La Campaña por el Derecho al Aborto en La Plata destacó como positivo el anuncio y lo analizó en un espacio de articulación. “Esto tiene que ver con el nivel de presión que incrementamos estas últimas dos semanas. Veníamos contemplando mucho el tema de la cuarentena y en ese sentido ver que se aproximaba fin de año nos hizo reestructurar la dinámica con la que veníamos. Entendimos que teníamos que salir a presionar y que esta presentación o esta fecha que se puso de noviembre, que es un poco amplia pero es una fecha, es súper positiva, es parte de haber logrado la suficiente presión para que eso sucediera”, subrayó Chana, integrante de la Campaña local, en diálogo con 0221.com.ar después de la caravana verde que este miércoles copó toda la ciudad.
En La Plata vieron la decisión como “un gesto político”. “Pero tenemos que seguir presionando. Seguimos sosteniendo que se tiene que tratar en el marco de este 2020”, dejó en claro. Semanas atrás representantes de la Campaña se reunieron con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que también mantuvo un encuentro con integrantes del sector “celeste” que se opone al proyecto.
DIÁLOGO ENTRE PROYECTOS Y CONTEO
“En líneas generales, lo que sucede con los tratamientos de proyectos de ley es que ingresa un proyecto, en este caso del Ejecutivo. Se presenta y se pone en diálogo con otros proyectos. Al menos eso también es lo que anunció Vilma Ibarra. Entre las cosas que dijo, planteó que el proyecto se iba a tratar con otros proyectos que tuvieran vigencia parlamentaria. El nuestro sí la tiene. Justamente vence en marzo, era una de nuestras preocupaciones”, explicó Chana.
El texto de la Campaña es “producto del consenso y el acuerdo de 700 organizaciones sociales, políticas, sindicales, de mujeres, feministas, de la diversidad, colectivas de artistas, del deporte y la academia” y lo presentaron en ocho oportunidades. La última fue en 2019: se nutrió del debate que se fortaleció en 2018 luego de la aprobación de la Cámara Baja y el freno en el Senado. Tiene más de 70 firmas de diputados y diputadas de la Nación de todos los bloques políticos, más el apoyo de senadores y senadoras.
“Entendemos que técnicamente van a dialogar los proyectos. Ahora, la letra final que resulte de ese proyecto no la podemos saber. Vamos a ser parte de una mesa que va a trabajar sobre el tratamiento del proyecto de ley y vamos a tratar de incidir lo que más se pueda en que sea nuestro proyecto”, anticipó Chana, una de las referentes de la Campaña en La Plata.
Ante el debate legislativo en sesiones extraordinarias, Ibarra también expresó que la intención del Gobierno es que los proyectos tengan un "tratamiento razonablemente rápido", porque el proyecto de legalización del aborto "fue muy debatido en 2018" y el objetivo para esta ocasión es que el debate sea "muy respetuoso y cuidadoso".
Atentas y buscando información de todos los sectores, las integrantes intensifican la movida de presión en las calles y en las redes para que el nuevo proyecto de ley sea una síntesis más representativa del proyecto que presentó la Campaña. Al mismo tiempo, siguen de cerca el “poroteo”, la partida estratégica de cada voto. Más allá de la definición, el peso político y el cambio de paradigma que significa que el Ejecutivo promueva el debate y se centre en la autonomía de la persona con capacidad de gestar, saben que la aprobación no será fácil, por las presiones de los grupos religiosos y contrarios a la legalización del aborto. Sin embargo, la Campaña de La Plata cree que el escenario es más optimista que en 2018 tras la llegada de la nueva gestión al Gobierno y la renovación de las bancas en el Congreso. En la misma línea se manifestaron distintas funcionarias y asesoras del Gobierno.
“De acuerdo a la última reunión que tuvimos con (Sergio) Massa, (Silvia) Lospennato y (Mónica) Macha, esa presentación nos dice que hay un acuerdo, tanto en el bloque oficialista como en el bloque de la oposición para tratar ese proyecto de ley y entendemos que los votos estarían garantizados”, sostuvo la militante por el aborto en la capital bonaerense. Y señaló: “Tal vez haya algunos números muy pequeños que estén en duda, pero tienen que ver con que varios diputados y diputadas habían enunciado que solamente iban a dar su posición pública cuando Alberto Fernández presentara su proyecto de IVE. Así que en ese sentido, estamos expectantes para ver cómo se acomodan los números definitivamente”.
De acuerdo a algunos sondeos realizados, de los 129 votos necesarios en Diputados para que la iniciativa consiga media sanción habría 121 verdes y 106 en contra, mientras que 29 legisladores que no definieron postura y hay uno de licencia. En el Senado la tendencia por ahora es desfavorable, pero con una mínima diferencia: 33 a favor y 36 en contra. En este contexto, creen que la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será clave para lograr la aprobación.
URGENTE
“Llevamos 15 años de lucha por una ley que es una cuestión de salud pública. De haber sido aprobada en 2018, Liliana de Santiago del Estero, B. de la Matanza, Ivana de Formosa, y tantas otras más no hubieran muerto, obligadas a buscar métodos inseguros para interrumpir un embarazo”. El 28 de septiembre, Día por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, se multiplicó el grito por la legalización del aborto. En la carta dirigida a legisladores y al presidente Alberto Fernández la Campaña remarcó la urgencia y la prioridad de lograr la sanción de este proyecto de ley.
“En Argentina las niñas abusadas son forzadas a gestar y a parir, hecho que califica como tortura. Se les niega su derecho a la interrupción legal del embarazo -contemplado en el Código Penal desde 1921-, a la salud integral, a la educación sexual integral y a vivir una vida libre de violencias. Las obstaculizaciones y discriminaciones se recrudecen aún más en los casos de mujeres y niñas de los pueblos originarios”, seguía el documento.
El acceso a la interrupción legal del embarazo está garantizado en el marco jurídico argentino por la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos que se incorporaron en la reforma de 1994, así como en las recomendaciones de sus Comités de seguimiento. También por el Código Penal de la Nación de 1921 y por el Código Civil y Comercial de la Nación del año 2015. Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualiza periódicamente la guía de atención del aborto, estableciendo los mejores estándares clínicos y recomendaciones para su atención. El protocolo actualizado para los casos de aborto no punible entró en vigencia en los primeros días de la gestión del Gobierno de Alberto Fernández, luego de haber sido derogado por Mauricio Macri cuando el exsecretario de Salud, Adolfo Rubinstein, quiso establecerlo.
Poner fin a un embarazo es una decisión que se toma independientemente de que el aborto sea legal o no. La penalización no lo detiene, pero sí pone en riesgo a quien se lo realiza en condiciones inseguras: lo llevan a cabo personas sin preparación, en un entorno que no reúne las condiciones de salubridad médica indispensable o ambas. Quienes tienen los recursos acceden al “privilegio” de prácticas menos riesgosas (y recomendadas por la OMS): la AMEU (Aspiración Manual Endouterina) o el aborto medicamentoso (con mifepristona y misoprostol o solo misoprostol). En Argentina es una práctica mayormente realizada de manera clandestina.
No hay estadísticas, sino estimaciones. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación (que solicitó un estudio a dos reconocidas profesionales), en el país anualmente se inducen entre 370.000 y 520.000 abortos. Como se remarca en otro de los documentos elaborados por la Campaña para contribuir a los debates, desde la recuperación de la democracia se han muerto más de 3.000 mujeres por abortos inseguros y entre 2013 y 2015 el aborto representó el 18% de las muertes maternas.
La Campaña remarcó que en el contexto de pandemia “se profundizaron los obstáculos en el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva”, que los equipos que atienden interrupciones legales del embarazo (ILEs) “redoblan sus esfuerzos para garantizar este derecho, pero no alcanza”. “La negativa a sancionar la ley que reclamamos, y la insistencia en sostener un marco jurídico que cotidianamente muestra sus limitaciones, pone en riesgo nuestra salud y nuestras vidas. Las internaciones por complicaciones de abortos inseguros suman más de 49.000 anualmente, lo cual presiona aún más al sistema de salud. En la pandemia los abortos son una urgencia real que debe atenderse”, destacaron semanas atrás.
A casi un año de que la provincia de Buenos Aires oficializara la adhesión al protocolo de actuación para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), la regional La Plata de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito exigió que el Municipio siga la misma medida. “Al no garantizar el acceso a las Interrupciones Legales del Embarazo, el municipio queda en falta respecto a estos estándares legales y además viola la Ley Provincial 14.738 aprobada en el 2015, que establece la creación del Programa Provincial que garantiza las políticas orientadas a la promoción, y desarrollo de la Salud Reproductiva y la Procreación Responsable, y en particular la creación y desarrollo de Consejerías pre y post aborto”, destacaron.
Además, indicaron que “de los 47 Centros de Atención Primaria de la salud que hay en la ciudad de La Plata, solo dos garantizan el acceso a las Interrupciones legales del embarazo”, y que eso ocurre porque ahí “garantizan la práctica les profesionales que integran la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir”. El protocolo prevé que las personas que lo necesiten puedan acceder a la ILE sólo solicitándola, dando consentimiento informado y firmando una declaración jurada que indica que el caso está contemplado por las causales que estipula la ley.
En la región no hay datos que den cuenta de la práctica de acceso al aborto por estar aún penalizado, pero sí hay registros de las interrupciones legales del embarazo. “Todo lo que es acceso a la salud primaria o el hospital, les compañeres que hacen consejerías, que son médiques, trabajadores sociales, psicólogues, tienen un registro por planilla de las ILE. Es una estrategia que ha hecho la red, pero es material que se puso a disposición en las mesas de diálogo con el Ministerio de Salud, para que puedan evaluar la cantidad de ILEs que se han hecho al menos en la Región Sanitaria XI”, detalló Chana. En 2019 alrededor de 4.000 personas accedieron a la interrupción legal del embarazo en La Plata, Berisso y Ensenada. Según un informe de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, se acompañaron entre 3.200 y 3.400 casos, mientras que las Socorristas en Red acompañaron 600.
A fines de septiembre la Provincia dio a conocer por primera vez un detallado informe que recoge estadísticas sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo. El relevamiento realizado por el Ministerio de Salud bonaerense reveló que entre enero y julio de este año se practicaron 5.028 procedimientos, el 80% de ellos en hospitales públicos provinciales en los que se realizan de manera segura y legal.
Según se desprende del trabajo, el 56% de las personas correspondían al rango etario de 19 a 28 años, mientras que el 8% a menores de 19: 12 niñas de entre 9 y 13 años y 236 adolescentes de entre 14 y 18. En tanto, se sumaron 87 nuevos establecimientos que comenzaron a realizar esta práctica y hasta la fecha se invirtieron 39 millones de pesos en 16 mil tratamientos de interrupciones seguras.
En horas decisivas a la previa de la llegada del proyecto del Ejecutivo al Congreso, está claro que hablar de aborto ya no es un tabú. “Salió del closet”, producto de una construcción histórica y del avance de la marea verde.
