“Ya la ILE estaba funcionando en ese momento y el hospital se la negó. Así que se comunicaron con la Campaña para que vaya a meter presión, así que ahí nos acercamos a hablar con esa mujer. Tuvimos que ir a hablar con el servicio, que obviamente no nos dio respuesta, pero terminamos hablando con los directivos del hospital y ahí pudimos más o menos resolver la situación, se le garantizó la ILE, pero todo en ese momento fue nefasto”, recapituló en diálogo con 0221.com.ar.
El acceso a la interrupción legal del embarazo está garantizado en el marco jurídico argentino por la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos que se incorporaron en la reforma de 1994, así como en las recomendaciones de sus Comités de seguimiento. También por el Código Penal de la Nación de 1921 y por el Código Civil y Comercial de la Nación del año 2015. Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualiza periódicamente la guía de atención del aborto, estableciendo los mejores estándares clínicos y recomendaciones para su atención. El protocolo actualizado para los casos de aborto no punible entró en vigencia en los primeros días de la gestión del nuevo Gobierno, luego de haber sido derogado por Mauricio Macri cuando el exsecretario de Salud, Adolfo Rubinstein, quiso establecerlo.
LA CAMPAÑA
“Como para tener una fotografía, la Campaña cuando arrancó era un grupo pequeño de compañeras y en algunos casos organizaciones que dijeron que había que inaugurar el tema. Se definió en un Encuentro Nacional de Mujeres –en Rosario en 2003 y en Mendoza en 2004- y se salió a poner mesitas en las plazas para instalar el tema. En ese momento el pañuelo no era el que está ahora, que está divino. Antes decía ‘aborto legal’ con amarillo y era verde también. Y lo querías dar o entregar un volante y la gente te miraba mal o te insultaba. Así que se empezó con la visibilidad en el espacio público y después fue empezar a tejer redes, además de diferentes estrategias”, resume Chana sobre los orígenes.
Así, desde el 28 de mayo de 2005 –Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres- empezó a instalarse el debate sobre la despenalización y legalización del aborto en el país. Y con una consigna ahora conocida popularmente: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Hoy está conformada por una Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, la Red de Docentes por el Derecho al Aborto, la Red de Cátedras Universitarias, las Socorristas en Red: todas con presencia en las distintas provincias, a lo que se suma el activismo gráfico, comunicacional, callejero.
La Campaña presentó su proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) “producto del consenso y el acuerdo de 700 organizaciones sociales, políticas, sindicales, de mujeres, feministas, de la diversidad, colectivas de artistas, del deporte y la academia” en ocho oportunidades. La última fue en 2019, se nutrió del debate que se fortaleció en 2018 luego de la aprobación de la Cámara Baja y el freno en el Senado. Tiene más de 70 firmas de diputados y diputadas de la Nación de todos los bloques políticos, más el apoyo de senadores y senadoras, y aún tiene estado parlamentario.
EL ABORTO EN LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA
Poner fin a un embarazo es una decisión que se toma independientemente de que el aborto sea legal o no. La penalización no lo detiene, pero sí pone en riesgo a quien se lo realiza en condiciones inseguras: lo llevan a cabo personas sin preparación, en un entorno que no reúne las condiciones de salubridad médica indispensable o ambas. Quienes tienen los recursos acceden al “privilegio” de prácticas menos riesgosas (y recomendadas por la OMS): la AMEU (Aspiración Manual Endouterina) o el aborto medicamentoso (con mifepristona y misoprostol o solo misoprostol). En Argentina es una práctica mayormente realizada de manera clandestina.
No hay estadísticas, sino estimaciones. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación (que solicitó un estudio a dos reconocidas profesionales), en el país anualmente se inducen entre 370.000 y 520.000 abortos. Como se remarca en otro de los documentos elaborados por la Campaña para contribuir a los debates, desde la recuperación de la democracia se han muerto más de 3.000 mujeres por abortos inseguros y entre 2013 y 2015 el aborto representó el 18% de las muertes maternas.
En La Plata el último caso de muerte por un aborto inseguro que trascendió fue a fines de 2019. La víctima era una mujer de 33 años de nacionalidad paraguaya que había ingresado al Hospital San Martín en estado delicado luego de descompensarse en su casa de Los Hornos. Presumen que había realizado la práctica días antes y su cuadro se agravó: no sobrevivió a las consecuencias de la clandestinidad. A raíz del fallecimiento, la Campaña realizó a un pañuelazo frente a la Municipalidad.
En la región no hay datos que den cuenta de la práctica de acceso al aborto por estar aún penalizado, pero sí hay registros de las interrupciones legales del embarazo. “Todo lo que es acceso a la salud primaria o el hospital, les compañeres que hacen consejerías, que son médiques, trabajadores sociales, psicólogues, tienen un registro por planilla de las ILE. Es una estrategia que ha hecho la red, pero es material que se puso a disposición en las mesas de diálogo con el Ministerio de Salud, para que puedan evaluar la cantidad de ILEs que se han hecho al menos en la Región Sanitaria XI”, detalló Chana.
En 2019 alrededor de 4.000 personas accedieron a la interrupción legal del embarazo en La Plata, Berisso y Ensenada. Según el informe que presentará próximamente, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir acompañó entre 3.200 y 3.400 casos, mientras que las Socorristas en Red acompañaron 600.
ENTRE LA EMOCIÓN Y LA EXPECTATIVA TRAS EL ANUNCIO PRESIDENCIAL
Luego de una hora de discurso, los pañuelos verdes se alzaron en el Congreso de la Nación. "La situación de las mujeres gestantes en Argentina presenta aspectos diversos. Distintos son los desafíos que enfrentan las mujeres que desean tener a su hijo de aquellos que asumen las que deciden interrumpir el embarazo. Un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para que estos procesos se desarrollen accediendo plenamente al sistema de salud", dijo el 1° de marzo Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa. Y en medio de los aplausos, anunció que en “diez días” enviará un “proyecto de ley de interrupción del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y les permita a las mujeres acceder al sistema de salud”.
El presidente consideró que “la legislación vigente no es efectiva” en este tema, sostuvo que el aborto “es un hecho” y que "en el siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos". Luego indicó que también lanzará un programa de Educación Sexual Integral y de prevención del embarazo no deseado, como así también un plan de protección para aquellas personas que sí quieren seguir con la gestación.
Las palabras se replicaban en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp. Un hervidero. La Campaña celebró la decisión política, más allá de que todavía no tienen detalles de cómo será el texto que presentará el Gobierno a la brevedad. “Estábamos esperando ese momento, fue casi una hora de discurso hasta que habló de aborto. La verdad que lo tomamos con mucha alegría y mucha ansiedad también, porque no sabemos qué dice (el proyecto) y sabemos que ahí vamos a tener algún tipo de tensión. Pero también sabemos que es un momento histórico y que el Ejecutivo haya presentado un proyecto de ley tiene que ver con que ganamos en acumulado y presión política, pese a las diferencias que tenemos”, manifestó Chana.
El Gobierno anticipó que buscan un debate exprés, que salga rápido. Atentas y buscando información de todos los sectores, las integrantes intensifican la movida de presión en las calles y en las redes para que el nuevo proyecto de ley sea una síntesis más representativa del proyecto que presentó la Campaña. “Entendemos que tendría que ser recuperado porque fue parte de un proceso y una construcción. Como Campaña estamos en todas las provincias y todas las organizaciones del campo social y político acompañaron nuestro proyecto, todos los bloques políticos, con las diferentes representatividades y tensiones que presentan cada uno”, recalcó la militante del Frente Popular Darío Santillán (CN).
Los puntos en los que centraron especial atención y expectativa sobre cómo se abordará el proyecto que enviará el Ejecutivo son la temporalidad para la interrupción voluntaria del embarazo, el rol de las niñeces y la objeción de conciencia de las y los profesionales de la salud a la hora de garantizar el acceso a la práctica. “Nosotras exigimos que la interrupción sea a las 14 semanas (de gestación). Tal vez eso sea un punto de tensión”, dijo. En este aspecto, trascendió que podría bajarse a 12 semanas. No obstante, el ministro de Salud, Ginés González García anticipó que quedaría en 14.
“Otra de las cosas es que nuestro proyecto de ley está enmarcado en lo que son otros derechos, como sucede con las leyes que garantizan derechos, que es que habilita o piensa las niñeces desde un rol de sujetos activos, desde la producción histórica de cada niñe, y que plantea que a los 13 años ya una niña o niñe que quede embarazada en una situación, con el acompañamiento de uno de sus progenitores o tutor ya podría pedir la interrupción voluntaria del embarazo”, recalcó en cuanto al segundo aspecto.
La objeción de conciencia será uno de los debates más encendidos. “Nos parece importante que la IVE sea garantizada no solo en el sistema público sino también en el privado y con todas las obras sociales, que también parece que va a ser un punto de disputa. No incluimos la objeción de conciencia en nuestro proyecto de ley, pero entendemos que se está presionando para que esa figura esté dentro del nuevo proyecto. Veremos qué matices, porque inclusive puede estar la figura de la objeción de conciencia individual y por lo que ha circulado puede llegar a haber una objeción de conciencia a nivel institucional, lo que puede llegar a ser más grave y amplio. A nivel individual habría que ver con qué condiciones, si se arma una lista de objetores de conciencia y ya una persona que va a pedir una IVE a una clínica sabe que con determinado médico no va a tener que ir porque no le va a garantizar lo que ella estaba buscando o sabemos que los médicos tienen que garantizar la información”, señaló. Sobre este punto, el ministro sostuvo que la objeción de conciencia “deberá ser respetada” y que las obras sociales “deberán cumplir con la ley”. Habrá que esperar.
Más allá de la definición, el peso político y el cambio de paradigma que significa que el Ejecutivo promueva el debate y se centre en la autonomía de la persona con capacidad de gestar, saben que la aprobación no será fácil, por las presiones de los grupos religiosos y contrarios a la legalización del aborto. La puja será hasta el último minuto: “Los sectores antiderechos cuando decimos que tenemos capacidad de lobby es de meter presión política, pero además juegan con mucha plata para incentivar algunas voluntades”.
CON LA FUERZA DEL 8M
El proyecto está más que nunca en las calles. En el marco del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Campaña ya organizó distintas actividades en la ciudad y -como ocurre desde 2018 en cada marcha- la demanda por la que vienen luchando durante tantos años será uno de los principales reclamos durante el paro activo feminista.
Después del “mesazo” del sábado en 7 y 50, este domingo convocaron a concentrar desde las 16 en Plaza Moreno. Empiezan con un pañuelazo en la Catedral y luego marcharán con las otras columnas hasta la Gobernación bonaerense, frente a Plaza San Martín. El lunes 9, día de la huelga, harán otro pañuelazo a las 13 en 7 y 50.
“Hay un llamado internacional que hicieron las compañeras chilenas, en el marco del estallido social que viene teniendo Chile. Acá las demandas principales son por el aborto legal, el desmantelamiento de las redes de trata, basta de femicidios y trans-travesticidios, no al pago de la deuda externa y la separación de la Iglesia del Estado”, explicó Chana.
Mientras, crece la expectativa ante el proyecto y ya tuvieron reuniones en el Congreso y con todos los ministerios relacionados con la transversalidad de lo que tiene que ver con el acceso a la Educación Sexual Integral y a la IVE como un derecho. En ese sentido, se juntaron con las y los funcionarios de Salud, Derechos Humanos, Género, INADI. En Provincia también mantuvieron encuentros con la cartera de Salud -estuvieron en la presentación de la adhesión al protocolo ILE- y pronto tendrán cita con Estela Díaz, titular del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad Sexual.
Reafirman a cada paso que el aborto “salió del closet”, producto del gran avance de la marea verde y de una construcción histórica. Así lo termina de definir Chana: “Hace 10 años atrás hablar dentro de una organización, en mi caso en una del campo popular como una organización piquetera, empezar a hablar de aborto era muy fuerte y hasta el día de hoy a algunas compañeras les mencionás el aborto y te sacan de un vuelo. Todo un debate que se va dando permanentemente y lo mismo pasó en los partidos. Los partidos en su momento al movimiento feminista no lo miraban y la construcción de tantos años hizo que el debate entre a las organizaciones, a los partidos y además dobló el brazo de las organizaciones y salieron a posicionarse todas. Es inevitable”.
