Momentos de extrema tensión y extrema conflictividad se vivieron en el barrio de La Loma donde personal policial llegó con una orden de desalojo de una vivienda pero sus moradores se resistieron a abandonar el lugar, pero finalmente fueron desalojados, confirmaron fuentes del caso a 0221.com.ar.
La orden judicial de abandono compulsivo fue firmada por el suspendido juez Juan Pablo Masi quien hasta ayer estaba al frente del juzgado de Garantías 4 de La Plata pero fue la Suprema Corte bonaerense lo licenció por 90 días y empoderó al Procurador General bonaerense Julio Conte Grand para que analice si corresponde iniciar el procedimiento de juicio político.
El asalto ocurrió durante el fin de semana largo de Pascuas y el blanco fue su local ubicado en el propio predio comercial de La Plata.
Un joven de 23 años atacó a su expareja en La Plata, incendió su vivienda con nafta y fue detenido. La víctima fue rescatada en estado de shock.
La causa fue investigada por el ex fiscal Fernando Cartasegna quien renunció a su cargo en el marco de un escándalo por una denuncia de atentados hacia su persona que, se sospecha, fueron simulados para victimizarse y ocultar presuntas irregularidades en la Unidad Funcional de Instrucción 4 de La Plata que estaba a su cargo.
Los acusados de intrusar la propiedad son asistidos por el abogado Matías Pietra Sanz quien adelantó que pedirá el jury del todavía juez Masi.
FERNANDO CARTASEGNA
El magistrado estuvo al frente de la UFIJ 4 de La Plata hasta el 3 de mayo de 2017, cuando fue licenciado por la Procuración luego de ser atacado en su despacho, en lo que se sospechó que pudo ser una posible represalia por causas que investigaba.
Sin embargo, una auditoría realizada luego en su fiscalía detectó anormalidades en el funcionamiento de la dependencia, lo que motivó una denuncia penal ante el fiscal Álvaro Garganta, que lo procesó.
En la auditoría se encontraron causas que estaban con mucho retraso y se detectó el faltante de elementos secuestrados en investigaciones. También se hallaron carátulas en blanco, a las que se les asignaba un número de causa, por lo que los investigadores sospechan que podían ser utilizadas para lo que en la jerga judicial se denomina "saltear" al fiscal de turno.
Además de Cartasegna, el fiscal procesó a parte de su equipo de trabajo: el secretario, un auxiliar letrado y una empleada encargada de la mesa de entrada de la fiscalía.
Cartasegna también fue procesado por la fiscal Ana Medina, titular de la UFI 1, quien investigaba el ataque que sufrió en su despacho, donde intentaron ahorcarlo, lo golpearon y maniataron y dejaron escrito con azúcar en el piso el apellido "Nisman", en referencia al fallecido fiscal de la causa AMIA.
Medina comprobó en la causa que unos panfletos que habían aparecido en el baño de los tribunales con la foto de Cartasegna y la leyenda "Sos el próximo Nisman" fueron impresos "en un dispositivo instalado en el despacho del fiscal".
En el pedido de indagatoria, Medina precisó que "del análisis de los elementos probatorios resulta suficientemente por semiplenamente probado que el Dr. Fernando Cartasegna faltó a la verdad cuando declaró en fecha 2 de mayo de 2017, en sede judicial, desconocer el origen de los panfletos intimidatorios que aparecieron pegados en el edificio adonde funciona, entre otras, la fiscalía de instrucción que estuviera en ese momento a su cargo".
JUAN PABLO MASI
El juez de Garantías fue licenciado por 90 días en una decisión que fue rubricada por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
La resolución fue dictada este miércoles 25 de septiembre en base a una investigación desarrollada por la fiscal Cecilia Corfield quien impulsó una investigación.
La imputación es por una causa del año 2009 en la que el juez Masi sobreseyó al entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli. Según la fiscal existen dictámenes contradictorios en un mismo expediente.
Con las evidencias colectadas en el expediente la causa fue girada a la Suprema Corte donde licenciaron al juez por 90 días y ordenaron al Procurador General bonaerense, el vidalista Julio Marcelo Conte Grand, para que "con premura" evalúe el caso y analice si corresponde o no pedir el juicio político del magistrado.
La celeridad que pide la Corte es porque el expediente había sido girado a Procuración desde donde no tomaron ninguna medida al respecto.
Masi está señalado de haber incurrido en los delitos de “prevaricato” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público reiterados”.
Este apartamiento no es definitivo. En los 90 días de plazo el procurador Conte Grand debe elevar un informe a la Corte en el que debe dictaminar si pedirá la suspensión definitiva para comenzar el proceso de juzgamiento político.
En la misma causa figura el ex Fiscal General Adjunto de La Plata, Gustavo Lambruschini, quien está apuntado por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El ex funcionario se retiró de la actividad y en la actualidad está jubilado del Poder Judicial.
La causa por la que Masi fue denunciado se remonta al año 2009 cuando el ciudadano Ricardo Piragini denunció al entonces interventor de Loterías y Casinos, Luis “Chiche” Peluso y Scioli por sus llamativos crecimientos patrimoniales.