La Sociedad Odontológica de La Plata (SOLP) recibió el rechazo judicial a su planteo de que se dicte un amparo para frenar el proceso disciplinarios abierto en el Colegio de Odontológos platense (COPBA 1), luego de que desde la primera de las entidades se negaran a registrar los contratos con las obras sociales, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.
Los dirigentes de la SOLP intentaron frenar el proceso sumarial que se les sigue ante el Tribunal de Disciplina colegial, por no proceder a registrar los contratos o convenios que suscriben con las obras sociales y la justicia les rechazo el amparo en fallo que fue confirmado por la Cámara de Apelación de La Plata, según se desprende de la documentación judicial a la que accedió este medio.
Con esta nueva resolución de un tribunal de Alzada, la justicia revalidó lo actuado en el marco de su autonomía por el propio Tribunal de Disciplinas del Colegio profesional “impidiendo que medidas arbitrarias puedan evitar que en su oportunidad se arribe a una necesaria sentencia que dirima la conducta de los dirigentes de las entidades intermedias respecto de la obligación de registrar los contratos para permitir al Colegio ejercer el control de legalidad de los mismos”, explicaron fuentes del caso.
Al mismo tiempo señalaron que “a la fecha (los contratos) siguen siendo escondidos y no publicados por dichas entidades, de modo que ni los asociados conocen el alcance”. Esta situación se da “en vísperas de que las entidades intermedias han dejado sin IOMA a más de 500 odontólogos sin justificación y sin que estos conozcan las reglas de juego de la odontología en el distrito”.

El conflicto está planteado en relación al manejo de sumas millonarias que las entidades intermedias, como Sociedad Odontológica de La Plata (SOLP) y Agremiación Odontológica de Berisso, La Plata y Ensenada (AOB); manejan por los contratos y acuerdos con obras sociales. Desde el COPBA 1 reclaman que se cumpla con la ley y esos contratos se registren en la entidad a cargo del control de la matrícula profesional, para que los profesionales conozcan plenamente cómo es el manejo de las cápitas y poder controlar que les paguen lo que corresponde por cada prestación. Las entidades intermedias, por el momento, rechazan el planteo.