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La causa de los maltratos en el jardín de La Plata tiene nueva fiscal

El juez de Garantías aceptó la excusación del fiscal Marcelo Romero y el expediente quedó a cargo de su par María Eugenia Di Lorenzo. La acusada sigue en libertad.

La causa en la que se investigan malos tratos a bebes en un jardín de La Plata ya tiene nueva fiscal. Se trata de María Eugenia Di Lorenzo quién seguirá con la investigación iniciada por su par Marcelo Romero, quien se excusó de seguir con la misma, por problemas con la abogada Martina Raffeto quien representa a los padres de una beba maltratada, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.

En junio pasado Romero solicitó ser apartado de la instrucción judicial de este caso por diferencias de criterios con la particular damnifica y el planteo fue aceptado por el juez de Garantías, Guillermo Atencio.

En un duro escrito el fiscal sostuvo que en el curso de la causa ocurren “constante desacuerdos” con la abogada Raffetto. “Dichas diferencias exceden con holgura el marco” de los desacuerdos o posturas jurídicas. “Por el contrario, una vez por semana” se producen entre el personal de la fiscalía y la abogada “acaloradas discusiones respecto del trámite de la causa”.

La denuncia tomó estado público a fines de mayo, luego de que Carolina Andrea Penzi,  la madre de la beba maltratada, hizo estallar el caso en redes sociales, desde donde migró a los medios de comunicación.

Por este hecho fue procesada la docente Paula González, acusada de intento de homicidio por dolo eventual.  La joven trabajó durante cuatro años en el establecimiento de calle 40 entre 8 y 9, nunca tuvo antecedentes de malos tratos. La orden de detención dictada por el juez Atencio contempla ese delito, cuya pena en expectativa es de 4 a 14 años de prisión y no sería, en principio, excarcelable, pero eso será materia de contrapunto en la causa penal.

En este caso puntual el juez Atencio consideró que la docente, en su razonamiento, debía haberse simbolizado que con sus malos tratos (zamarreos, taparla con una manta, o no cumplir con los patrones de alimentación), podría haber matado a la criatura de cuatro meses de vida. En ese razonamiento debe dejarse de lado si hubo o no intención de matar para darle paso a la configuración de peligro potencial para la vida. Una discusión que aún no está cerrada en el debate jurídico argentino.

Las imágenes de la cámara de seguridad del establecimiento son elocuentes, impactantes, pero con eso solo no basta para acusar a una persona de un delito tan grave como es el homicidio tentado. Pero esa figura parece tomar cuerpo con el análisis de la curva de crecimiento de la beba que se redujo a la mitad mientras estuvo al cuidado de la docente González, según denunciaron en la conferencia de prensa que brindaron en miércoles 5 de junio pasado.

La defensa sostiene que la orden de detención es nula ya que no fueron notificados del cambio de encuadre legal del caso y que se vio así alterada la plataforma fáctica sobre la que ejercieron la defensa.

El juez de Garantías aceptó la excusación del fiscal Marcelo Romero y el expediente quedó a cargo de su par María Eugenia Di Lorenzo. La acusada sigue en libertad.

19 de julio de 2019

La causa en la que se investigan malos tratos a bebes en un jardín de La Plata ya tiene nueva fiscal. Se trata de María Eugenia Di Lorenzo quién seguirá con la investigación iniciada por su par Marcelo Romero, quien se excusó de seguir con la misma, por problemas con la abogada Martina Raffeto quien representa a los padres de una beba maltratada, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.

En junio pasado Romero solicitó ser apartado de la instrucción judicial de este caso por diferencias de criterios con la particular damnifica y el planteo fue aceptado por el juez de Garantías, Guillermo Atencio.

En un duro escrito el fiscal sostuvo que en el curso de la causa ocurren “constante desacuerdos” con la abogada Raffetto. “Dichas diferencias exceden con holgura el marco” de los desacuerdos o posturas jurídicas. “Por el contrario, una vez por semana” se producen entre el personal de la fiscalía y la abogada “acaloradas discusiones respecto del trámite de la causa”.

La denuncia tomó estado público a fines de mayo, luego de que Carolina Andrea Penzi,  la madre de la beba maltratada, hizo estallar el caso en redes sociales, desde donde migró a los medios de comunicación.

Por este hecho fue procesada la docente Paula González, acusada de intento de homicidio por dolo eventual.  La joven trabajó durante cuatro años en el establecimiento de calle 40 entre 8 y 9, nunca tuvo antecedentes de malos tratos. La orden de detención dictada por el juez Atencio contempla ese delito, cuya pena en expectativa es de 4 a 14 años de prisión y no sería, en principio, excarcelable, pero eso será materia de contrapunto en la causa penal.

En este caso puntual el juez Atencio consideró que la docente, en su razonamiento, debía haberse simbolizado que con sus malos tratos (zamarreos, taparla con una manta, o no cumplir con los patrones de alimentación), podría haber matado a la criatura de cuatro meses de vida. En ese razonamiento debe dejarse de lado si hubo o no intención de matar para darle paso a la configuración de peligro potencial para la vida. Una discusión que aún no está cerrada en el debate jurídico argentino.

Las imágenes de la cámara de seguridad del establecimiento son elocuentes, impactantes, pero con eso solo no basta para acusar a una persona de un delito tan grave como es el homicidio tentado. Pero esa figura parece tomar cuerpo con el análisis de la curva de crecimiento de la beba que se redujo a la mitad mientras estuvo al cuidado de la docente González, según denunciaron en la conferencia de prensa que brindaron en miércoles 5 de junio pasado.

La defensa sostiene que la orden de detención es nula ya que no fueron notificados del cambio de encuadre legal del caso y que se vio así alterada la plataforma fáctica sobre la que ejercieron la defensa.

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El juez de Garantías aceptó la excusación del fiscal Marcelo Romero y el expediente quedó a cargo de su par María Eugenia Di Lorenzo. La acusada sigue en libertad.