Víctor Horacio Violini nació en La Plata y es fanático hincha de Racing. Toda su formación fue en la educación pública y llegó a juez de Casación luego de una extensa carrera judicial que comenzó cosiendo expedientes. El 8 de abril pasado avaló un hábeas corpus colectivo presentado por defensores oficiales generales de la provincia de Buenos Aires en el que puso pautas claras para que los detenidos accedan al beneficio de arrestos domiciliarios en caso que integren grupos de riesgo ante un eventual contagio de COVID-19 y abrió una fuerte polémica.
La declaración de pandemia sacó a escena, una vez más, el estado de hacinamiento de las cárceles en la provincia de Buenos Aires. La situación es tan crítica que antes del estallido de la bomba sanitaria, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires dio el aval y apoyo explícito a los jueces penales bonaerenses para que comiencen a conceder arrestos domiciliarios, previo analizar caso por caso. La llamada “polémica resolución de Violini” está en línea con lo dispuesto por la Corte provincial desde diciembre a la fecha.
El magistrado comenzó su carrera judicial como fiscal de instrucción en La Plata. Antes había sido instructor judicial. Con sentimiento peronista, no se muestra como un pejotista ortodoxo, pero tiene lazos fluidos con un sector de ese espacio, en particular, con el ex gobernador Felipe Solá.
El actual juez ya sabe qué es enfrentar a un Procurador General. Durante su trayectoria como fiscal, se tornaron clásicos de la familia judicial sus peleas con María del Carmen Falbo, la ex titular del Ministerio Público que la ex gobernadora María Eugenia Vidal corrió para poner a un escudero propio: Julio Marcelo Conte-Grand. Violini formó parte del “Club de los Sancionados”, como se conocía al grupo que integraba con sus pares de entonces Marcelo Romero, Gabriel Sagastume y Leandro Heredia, quienes eran castigados por hablar con medios de comunicación.
En los primeros años del actual milenio, el apellido Violini saltó a la escena nacional: encabezó una mega investigación que apuntó al patrimonio de la cúpula policial y varios comisarios de la temible fuerza de seguridad bonaerense. La causa fue elevada a juicio, pero distintos ardides de los defensores (en su mayoría abogados particulares de costosos honorarios) hicieron que todos los expedientes prescribieran por el paso del tiempo. Ninguno de los jefes procesados por Violini y sus sucesores en la ex Fiscalía 4 de La Plata fueron condenados.
Años después, pasó de fiscal a defensor de Casación y luego a juez del máximo tribunal penal de la provincia de Buenos Aires, siempre en tiempos de la gobernación de Solá.
Con ese bagaje en su haber, Violini fue el primero de los jueces en la provincia de Buenos Aires en denunciar, durante la gestión de Cambiemos, que el poder político presiona a la Justicia. “A todas luces, no tengo ninguna duda, aparece la pata política en esa causa”, aseguró el magistrado en declaraciones radiales y apuntó contra Conte Grand a quien lo señalaba estar detrás de las presiones que sufrió el juez Luis Carzoglio para que detenga a los líderes sindicales Hugo y Pablo Moyano.
Durante varios años, Violini fue titular de la Asociación de Magistrados de La Plata, entidad que nuclea a jueces, fiscales y funcionarios judiciales de todo el departamento judicial. Desde ese cargo fue uno de los pocos defensores del entonces titular de la SCBA, Eduardo de Lázzari, quien en 2019 denunció un cóctel explosivo de corrupción judicial durante la gestión de Vidal en la provincia de Buenos Aires.
Una de las medidas que más le critican a Violini es permitir que los presos usen celulares para estar en contacto con sus familias, mientras dure la pandemia. Se sospecha que mediante el uso de esos equipos se organizan las medidas de protesta en los penales provinciales. Cuando entró en vigencia la medida, Carolina Piparo (víctima de una brutal salidera bancaria) habría sido amenazada por Carlos Moreno, el autor del disparo que mató a Isidro Buzali, el bebé que estaba a pocos días de nacer.
