En las últimas horas se dio a conocer que Vanesa Siley, diputada del Frente de Todos, presentó un proyecto de resolución para promover el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Fernando Rosenkrantz.
En las últimas horas se dio a conocer que Vanesa Siley, diputada del Frente de Todos, presentó un proyecto de resolución para promover el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Fernando Rosenkrantz.
La legisladora lo realizó el pasado 25 de septiembre, cuatro días antes de que el máximo tribunal habilitara el per saltum y prohibiera, por el momento, reemplazar a los jueces que investigaron las causas de Cristina Kirchner.
En el texto del proyecto de resolución 5039-D-2020, el oficialismo pide poner bajo la lupa a Rosenkrantz, argumentando “mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.
Siley se expresó en sus redes sociales y publicó: “Rosenkrantz obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas”.
La autora del proyecto señaló en los fundamentos que el mal desempeño “no se encuentra definido en la letra constitucional, de modo que debe ser el Congreso de la Nación quien debe interpretar su alcance”.
Según la diputada del Frente de Todos, “el actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Rosenkrantz, ha frustrado gravemente ‘el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución’ al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente”. En particular, Siley cuestionó la actuación de Rosenkrantz en los casos “Muiña”, “Ledesma” y “Rufino Batalla”, todos relacionados con la última dictadura militar.
Este pedido de juicio político llega en medio de fuertes tensiones entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial. El pasado jueves la Corte Suprema con la mayoría formada por los votos de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton resolvió abrir el per saltum presentado por los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para no ser removidos de los cargos que ocupan en la Justicia federal penal, donde se tramitan las causas de corrupción que investigan la gestión kirchnerista.
Cabe destacar que para poder destituir a un juez supremo, el oficialismo debería contar con dos tercios de los votos en el Senado, una mayoría que por el momento no le alcanza para llevarlo a cabo.
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