Con el 20 de agosto como fecha de inicio confirmada, el Tribunal Oral Criminal II de La Plata no hizo lugar al planteo de las defensas que solicitaron eliminar las escuchas telefónicas como evidencias y dio vía libre al juicio oral contra Mariano Bruera, acusado de "asociación ilícita", junto a exfuncionarios y empleados municipales de la gestión de su hermano Pablo como intendente de la ciudad.
En una audiencia realizada el pasado 4 de julio y en una batería de argumentos las defensas de los acusados en la causa denominada "coimas del Procrear" solicitó que las escuchas telefónicas que figuran en la causa (una de la pruebas centrales para la acusación) no sean tenidas en cuenta para el juicio oral. Según se desprende del expediente en esas grabaciones quedaron registradas voces de acusados en situaciones difíciles de explicar y concordantes con la denuncia que dio origen a la causa penal.
Mientras cumplen sus penas en la cárcel de Melchor Romero, cuatro de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa cursan Derecho en la UNLP.
Tanto el Servicio Meteorológico Nacional como la Dirección de Hidrometeorología de la Comuna anticipan chances de chaparrones y tormentas en La Plata.
En esa línea el abogado Juan Di Nardo, defensor de Enrique Ángel Sette -exsecretario de Planeamiento Urbano de la gestión Bruera- solicitó la “exclusión probatoria” de las escuchas telefónicas que existen en la causa por entender que la defensa no tuvo la posibilidad de controlar la prueba. El defensor alegó que el juez de Garantías de la causa, Pablo Raele, “no garantizó nada” y avaló que el denunciante Guillermo Andreau “actuara como agente provocador, llamando por teléfono a los acusados para hacerlos hablar” lo que consideró “una verdadera excursión de pesca” y a partir de esas escuchas “se armó el expediente”. Además señaló que los CD donde fueron registrados los audios “carecen de fecha cierta, no se sabe cuándo se tomaron” las intervenciones telefónicas.
Las defensas sostienen que nunca tuvieron acceso a la totalidad de las escuchas telefónicas, que solo pudieron ver desgrabaciones parciales “que contienen errores” lo que genera “falta de confiabilidad de las transcripciones” sostuvo el abogado Alejandro Montone, defensor de Mariano Bruera.
Los audios no fueron ofrecidos para el juicio oral como prueba por la fiscal Victoria Huergo, quien solicitó que se tomen en cuenta las actas de desgrabación. Ante ese panorama Montone sostuvo que esas transcripciones “no son prueba” ya que “en lo grabado se encuentra la prueba preconstituida”.
A su turno el abogado Fabián Améndola, defensor del ex funcionario Gustavo Petró, aseveró que las escuchas “son medios de prueba que fueron manipuladas por la acusación.
La fiscal recordó que las intervenciones telefónicas fueron avaladas por el juez de Garantías y por la Cámara de Apelaciones; señaló que el fiscal de instrucción Jorge Paolini “seleccionó los tramos útiles para sostener la acusación” al tiempo que no se opuso a que los audios sean sumados como evidencias y se escuchen durante el debate. “Las grabaciones siempre estuvieron a disposición de las defensas”, subrayó la fiscal y propuso como instrucción suplementaria que se sumen como prueba para el juicio la totalidad de las grabaciones resguardadas bajo el número de efecto 4204.
El defensor Di Nardo se opuso por entender que la etapa de ofrecimiento de prueba estaba cerrada. Esa postura fue acompañada por el resto de las defensas. El abogado Améndola, en elevado y efusivo tono de voz, señaló que la fiscal “propone en esta audiencia salvar sus errores”.
Por su parte el abogado Eduardo Gutiérrez, defensor de Roberto Moreno, consideró que “la igualdad de armas siempre se respeta, debemos ir a debate con la prueba ofrecida” y selló su negativa al planteo de la fiscal.
En relación a la exclusión probatoria de las grabaciones telefónicas los magistrados entendieron que “se encuentran ajustadas a derecho y que el procedimiento practicado no ha resultado irregular ni violatorio de garantía constitucional alguna” y rechazó la solicitud de la defensa.
En tanto la defensa de Bruera solicitó la excarcelación extraordinaria del acusado que se encuentra con arresto domiciliario. La fiscal Huergo se opuso a ese beneficio para que llegue en libertad al juicio oral. El Tribunal debe expedirse sobre el pedido de la defensa y la oposición de la acusación.
EL EXPEDIENTE
La causa se inició por la denuncia el abogado y empresario platense Guillermo Andreau en febrero de 2014. Asegura que los entonces funcionarios del gobierno municipal le pidieron 200 mil dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del plan de viviendas Procrear.
Según la investigación del fiscal Paolini, los terrenos de Andreau eran considerados "reserva urbana" y, por lo tanto, se impedía el loteo en parcelas más pequeñas.
Sin embargo, el Código de Ordenamiento Urbano (COU) redactado por la gestión de Pablo Bruera contemplaba que las parcelas de más de una hectárea se podían dividir por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante y fue en ese marco que Andreau recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio de una importante suma de dinero.