Zamora. Pero no es la primera vez que el sindicalista asegura que es objeto de un persecución política por parte de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.
En 2019 Medina denunció el armado de causas. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal 6 de Comodoro Py a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral. Como parte de la prueba, la defensa presentó copias de dos denuncias anónimas que iniciaron las causas que lo depositaron en prisión.
Esta secuencia quedó retratada en el libro La Raíz, del periodista platense Hugo Alconada Mon (quien también fue espiado); y en el que describió una reunión en las oficinas porteñas del Banco Provincia, donde funcionarios de María Eugenia Vidal y espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), planearon la operación para depositar al sindicalista tras las rejas.
Parte de la maniobra fue la presentación de dos anónimos. Uno en la justicia Penal La Plata y el otro en el fuero Federal de Quilmes. La primera se presentó el 15 de mayo de 2017. La segunda el 31 de julio del mismo año. Ambos escritos tenían párrafos gemelos. En base a esos anónimos detuvieron a Medina y a gran parte de su familia.
"Señor juez quiero denunciar una cadena delictiva que ha llegado a mi conocimiento", "Señor Fiscal, quiero denunciar una gravísima cadena delictiva que se da en la provincia de Buenos Aires" y "Señor fiscal, el enorme poder del Pata Medina y lo peligroso que son tanto él como la organización criminal que dirigen me obligan a resguardar mi identidad. Usted comprenderá perfectamente porqué lo hago", son algunas de las frases que aparecen en una llamativa simultaneidad en ambas denuncias.
FRENTE JUDICIAL
La única causa que los Medina (padre e hijo) tienen en trámite está radicada en el Juzgado Federal de Quilmes donde se los investiga por presunta asociación ilícita y lavado de activos.
El 10 de diciembre pasado la justicia Penal de La Plata le dio por cumplida una pena de 11 meses de prisión y se ordenó la libertad de Medina padre en el marco de ese expediente. La condena fue por el delito de compulsión a la huelga iniciada por la denuncia de un empresario constructor platense. Se trata del dueño de la empresa ABES Emprendimientos.
A fines de octubre de 2019 el dirigente gremial fue sobreseído en la causa por “coacción agravada”. Según la denuncia, amenazó con “prender fuego la provincia” si algún juez ordenaba su detención. El fiscal pidió que el caso sea debatido en juicio oral pero un juez de Garantías aseveró que en el expediente existe una “ostensible orfandad probatoria” y dejó en claro que los fiscales deben chequear las versiones que se publican en artículos periodísticos que luego son utilizados como fundamentos para iniciar causas y detener personas.
Tras la detención de Medina la mayoría de los medios de comunicación audiovisuales de alcance nacional repetían que el sindicalista había amenazado con prender fuego la provincia de Buenos Aires, sin embargo, ninguno de ellos puso al aire el video o el audio con esas declaraciones. Se trató de una noticia falsa, una “fake news”.
En su resolución el juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi dejó en claro para los fiscales que “la información periodística, merece por parte del órgano fiscal una serie de diligencias tendientes a demostrar en el proceso investigativo la realidad de lo que la gráfica afirma como cierto, pero en modo alguno puede por sí solo servir para” dictar la prisión preventiva de un acusado.
Además sostuvo que en este caso en particular el fiscal “lejos de actuar conforme el criterio de objetividad que le ordena” el marco legal vigente insistió “con un requerimiento de elevación a juicio en base a elementos que no logran sortear” la barrera que impuso la Cámara de Apelaciones de La Plata cuando desestimó la detención de Medina “en cuanto a la valoración de la prueba que examinara en su oportunidad”.
Esta fue una de las causas por las que Medina fue detenido en el año 2017. El primero de sus abogados fue Francisco Sánchez Peralta, luego Víctor Hortel. En la actualidad es asistido por el mencionado Albarracín. Los tres letrados denunciaron públicamente las irregularidades y el armado de causas con las que persiguieron a la familia Medina. Nunca fueron escuchados.
