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Cómo fueron las últimas tres búsquedas del cuerpo de Miguel Bru

El 17 de agosto de 1993 el estudiante de la Facultad de Periodismo ingresó con vida a la comisaría Novena de La Plata y nunca más se supo de él. Todavía hay un ex policía que cumple la pena de prisión perpetua y dice ser “inocente”.

Hace 26 años en un frío calabozo de la comisaría Novena de La Plata fue visto vivo por última vez el estudiante de Periodismo Miguel Bru. Desde entonces sólo sus asesinos saben cuál fue el destino final del cuerpo del joven al que golpearon y torturaron hasta cegar su vida. La causa penal sigue abierta. Todavía se buscan los restos por aire, agua y tierra.

Desde que se inició la causa hubo decenas de rastrillajes en La Plata, Berisso y la costa del Río de La Plata, todos con resultados negativos. Los últimos tres se ejecutaron en una obra en construcción, en la seccional policial de 5 y 59 donde encontró la muerte y en una zona de pescadores en Magdalena.

El 14 de octubre de 2015 se realizó una excavación en una obra de calle 10 y diagonal 77, donde años atrás se levantaba una casa que fue vendida a una empresa que planea construir allí un edificio. Se trató del rastrillaje número 37 del caso. Se encontraron restos óseas que fueron periciados pero con resultados negativos. No eran humanos. El operativo estuvo a cargo del ex fiscal Fernando Cartasegna quien renunció a su cargo en el marco de un escándalo institucional en el fuero Penal de La Plata.

Rosa Schoenfeld de Bru, la madre del joven desaparecido, cuestionó siempre los métodos de búsqueda de Cartasegna. El 18 de agosto de 2016 se encadenó en la sede de Fiscalías de avenida 7 entre 56 y 57 para pedir el cambio de fiscal. Junto a ella se encadenaron otras madres que también perdieron a sus hijos bajo la violencia policial o institucional. Un año después el funcionario judicial salió eyectado de sus funciones y la causa quedó en manos de Marcelo Martini, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 3 de La Plata.

Una de las primeras medidas fue volver a la escena del crimen, la seccional policial que tiene una triste lista de muertos civiles en sus calabozos. Llegaron al lugar en base a distintos testimonios recibidos.

Fue primera vez que se realiza una búsqueda de ese tipo en la comisaría donde Bru estuvo secuestrado y fue torturado hasta morir, y en cuyo frente puede leerse la pregunta que desde hace 25 años se hace la madre del estudiante, Rosa Schonfeld: “¿Dónde está Miguel?”.

El lugar fue escaneado por un georadar de Gendarmería Nacional. Se sospechaba que el cuerpo podía estar enterrado en la comisaría, pero las pericias oficiales descartaron tal hipótesis. Fue la búsqueda oficial número 38.

El 19 de junio de 2018 expertos de la misma fuerza rastrillaron con un georadar, la zona de la playa de Punta Blanca, a cinco kilómetros de la ciudad bonaerense de Magdalena, que también fue sobrevolada por dos helicópteros: uno de la Policía Federal y otro de la Gendarmería, en busca del cuerpo de Miguel. La búsqueda 39 tampoco arrojó resultados certeros.

Desde entonces el fiscal Martini sigue sumando datos pero llegan de manera aislada y la mayoría son de dudosa rigurosidad. El fiscal cuenta con la colaboración de instructores judicial de la Procuración General bonaerense y de la Policía Judicial.

Por el crimen de Bru, en mayo de 1999 fueron condenados a prisión perpetua los policías Justo López y Walter Abrigo, acusados de "tortura seguida de muerte, privación ilegal de la libertad y falta a los deberes de funcionario público”. En tanto por “encubrimiento” fueron condenados el ex comisario Domingo Ojeda y al ex oficial Ramón Ceressetto.

Abrigo, Ojeda y Ceresseto fallecieron. López sigue cumpliendo pena en el penal de máxima seguridad de Sierra Chica. Gozaba de libertad condicional desde 2014, luego de un fallo de Casación, pero la jueza Silvia Oyhamburu lo devolvió a prisión luego de que otra sala de Casación le diera la razón en su oposición a conceder beneficios en la ejecución de la pena.

En diciembre de 2013 la camarista Oyhamburu rechazó otorgar la libertad anticipada en base a un informe del Servicio Penitenciario Bonaerense, que afirmaba que López no había realizado una “reflexión objetiva” del hecho, cuya autoría se le atribuye. El policía sostiene que es ajeno al hecho, se considera “inocente” y víctima de una “cuestión política”.

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