La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata otorgó la excarcelación a Enrique Sette, ex funcionario de la gestión de Pablo Bruera ex intendente de la capital bonaerense. El planteo fue impulsado por la defensa técnica a cargo del abogado Juan Di Nardo.
El procesado cursaba un arresto domiciliario con salidas laborales, cumpliendo una eventual pena adelantada, ya que el inicio del juicio oral, en principio, está pautada para el próximo 20 de agosto.
En ese debate, junto a Sette, en el banquillo de los acusados estarán Mariano Bruera, asistido por el letrado Alejandro Montone; el arquitecto Gustavo Petró, cuya defensa está en manos del abogado Fabián Améndola y el ex empleado municipal Roberto Moreno, defendido por el penalista Eduardo Guitérrez.
En la vereda contraria se ubicará la fiscal Victoria Huergo quien tendrá a su cargo el impulso del juicio oral y sostener la acusación en base a la investigación desarrollada por su par, Jorge Paolini y controlada por el juez de Garantías, Pablo Raele. La resolución del expediente, en primera instancia, está a cargo del Tribunal Oral Criminal II de La Plata.

El 4 de octubre pasado se realizó la audiencia previa al inicio del juicio oral, instancia prevista en el artículo 338 del código de procedimientos Penal de la provincia de Buenos Aires. Allí los defensores solicitaron la “exclusión probatoria” de las escuchas telefónicas, evidencia central en la investigación penal preparatoria.
EL EXPEDIENTE
La causa se inició por la denuncia el abogado y empresario platense Guillermo Andreau en febrero de 2014. Asegura que los entonces funcionarios del gobierno municipal le pidieron 200 mil dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del plan de viviendas Procrear.

Según la investigación del fiscal Paolini, en ese momento en la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de La Plata, los terrenos de Andreau eran considerados "reserva urbana" y, por lo tanto, se impedía el loteo en parcelas más pequeñas.

Sin embargo, el Código de Ordenamiento Urbano (COU) redactado por la gestión de Pablo Bruera contemplaba que las parcelas de más de una hectárea se podían dividir por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante y fue en ese marco que Andreau recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio de una importante suma de dinero.