El juicio oral a parte de la banda que traficaba cocaína marcada con cruces esvásticas, símbolo del nazismo, comenzó a desarrollarse en la sede del fuero Federal de La Plata, pero de manera remota y con varios planteos de las defensas que pueden generar la nulidad de la causa en instancia susperiores.
En el banquillo de los acusados se encuentran el argentino Hugo Alberto Rivas y el peruano Justo Jaime Rosado, quienes fueron detenidos en noviembre de 2017 luego de varios allanamientos en el sur del Conurbano bonaerense. Tras esa redada se secuestraron casi 43 kilos de cocaína. La droga estaba empaquetada y envuelta con grasa mecánica roja para despistar a los perros antinarcóticos. Además, llevaba una cubierta de papel metalizado para no ser detectada en los pasos fronterizos y aeropuertos.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una temperatura máxima de 23°C, en la previa de un miércoles con un clima inestable y chances de chaparrones.
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Según se estableció judicialmente, en más de una oportunidad la banda cobró los cargamentos con autos de alta gama. En poder de los sospechosos se secuestraron ocho de esos coches. Varios de esos vehículos, en la actualidad, se transformaron en patrulleros de la Policía Bonaerense.
Se sospecha que la banda tenía algún tipo de relación con Los Urabeños o Clan Usuga, un cartel colombiano que marca de la misma manera a sus cargamentos.
El juicio está a cargo del Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) 1 de La Plata. La acusación corresponde al fiscal Hernán Schapiro quien se negó a que el juicio sea de manera presencial, criterio que fue avalado por los jueces.
Las defensas, a cargo de los abogados platenses Ezequiel Funes, Gustavo Galasso y el quilmeño Fernando González, plantearon que con el cambio de fase epidemiológica (de aislamiento –ASPO- a distanciamiento –DISPO-) las audiencias deberían ser presenciales por entender que se violan garantías constitucionales del debido proceso como la inmediatez del debate que causan perjuicios y violan el derecho a defensa de los imputados, ya que no se puede controlar la legalidad de los testimonios, que pueden ser coaccionados, leídos o apuntados.
Los jueces no hicieron lugar al pedido de juicio presencial. Las defensas ya trabajan en el recurso de nulidad que llevarán a Casación, situación que pondría en riesgo el futuro del resultado final del debate.
Al debate fueron citados 32 testigos y el fiscal Schapiro solicitó ampliación de prueba que deberá aportar durante el transcurso del juicio. En principio, se estableció que las audiencias serán los días lunes, por comunicación de interfaz virtual.